La brecha entre las leyes y los resultados ambientales es cada vez más grande en América Latina, con desafíos persistentes y cada vez más grandes, como el cambio climático, la contaminación del aire y del agua, deforestación y la pérdida de biodiversidad, de acuerdo a un reciente informe sobre el desempeño ambiental de la región.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el World Justice Project analizaron la gobernanza ambiental de 10 países de América Latina, es decir las instituciones y normas que regulan la protección del ambiente. Si bien todos los países incorporaron legislaciones ambientales, existen graves problemas en su implementación.

El informe abarcó a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Jamaica, Perú, República Dominicana y Uruguay. Entre los hallazgos, se destaca la contaminación del agua y la deforestación como los principales problemas ambientales que afectan a los países analizados.

“Nos enfocamos en analizar el estado de situación de la aplicación de las leyes, en qué pasa cuando hay un incumplimiento de esas leyes y cuáles son los procesos que pueden utilizar los ciudadanos o las empresas para acudir a la Justicia cuando no están de acuerdo con ciertas políticas”, sostuvo Alejandro Ponce, uno de los autores.

En la escala del 1 al 10, donde 10 es el problema más serio, se asigna una gravedad de 8,1 en promedio a la contaminación del agua y de 8 a la deforestación. En los 10 países de la región, al menos uno de estos problemas aparece en primer o segundo lugar. Cambio climático y flora y fauna terrestre en peligro les siguen en importancia.

También se identificaron las actividades con mayor impacto negativo en el ambiente. Las prácticas agrícolas y la industria extractiva y minera alcanzaron las mayores puntuaciones, con un promedio regional de 8,4 y 7,7, respectivamente. Otras actividades con altos puntajes por sus efectos en el ambiente fueron la ganadería y la sobreexplotación pesquera.

Si bien se avanzó en la realización de estudios de impacto ambiental, el informe sostuvo que los países de la región deben dar explicaciones más detalladas de las decisiones que toman los gobiernos con esos estudios. Además, organizaciones ciudadanas y grupos indígenas tienen que ser más consultados.

Del mismo modo, la violación de los defensores ambientales fue resaltado como una cuestión preocupante. En varios países resulta bastante probable que sean amenazados o atacados. En 2019, unos 150 ecologistas fueron asesinados en América Latina, de acuerdo a la organización Global Witness. 

Del texto al hecho

Uno de los principales hallazgos fue la brecha que existe entre lo que dicen las leyes y cómo se aplican en los hechos. Consultado sobre el porqué de ese déficit común en la región, Ponce sostiene: “Hay falta de recursos y de personal idóneo en las áreas ambientales de los gobiernos; hay problemas de coordinación con otros organismos y falta de transparencia y rendición de cuentas”.

Sin embargo, el análisis mostró también que en la mayoría de los países de la región se avanzó en la sanción de leyes ambientales y de acceso a la información pública y hay distintos niveles de libertad de asociación, libertad de prensa y expresión. Es por eso que Ponce considera que América Latina está “a mitad de camino” para alcanzar buenos niveles de gobernanza ambiental.

“Los mecanismos de consulta previa mejoraron y se ponen en práctica, pero muchas veces se hacen para cumplir con la norma y no tienen consecuencias en las decisiones que se adoptan. La participación ciudadana es más que la consulta previa: es co-crear las políticas teniendo en cuenta el impacto ambiental e incorporar lo que sale en esas consultas. Para eso todavía falta mucho”, estima Ponce.

En el reporte sobresalen los casos de Uruguay y Costa Rica, que muestran buenos niveles en varios indicadores, como rendición de cuentas, transparencia, combate a la corrupción y cuidado de bosques y biodiversidad. Entre los retos comunes para todos los países, el manejo de los océanos obtuvo malas calificaciones generalizadas.

Natalia Gómez Peña, oficial de Incidencia de Civicus, una alianza global de ONGs, resaltó los conflictos ambientales en la región por los grandes proyectos de infraestructura. “No se planean teniendo en cuenta los derechos de las poblaciones a las que se afecta. Es por eso que es clave que las instituciones de financiación y los inversores de estas obras incorporen los indicadores de gobernanza ambiental”, resalta.

