Chile: los impactos no evaluados de la minería en el Monumento Natural Salar de Surire
Surire, en voz aymara, quiere decir “abundancia de ñandúes”.
A 4300 metros sobre el nivel del mar, en la precordillera altiplánica chilena, cerca del límite con Bolivia, un blanco salar salpicado de contrastantes lagunas azules de diferentes tamaños lleva ese nombre. Vicuñas (Vicugna vicugna), llamas (Lama glama), alpacas (Vicugna pacos), quirquinchos (Chaetophractus nationi), flamencos de tres especies distintas y ñandúes (Rhea pennata) merodean entre la vegetación de sus laderas y en los bofedales que lo circundan.
En su centro, surge imponente el cerro Oquealla y, rodeando sus 4322 metros de altura, lo abrazan dos ríos: el Surire y el Blanco. Por la belleza de sus escenarios y su riqueza ecosistémica este lugar está protegido bajo la categoría de Monumento Natural (MN). Además, es considerado sitio Ramsar, es decir, que es un humedal designado como de importancia internacional por la Convención que lleva ese mismo nombre.
En medio de este paisaje, la empresa Quiborax S.A., perteneciente a la familia Fosk, opera desde 1989 (antes de esa fecha operó como Compañía Minera Ñandu Ltda.) gracias a dos decretos presidenciales que la autorizan. Se trata de una mina de la que se extrae ulexita, un mineral que sirve de materia prima para la elaboración de ácido bórico, bórax y otros productos agroquímicos utilizados como fertilizantes. Según sostiene la misma empresa en su sitio web, las reservas de este mineral contenidas en el salar alcanzan las 1500 millones de toneladas, con lo que la demanda de estos procesados estará satisfecha por “cientos de años”, asegura.
Mina de Quiborax en el Salar de Surire. Foto: Fundación Relaves.
El problema es que las operaciones de Quiborax no han sido evaluadas ambientalmente, por lo que no están medidos los impactos que las faenas de la empresa podrían estar ocasionando sobre este ecosistema, uno de los más frágiles del planeta y, por lo mismo, tampoco se han establecido medidas para mitigar o prevenir esos daños.
La amenaza
Este paraíso altiplánico reúne las condiciones para que tres de las seis especies de flamenco que existen en el mundo puedan anidar y reproducirse: el flamenco chileno (Phoenicopterus chilensis), el flamenco de James (Phoenicoparrus jamesi) y el flamenco andino (Phoenicoparrus andinus). Las tres especies están en la Lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, por lo que deberían establecerse medidas de protección para evitar su extinción. Sin embargo, según señala el Plan de Manejo del MN Salar de Surire, la viabilidad de las poblaciones de flamencos que caracterizan el humedal está amenazada por la presencia de las faenas mineras y, además, “el paisaje está fuertemente alterado por la presencia del campamento minero y de sus faenas extractivas”.
Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons
Pedro Fuentes, expresidente del sindicato de trabajadores de Quiborax, cuenta que los flamencos anidan en la misma zona donde él, con pala y picota, cargaba camiones con ulexita en 2002. “Está todo en un mismo lugar: la extracción, los flamencos y sus nidos”, indica. Actualmente con la utilización de maquinaria pesada en las faenas la situación es mucho peor, pues “son unas tremendas máquinas retroexcavadoras que sacan el material del fondo del salar”, agrega Jorge Torres, ex Director Regional de la Corporación Nacional Forestal de Arica y Parinacota (CONAF AyP), el organismo público que administra las áreas protegidas del Estado.
Tanto Fuentes como Torres coinciden en que el alto tránsito de camiones que trasladan el material desde el salar hasta la planta procesadora El Águila —entre 100 y 200 camiones diarios en temporada alta— son también determinantes en la degradación del sector, amenazando los bofedales, las praderas y la fauna que allí habita.
