"Ante una Nueva Constitución, Apruebo Transformación" se tituló el Balance Ambiental 2020 de Fundación Terram, cuyo capítulo sobre Institucionalidad Ambiental abordó algunos de los hitos más relevantes en la materia, como la polémica por la intervención del Gobierno sobre el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), la negativa del mismo de firmar el Acuerdo de Escazú y los traspiés legislativos de la agenda pro-inversión de un gobierno que sigue sin dar señales de querer avanzar en la protección del medioambiente.

El documento parte señalando los efectos de las medidas de confinamiento surgidas producto de la pandemia sobre el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), que entre el 20 de marzo y el 3 de agosto mantuvo suspendida la participación ciudadana en proyectos que estaban en esta etapa o que debían iniciarla.

En dicho periodo, el SEA pretendió impulsar la participación ciudadana a distancia, levantando una ola de cuestionamientos desde la sociedad civil organizada hasta los propios trabajadores del servicio agrupados en la Federación Nacional de Trabajadores del Medio Ambiente (Fenatrama) y en la Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea), quienes manifestaron que no todos los habitantes y comunidades contaban con acceso a las condiciones que se requieren para participar vía telemática, lo que impediría garantizar los derechos fundamentales asociados a acceso a la información y participación en la toma de decisiones.

Finalmente, las medidas de desconfinamiento expresadas en el Plan Paso a Paso que llevó a cabo el Gobierno, permitieron agilizar el retorno paulatino de las actividades presenciales, prescindiendo así de la implementación de la participación ciudadana a distancia. Sin embargo, se desconoce cómo esta se ha desarrollado.

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No obstante, durante dichos meses de confinamiento y suspensión de plazos, 892 proyectos ingresaron al SEIA entre enero y diciembre de 2020, por un total de US$44 mil millones, mientras que 430 fueron los proyectos aprobados durante el periodo señalado, equivalentes a US$17,9 mil millones, solo un 0,34% menos que los US$ 18 mil millones aprobados durante el año 2019, impulsados por los sectores energía, con US$ 6,7 mil millones; inmobiliario, con US$ 5,3 mil millones; y minería, con US$ 3,4 mil millones, lo que demuestra que durante la pandemia este tipo de inversiones no se detuvieron.

En cuanto a la distribución geográfica de los proyectos aprobados en el SEIA, las regiones Metropolitana y de Antofagasta concentraron el 33,4% (US$ 6 mil millones) y 23,3% (US$ 4,1 mil millones) del total de la inversión aprobada a nivel nacional, respectivamente.

En materia legislativa, durante los meses de confinamiento, el Gobierno mantuvo activa su Agenda Pro Inversión. No obstante, sufrió un revés importante luego de que el proyecto de Ley Pro Inversión (Boletín Nº 11.747-03), cuya tramitación inició en mayo de 2018, fuera aprobado con una serie de modificaciones respecto del proyecto original, entre las cuales se rechazó la idea de dar valor jurídico a la respuesta del SEA sobre las consultas de pertinencias que realizan los titulares de los proyectos, donde incluso se explicitó que dicha respuesta no sería vinculante, manteniendo así la facultad de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) de revisarlas.

Tras esto, el Gobierno respondió a fines de septiembre con un veto supresivo sobre dicho artículo, bajo el argumento de que este modificaba el objetivo original del proyecto, por lo tanto, su aprobación quedará finalmente sujeta a la votación de ambas cámaras.

También, durante el periodo más crítico de la pandemia, a fines de julio, estalló la polémica por la intervención del SEA, a través de la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), creada en mayo de 2018 con el objeto de agilizar el proceso de tramitación de permisos ambientales para ciertos proyectos de inversión que serían de interés particular del Gobierno, y que según denunciaron los propios trabajadores agrupados en Fenatrama, pasaría a llevar la autonomía de la propia institucionalidad ambiental, sumando un nuevo capítulo a la búsqueda por flexibilizar los estándares ambientales en post de la inversión privada.

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Para Ignacio Martínez, abogado de Fundación Terram y autor del capítulo, “el año pasado fuimos testigos de una serie de preocupantes determinaciones y medidas por parte del Gobierno, que, bajo una mirada parcializada enfocada única y exclusivamente en la reactivación económica a cualquier costo, obviaron toda posible afectación a distintos derechos humanos ambientales. Esto se pudo constatar en los insistentes esfuerzos del gobierno por realizar participación ciudadana distancia sin contar con requisitos o elemento mínimos para llevarla a efecto, como también en las denuncias de intervención por parte de la Oficina GPS al SEA”.

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Para Fundación Terram, una de las peores señales que este Gobierno ha dado en materia de institucionalidad ambiental y de Derechos Humanos, con repercusiones tanto internas como externas, ha sido su negativa a firmar el Acuerdo de Escazú, tratado multilateral que promueve el acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. En octubre, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio del Medio Ambiente dieron a conocer cuestionables razones para restarse de este transcendental acuerdo, arguyendo que nuestra institucionalidad ambiental ya cumplía con los aspectos esenciales del acuerdo y la posible exposición de nuestro país a controversias internacionales. Dichos argumentos distan enormemente de coherencia y realidad.

Chile ya ha firmado otros acuerdos con disposiciones similares a las que ahora ha denominado como ambiguas, y está lejos de cumplir con estándares adecuados en materia ambiental, por lo que tras esa negativa solo se puede desprender una clara postura del Gobierno de primar ciertos intereses empresariales por sobre los Derechos Humanos Ambientales.

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