No alcanza con la libertad de asociación; no alcanza con la libertad de expresión o con los números parlamentarios

En América Latina los proyectos de infraestructura tienen dos grandes financiadores: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), principal fuente multilateral de fondos, y China, mayor inversor externo en la región.

Entre 2005 y 2019, China financió 86 proyectos de infraestructura en la región por un monto cercano a los 80 mil millones de dólares, según el Monitor de la Infraestructura China en América Latina y el Caribe 2020. Esas inversiones, en muchos casos, fueron y son frente de cuestionamientos y conflictos sociales por sus posibles impactos ambientales, como el puerto de San Luis en la amazonía brasileña, las represas sobre el río Santa Cruz en la Patagonia argentina o el parque solar en Yucatán, México.

Licencia social

Para Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), de Argentina, la gobernanza ambiental tiene una dimensión múltiple: “Por un lado están las decisiones que toma el Estado y, por el otro, cómo se legitiman esas decisiones a través de la participación, la información y todos los procesos de licenciamiento social que caracterizan a la gobernanza ambiental”.

“No alcanza con la libertad de asociación; no alcanza con la libertad de expresión o con los números parlamentarios: para muchos proyectos, como los extractivos u obras de infraestructura, hay que tener licencia social, es decir, legitimidad pública. Eso es lo que no terminan de entender muchas de las clases dirigentes de la región”, remarca Nápoli.

Un ejemplo en Argentina muestra esto. A fines de 2019, el gobernador de la provincia de Mendoza intentó reformar la Ley del Agua -que protege los recursos hídricos provinciales- para permitir la megaminería en su territorio. La modificación habilitaba el uso de cianuro, ácido sulfúrico y otras sustancias. Los reclamos populares se basaban en la contaminación que estos químicos podrían causar en el agua.

No alcanza con los proyectos que supuestamente vienen a mejorar el empleo o dinamizar la economía, sino que se deben tener en cuenta otras dimensiones que tienen que ver con la sostenibilidad

En Mendoza había un gobierno recién asumido y un número suficiente de legisladores dispuestos a votar esa ley, pero en la calle había una parte de la sociedad que estaba en contra. Con la reforma aprobada, pero sin licencia social, el gobernador se vio obligado a dar marcha atrás.

“No alcanza con los proyectos que supuestamente vienen a mejorar el empleo o dinamizar la economía, sino que se deben tener en cuenta otras dimensiones que tienen que ver con la sostenibilidad y hay que incorporarlas porque si no va a haber conflictividad expandida”, advierte Nápoli.

Escazú, una respuesta a los problemas ambientales

Gómez Peña de Civicus sostiene que el Acuerdo de Escazú es una oportunidad ante la brecha que enfrenta América Latina entre las leyes y su correcta aplicación. “El acuerdo podría darles más herramientas a los países para que implementen de manera efectiva esas leyes”, sostiene Peña.

Escazú es el primer tratado ambiental a nivel regional que busca promover los derechos de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. Es, a su vez, el primer acuerdo en el mundo que establece de manera vinculante garantías para proteger a quienes defienden los derechos humanos en temas ambientales.

Se espera que este acuerdo entre en vigor durante 2021, 90 días después de que Argentina y México -los últimos países en ratificar hasta el momento- hagan efectivas esas ratificaciones ante la ONU.

Nápoli es optimista de cara a la entrada en vigor de este tratado: “Escazú es una respuesta a los problemas ambientales de la región. Los países van a tener que rendir cuentas de lo que están haciendo, comprometerse con mejoras y la sociedad civil va a poder plantear reclamos directos que van a acelerar los procesos nacionales”.

Por su parte, Ponce relaciona los indicadores de gobernanza ambiental con el acuerdo: “Nuestro estudio sirve para mostrar con evidencia que hay y qué falta en las cuestiones centrales de Escazú: información, participación y acceso a la Justicia”.

Este artículo fue publicado originalmente en Diálogo Chino y re-publicado por Bienes Comunes de El Desconcierto. Puedes leer el articulo original en el siguiente link.

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