Luis Mamani, de origen aymara (pueblo indígena originario de América del Sur), y habitante de Guallatire, una localidad ubicada a 45 kilómetros del Salar de Surire y que es parte de la Reserva Nacional las Vicuñas, nació en esta zona y confirma la situación. “Los camiones de Quiborax transitan a alta velocidad por el único camino que conduce a la extracción generando una alta polución en desmedro de los habitantes del pueblo y además atropellan a las llamas”, afirma.
Mina de Quiborax en el Salar de Surire. Foto: Fundación Relaves.
Mamani, de 51 años, cuenta que desde hace más de 20 años ha intentado conversar con representantes de la empresa para concientizarlos del daño que están produciendo en la flora y fauna del salar de Surire, pero que no ha sido escuchado ni por la Secretaría Regional del Ministerio de Salud de Arica ni por la empresa minera y sostiene que esta última “se ha reído” en su cara al momento de intentar entablar un diálogo, y como respuesta solo recibe el número de teléfono de sus abogados. “Es un crimen y me da mucha impotencia ver como poco a poco están matando el ecosistema del Surire y por sobre todo el hábitat de los flamencos”, dice Mamani.
La empresa realiza sus faenas en el corazón del MN Salar de Surire, específicamente en las lagunas someras, cuenta Torres. Dichas lagunas tienen la particularidad de regirse por las lluvias y de ello depende la profundidad que alcancen. Si los niveles de precipitación son altos, se pueden inundar zonas que por años podrían no estar inundadas pero que, sin embargo y pese a la sequedad, mantienen una biota riquísima de micro crustáceos que se mantienen en estado latente de huevo y que al recibir agua de lluvias o deshielo, eclosionan. La culminación de ese proceso en el fondo de las lagunas, constituye la base alimentaria de los flamencos.
Salar de Surire. Foto: creative commons
Por eso para el ex funcionario público lo más grave a nivel ecológico que produce la extracción se centra en este punto, ya que la empresa, al extraer el sustrato del fondo de las lagunas someras para procesarlo y conseguir sales de bórax, afecta directamente la alimentación de estas especies migratorias, que año tras año circulan por Bolivia, Argentina y el sur del Perú. Francisca Peña, abogada de la Universidad de Tarapacá y ex asesora jurídica de CONAF, afirma que este hecho fue uno de los principales argumentos utilizados por la institución en un juicio que se inició por una denuncia que el organismo público presentó en contra de Quiborax en 2008.
Pero antes de llegar a esa parte de la historia y entender cómo semejante operación minera es posible dentro de esta área protegida, es necesario retroceder en el tiempo.
El origen
En 1967, Chile firmó el acuerdo de la Convención de Washington para el cuidado del paisaje escénico y los recursos naturales de sitios con gran potencial biológico, reconocidos como ecosistemas únicos en el mundo.
Según el tratado, las riquezas existentes en las áreas protegidas no se explotarán con fines comerciales —una consideración que también se menciona en la legislación chilena— y establece que “los límites de los parques nacionales no serán alterados ni enajenada parte alguna de ellos”. La única manera de modificarlos es a través de una autorización presidencial y eso fue precisamente lo que se hizo.
El Parque Nacional (PN) Lauca, ubicado en la Región de Arica y Parinacota, fue nombrado como tal en 1970, y en 1981 fue reconocido como Reserva de la Biósfera por la UNESCO. Originalmente abarcaba 520 000 hectáreas (ha), sin embargo, en 1983, el Ministerio de Agricultura expedió el Decreto 29 que fijó nuevos límites para el parque, y desafectó cerca de 382 000 ha creando dos nuevas categorías de manejo de áreas silvestres. Con esto, el antiguo gran parque se dividió en tres zonas: el PN Lauca, la Reserva Nacional Las Vicuñas y el MN Salar de Surire.
División del Parque Nacional Lauca. Mapa: Fundación Relaves.
El mismo decreto, firmado por Augusto Pinochet y los ministros de Agricultura, Minería y Bienes Nacionales, declaró a la Reserva Las Vicuñas y al MN Salar de Surire como “zonas de interés científico para efectos mineros”. Es esta disposición y la tríada división-desafectación-declaración del parque la que según Juan Pablo Sanguinetti, abogado de Fundación Relaves, dio paso a que en 1989 en el lugar se instalara la minera.
