En 1881, el coronel Cornelio Saavedra con sus tropas derrotó las últimas resistencias de los pueblos originarios al sur del Bío Bío, expulsándolos de sus tierras y confinándolos a “reducciones indígenas”, territorios en general de poco valor productivo. En los años siguientes se promovió la instalación de 36.000 migrantes europeos, y unos 100.000 “huincas” provenientes del norte. Se creyó que de ese modo “el problema mapuche” estaba resuelto y, desde entonces, ha sido enfrentado equivocadamente, como una terca actitud rebelde de pequeños grupos que no han aceptado la realidad colonizadora.

140 años después, es preciso tomar conciencia que la realidad del pueblo mapuche ha cambiado. Sus nuevas generaciones se han educado y salido al mundo, han conocido de la dignidad con que se les trata a los pueblos originarios en las latitudes civilizadas del planeta, y sus demandas tienen acogida en vastos sectores de la población chilena, especialmente en los tiempos en que muchos se sienten también marginados de su propia tierra. Su desdén ante la institucionalidad se corresponde con el desdén de la protesta social. Sus perspectivas de cambio se entrecruzan con las transformaciones sociales, económicas y políticas que demandan las mayorías en todo el territorio. Esa es la complejidad de los sucesos en la zona macro sur que, dicho sea de paso, a pesar de sus riquezas es la más empobrecida del país. Reducir su análisis a convocar, luego de una reunión de los altos mandos de la policía y el ejército, a la unidad nacional contra la violencia y el terrorismo, es simplificar la situación, a nivel de confiar en la mera fuerza para someter a los rebeldes en la Araucanía, como se ha intentado ejemplificar también en las plazas del estallido social. No cabe duda de que las conductas violentas inspiradas en el desahuciar toda institucionalidad producen daño a la convivencia nacional y aún mayor a quienes son víctimas de la acción/reacción, cuya escalada es de difícil pronóstico. Sin embargo, eso no faculta ni puede avalar miopía en el liderazgo político, especialmente del Presidente de la República, que parece terminar por desentenderse de las razones y recurrir, con contumacia, no más que a la fuerza bruta. Ello conduce a exacerbar su ilegitimidad y ahondar la crisis en la zona, como ocurre también, soterradamente, a lo largo del país.

La solución a los lamentables acontecimientos del sur de Chile pasa por recuperar la legitimidad del liderazgo nacional. Desde el nombramiento de un delegado especial en la zona, el conflicto se ha acentuado, sorprende que no haya sido removido, da la impresión de indolencia gubernamental. El presidente Piñera debiera reconocer la ineficacia de insistir en caminos fallidos, y convocar a un diálogo nacional por el reencuentro fraterno de las comunidades que habitan nuestro territorio, junto con establecer una instancia vinculante que lleve adelante las iniciativas que allí alcancen consenso. De no abrirse el diálogo desde el gobierno, queda la posibilidad de que sea la Convención Constitucional quien tome riendas sobre el asunto, con la legitimidad que le confiere su potestad democrática.