El pasado 10 de febrero, 138 ciudadanos de nacionalidad colombiana y venezolana, formados en una gran fila única, vistiendo overoles blancos, y con un funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) sujetando su brazo, fueron escoltados hasta un avión militar con destino al mismo país que habían decidido abandonar.  

La noticia llenó titulares de medios mundiales y el método empleado por el gobierno recibió críticas transversales en Chile. Pese a que varios organismos presentaron recursos de amparo para frenar la medida del Ejecutivo, la expulsión se llevó a cabo de todas formas. Sin embargo, este jueves la Corte de Apelaciones de Iquique acogió cinco de esos recursos, presentados por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), la Clínica Jurídica de Atención a Migrantes de la Universidad Alberto Hurtado y abogados particulares, y ordenó dejar sin efecto las órdenes de expulsión del territorio nacional.

Las resoluciones establecen que “la medida reclamada no estuvo antecedida de un procedimiento en que los amparados hubieren podido controvertir el ingreso atribuido, ejercer su derecho de defensa ni exponer los antecedentes que estimare procedentes ante la pretensión de expulsión, transgrediéndose con ello su garantía relativa a la existencia de un procedimiento legalmente tramitado, racional y justo que anteceda a la dictación de la medida reclamada”.

También se sostuvo que “la Intendencia Regional de Tarapacá dispuso la expulsión de los amparados, sin que haya sido concluida alguna investigación en su contra y mucho menos se hubiera dictado alguna sentencia con relación al ingreso clandestino al país, sino valiéndose tan solo de sus actuaciones administrativas carentes de fundamento y vulneratorias del derecho a la defensa constitucionalmente protegida”.

Juan Manuel Sáez es uno de esos abogados y representa a más de 60 personas. Cuenta que le sorprendido todo el proceso llevado adelante por el gobierno y que, por azar, los migrantes se contactaron con él cuando buscaban en Google algún defensor que tomara su caso, el día anterior al que fueron deportados.

Sáez denuncia que la PDI en todo momento puso trabas para esclarecer el procedimiento que estaban llevando a cabo. Cuando fue advertido por sus defendidos de que los buses estaban esperando por ellos afuera de la residencia sanitaria, dice que corrió al lugar exigiendo respuestas, pero "nunca nadie habló conmigo. Los buses se fueron y desde la PDI ni siquiera me dirigieron la palabra. Solo se fueron con la gente".

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-¿Qué piensa de la expulsión de los 138 migrantes?

–Creo que fue un show televisivo, quisieron dar un ejemplo, pero siempre se disparan a sí mismos. Lo único que han conseguido es el repudio internacional por un poco de popularidad. 

-¿Y de la estrategia utilizada por el gobierno?

–Ellos hicieron artilugios y resquicios legales, porque es la Corte de Apelaciones la que tiene que dejar inválida esta resolución de expulsión por ser un acto administrativo, pero ellos se aprovecharon de que, entre ingresar el recurso y que la Corte lo viera, iba a demorar un poco. Ya iban a estar expulsados. Fue imposible. 

-¿Sabe si se interpusieron otros recursos además del suyo?

–Paralelamente hay un montón de amparos, de distintas instituciones, aún no sé cuál es el total. Yo conozco el del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), el del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), y el mío, acogidos recientemente. No sé quiénes serán los otros, imagino que debe haber abogados particulares también, porque muchos de los expulsados, la mayoría, tenía parientes en el sur de Santiago, donde los estaban esperando. 

Uno de los requisitos para entrar es que la persona tenga un lugar donde quedarse, sino pasa a ser una persona en situación de calle. Todas estas personas tenían/tienen donde quedarse. Algunos ofrecimiento de trabajo incluso. Se insertarían al mundo laboral, y comenzarían a pagar sus impuestos tal como lo hacemos todos nosotros. Yo hablé con enfermeras, ingenieros, etc. (...) Fue este grupo pequeño con el que quisieron dar un ejemplo para la tele, eso fue todo.

-En específico, ¿cuál fue el ilícito que cometieron?

–El ingreso informal. Es un ilícito penal que tiene que ser condenado por un Juzgado de Garantía. El problema es que la Intendencia de Tarapacá se desistió. Decidieron no seguir adelante con el delito penal, pero sí lo hicieron por la vía administrativa, que es más rápida y unilateral, porque la persona no puede defenderse. La autoridad administrativa no puede aplicar una sanción tan grave como la expulsión, por algo que se desistió, y que ni siquiera fue objeto en materia penal. 

Cuando se desiste de algo, se exime la responsabilidad de la persona. Ese es el mecanismo que siempre se había usado hasta entonces. Al hacer esto, el gobierno quiso evitar lo que sabía que iban a determinar los tribunales. No les interesa la doctrina de la Corte Suprema, que ha dicho que esto es ilegal y arbitrario. Están haciendo algo terrible a nivel internacional. En todos los tratados internacionales está prohibida la expulsión masiva de extranjeros. Eso está prohibido en todas partes del mundo, y acá se hizo de un día para otro, y en la noche. 

-¿Arriesga alguna sanción el gobierno?

–No arriesga ninguna sanción porque pueden ordenar la expulsión de una persona, tienen un resquicio legal de que pueden hacerlo. Lo que pasa es que esto se frena por los recursos de amparo. Nunca había pasado, por lo menos yo no tenía conocimiento, de que se hubiese hecho esto en tan poco tiempo y sin previo aviso, nada. (...) Lamentablemente, ahora, como ya fueron expulsados, está hecho. A nivel país e internacional, no sé qué consecuencias podrá tener, cómo se verá al país una vez que se sepa que las personas que fueron expulsadas no debieron ser expulsadas. 

-¿Cómo aplicaría el recurso de amparo para quienes ya fueron expulsados de Chile?

–Existe el amparo en ausencia. Si ellos después quieren ingresar al país nuevamente, y la autoridad les dice "no, usted fue expulsado porque ingresó de manera irregular", ahí él o ella podría decir que hay una sentencia que le da la razón de que esa expulsión no era válida, por lo que no se puede usar. 

-¿Qué pasará con los ciudadanos venezolanos que no fueron expulsados y que continúan haciendo cuarentena en una residencia sanitaria de Iquique?

–No he tenido mucho contacto con ellos, pero lo que me han informado es que les están devolviendo sus documentos y, básicamente, los dejaron de molestar. Yo creo que una vez que les den el alta los van a dejar seguir a su destino.   

-¿Cuál es el proceso que sigue? 

–Lo que podría pasar ahora es que la intendencia presente un recurso de apelación y esto se vaya a la Corte Suprema. Creo que lo más probable es que lo hagan por un tema de que tienen que seguir para que no se piense que hicieron el show para la gente. Yo sabía que esto iba a pasar.