La coalición de normas expuestas en el Decreto 29 “generó que un sitio protegido, donde no se podían explotar los recursos naturales debido a sus particularidades endémicas y ecosistémicas, queden a disposición de explotaciones mineras bajo una autorización presidencial”, recalca Sanguinetti. En otras palabras, el decreto estableció que si el presidente lo autoriza, una minera puede operar al interior del área protegida.
En el caso de Surire, existen dos decretos supremos otorgados por Augusto Pinochet para explotar el mineral en ese territorio, a pesar de su condición de área protegida reconocida nacional e internacionalmente. El primero de 1978, autoriza la explotación minera en el PN Lauca (antes de que fuera redelimitado) y el segundo, de 1989, la autoriza en el MN Salar de Surire. Esta última autorización faculta, en última instancia, a la empresa Quiborax a una “explotación minera en la zona protegida”, recalca Héctor Peñaranda, Director Regional de CONAF AyP. Según Camila Martínez, abogada especializada en Derecho Público y Ambiental de la Universidad de Chile, esa historia evidencia como “el Código de Minería borra con el codo lo que las leyes de protección de áreas silvestres escriben con la mano”.
El vacío
Si bien la empresa Quiborax contaba con los permisos para explotar en el MN Salar de Surire otorgados en 1978 y 1989, no fue hasta el año 2000 que manifestó su interés por ingresar al área protegida propiamente. Antes de esa fecha, el proyecto minero se desarrollaba en el área desafectada del Salar de Surire, es decir, en la zona contigua al área protegida. De hecho, ese año la empresa fue invitada al taller de elaboración del Plan de Manejo del MN Salar de Surire realizado por CONAF, por su cercanía con los límites del Monumento.
Para ese entonces, la ley 19.300 sobre Bases generales del medioambiente ya había sido creada, específicamente en 1994, y con ella había nacido el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que, según dicta la misma ley 19.300, debe evaluar ambientalmente los impactos de todas las obras, programas o actividades que se realicen dentro de áreas protegidas. “Previo a que un proyecto se apruebe en un monumento natural o en cualquier otra área protegida, se requiere de un estudio de impacto ambiental”, precisa el abogado de Fundación Relaves. Pese a esto, el Ministro de Agricultura de la época, Jaime Campos, le otorgó a Quiborax autorización para operar dentro del MN Salar de Surire sin exigir que el proyecto minero fuera sometido a evaluación ambiental en el SEIA.
Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons
Además, según el Plan de Manejo del MN Salar de Surire, el proceso productivo de Quiborax consistía en remover la superficie del salar utilizando palas y picotas, seleccionar el material en forma manual, para luego trasladar el mineral en carretillas hacia los sectores de acopio. Aunque la ley 19.300 también establece que los proyectos o actividades solo podrán modificarse previa evaluación de su impacto ambiental, el cambio del proceso de extracción manual (palas, picotas y carretillas) a industrial (maquinaria pesada) tampoco fue evaluado.
El abogado de Fundación Relaves afirma que Quiborax no necesitó pasar por un SEIA para operar en Surire ya que “solo le bastó el permiso del presidente”. Carlos Nassar, jefe de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF AyP confirma este hecho, “la minera cuenta con dos decretos presidenciales, permisos suficientes que le permiten operar en el área sin restricciones”, asegura.
Sanguinetti agrega que “la ley sobre sistema de áreas silvestres protegidas (SNASPE) (de 1984) señala que se podrán realizar actividades de investigación en un área declarada como monumento natural, más los bienes provenientes de dicho territorio no podrán ser comercializados”. Sin embargo, en su sitio web, la empresa asegura que son el tercer mayor productor de ácido bórico en el mundo, con una capacidad instalada de 100 mil toneladas al año y que el 99 % de la producción se exporta.
