Las y los palestinos viven excluidos del orden internacional, un pueblo que es impermeable a las normas de derechos humanos y permeable al sufrimiento e injusticias. Entre tanta oscuridad, un destello de esperanza se asoma. La Corte Penal Internacional, radicada en La Haya, ha establecido su competencia para investigar crímenes de guerra cometidos por parte de Israel en Palestina. Esto comprende territorios ocupados en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este.

Debemos recordar las amenazas del ex asesor de seguridad, John Bolton, bajo la administración de Donald Trump, señalando que, si la Corte procede a investigar a Israel o a EE.UU., usarán cualquier medio necesario para proteger a sus aliados de “esta Corte ilegítima”, incluso tomando medidas para restringir los poderes de dicho tribunal, junto con procesar mediante el sistema penal estadounidense a los fiscales de la Haya. La administración Trump impuso restricciones y sanciones a la fiscal Fatou Bensouda y otros investigadores de la Corte Penal Internacional. Fatou Bensouda confirmó que existen “bases razonables” para investigar crímenes de guerra en Palestina. La actitud de Estados Unidos se manifiesta, también, en los innumerables vetos a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que han mandatado a Israel adecuarse al derecho internacional. Por otro lado, las recientes declaraciones del ministro de Transportes israelí son evidentes. Bezalel Smotrich, cuyo origen es ucraniano (sin ningún vínculo con Palestina), escribió: “El primer ministro Benjamín Netanyahu debe ordenar la evacuación de la aldea Khan Al-Ahmar mañana por la mañana. Cualquier otra decisión es admitir la acusación de la culpa delirante del tribunal antisemita de La Haya”. El diario Haaretz comunicó que el gobierno de Israel informará a cientos de funcionarios de Defensa que no salgan del país por posibles órdenes de arresto en su contra.

Tal vez deban sincerar sus miedos. Desde la creación del Estado de Israel se han violado flagrantemente los derechos del pueblo palestino, tal como señala el historiador israelí Ilan Pappé en su libro Limpieza étnica de Palestina, donde se arrasaron 500 aldeas palestinas, trasladando forzadamente a más de 800.000 mil palestinos. Pero los temores también provienen de sucesos recientes. En el año 2014, la fuerza ocupante israelí ejecutó la operación “Margen Protector” sobre Gaza, resultando más de 2.500 palestinos muertos (600 de ellos fueron niños menores de 16 años), alrededor de 500 mil desplazados, más la destrucción de cientos de viviendas. En dicha operación se utilizaron armas químicas, como el fósforo blanco, y no es necesario explicar que están prohibidas y los efectos que provoca. Esta masacre fue precedida de otra operación, denominada “Plomo Fundido” en los años 2008 y 2009, dejando 1.400 palestinos muertos (320 de ellos niños y 120 mujeres). Sedientos de “defensa y protección” en 2012 Israel emprendió una nueva operación llamada “Pilar Defensivo”, asesinando a 200 palestinos y dejando más de 1.500 heridos. En las dos primeras décadas del siglo XXI más de 2.000 niños perdieron la vida; este sufrimiento se incrementa considerando los cientos de menores de edad bajo prisión en Israel. Gaza se ha convertido, tal como dicen algunos intelectuales judíos-israelíes, en “la prisión más grande a cielo abierto del mundo”: alrededor de dos millones de personas viven en 300 kilómetros cuadrados. Gaza se encuentra bloqueada vía terrestre (un muro que fue declarado ilegal por Cortes internacionales), por mar (asesinan a pescadores artesanales e impiden el paso de barcos con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza) y aire. Palestinos que necesitan tratamiento médico fuera de la Franja de Gaza se mueren al interior. ¿No es un castigo colectivo, prohibido por la Convención de Ginebra, lo perpetuado en Gaza?

Quizás podrían decir la verdad. La Convención de Ginebra es un fantasma que los visita. El artículo 49 de la IV Convención de Ginebra tipifica que “la potencia ocupante no podrá efectuar el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado”. En el año 2016, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en su Resolución 2.334 (resoluciones que son de obligatorio cumplimiento), estableció que los asentamientos israelíes en territorios ocupados no tienen validez y exige su desmantelamiento, siendo una flagrante violación al derecho internacional. Israel, tras la guerra de 1967, no ha cesado de colonizar territorios que ha ocupado ilegalmente. Más de 600.000 colonos se encuentran y residen en los asentamientos. El 40% de Cisjordania se encuentra colonizada, lo que corresponde al 63% del área C (división territorial de Cisjordania). En esta área viven 150.00 palestinos y 320.000 colonos israelíes. En Jerusalén Oriental viven más de 200.000 colonos. Se debe tener presente que la demolición de viviendas en Cisjordania y Jerusalén Este son pan de cada día, actos que están totalmente prohibidos por la misma Convención de Ginebra. Hasta el día de hoy ningún gobierno israelí ha detenido “el traslado de su propia población civil al territorio por ella ocupado”. La IV Convención de Ginebra establece, en su artículo 56, la obligación de la potencia ocupante de aplicar “las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y epidemia”. Aquellos son los fundamentos que decretan la obligación, no una donación o gesto de caridad, de vacunar la población palestina bajo ocupación. El concepto común en ambos territorios, Cisjordania y Gaza, es uno solo: crimen de guerra.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, respondió a la resolución del Tribunal Penal Internacional señalando que “impide a las democracias defenderse del terrorismo”. Pero ¿no es la legítima defensa un derecho de un Estado agredido frente a un Estado agresor?, ¿no nos encontramos frente a un Estado que arremete contra una población que se encuentra ocupada y que su seguridad depende de la misma potencia ocupante? En la operación del año 2014, llamada “Margen Protector”, de las 2.500 víctimas palestinas más del 82% fueron civiles y de las 67 víctimas israelíes el 96% fueron soldados. Entonces Israel bombardeó escuelas de las Naciones Unidas, asesinando niños, mujeres y civiles inocentes. Entonces ¿quién realmente tiene el derecho a defenderse?

La fuente de nacimiento de Israel se ubica en la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Israel hoy en día se encuentra deslegitimando y evadiendo el orden internacional que conformó su estado. ‘Querían tener un Estado como todos los demás, pero se comportan como un estado diferente a los demás en la medida que no aceptan ninguna resolución de las naciones unidas. A Israel ha llegado la inmunización para el Covid-19. Esperemos que también, con esta resolución de la Corte Internacional de Justicia, se le inocule la legalidad internacional.