El Ministerio del Medio Ambiente (MMA) le dijo a Mongabay Latam que las actividades al interior del Monumento Nacional y sitio RAMSAR, no se han sometido a evaluación ambiental puesto que sus actividades son anteriores a la creación del Tribunal Ambiental que dio origen al MMA, a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) creados en 2010. Sin embargo, para ese entonces, tal como se señaló antes, ya existía el SEIA.
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Por otra parte, el MMA reconoció que “este servicio no tiene mayor información de los actuales impactos ambientales generados por dicha actividad” y agregó que CONAF, organismo administrador de las áreas protegidas, “podría aportar mayores antecedentes de impacto ambiental”.
Pero la oficina regional de CONAF en Arica y Parinacota argumentó a Mongabay Latam que “jurídicamente no tiene la facultad de oponerse a los Decretos Supremos otorgados por la autoridad competente”. Sin embargo, en 2008 CONAF confirmó un potencial daño ambiental y paralizó las faenas de la empresa. El asunto terminó en un juicio que, finalmente, fue favorable para la minera.
El juicio
CONAF efectuó en junio de 2008 una fiscalización a Quiborax para asegurarse de que la empresa estuviera cumpliendo con el Decreto de 1989 que lo autorizaba a operar dentro del MN Salar de Surire. Entre las medidas que señala ese documento se establece que la zona de reproducción de las colonias de flamencos estará resguardada por una franja de 3000 metros en torno a ella, dentro de la cual no podrán efectuarse actividades extractivas.
Como resultado, CONAF constató lo que Pedro Fuentes, el expresidente del sindicato de trabajadores de Quiborax, contaba al inicio de este texto: que los flamencos anidaban en la misma zona donde él, con pala y picota, cargaba camiones con ulexita en 2002. Al comprobar que la empresa transgredía la medida, CONAF exigió el cese inmediato de las faenas.
En respuesta, la empresa argumentó que sus actividades extractivas, amparadas por el primer Decreto de 1978, no tienen restricción y que dicho decreto solo alude a que la empresa “no podrá causar deterioro alguno o menoscabo a la flora y fauna, que deberá adoptar todas las medidas tendientes a precaver esos daños”.
Salar de Surire. Foto: Davide Zanchettin – Creative Commons
Conaf presentó una denuncia en noviembre de 2008 para “resolver la validez del permiso que la empresa Quiborax obtuvo mediante el Decreto de 1978”. Esta, sin embargo, fue declarada No Ha Lugar por la Justicia de Arica y el juicio finalmente concluyó por desistimiento de CONAF.
Al año siguiente, CONAF redujo la zona de exclusión en torno a los sitios de reproducción de las colonias migratorias de flamencos al interior del MN Salar de Surire de 3000 a 500 metros por solicitud de la empresa minera.
El biólogo, Yerko Vilina, profesor de la Universidad Santo Tomás que realiza estudios de humedales y aves acuáticas, comenta que dicha reducción se realizó de manera arbitraria ya que se tendría que haber implementado un estudio conductual que consiste en determinar la distancia de huida de los flamencos ante un estímulo amenazante. “Es fundamental medir su reacción antes de aplicar medidas”, dice. Además, afirma que las tres especies de flamencos que nidifican en el MN Salar de Surire reaccionan de forma diferente ante la alteración de su hábitat. “Si los flamencos escuchan el ruido de una camioneta que las viene a cazar van a arrancar desesperadamente, en cambio, si oyen ese mismo ruido pero saben que no las viene a capturar reaccionarán tranquilamente”, asegura.
Lo que ha visto Mamani, por su parte, es que en los últimos 10 años la cantidad de flamencos ha ido desapareciendo de la mano con la sequía del salar. Según él, producto del uso de altas cantidades de agua por parte de Quiborax. Aunque no se han realizado las pruebas científicas para asegurarlo, Matilde López, académica e investigadora de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile, está de acuerdo con él: “los flamencos dependen estrictamente del agua existente en los salares debido a su especializada alimentación a base de las poblaciones de algas del fondo de las lagunas”, asegura, y agrega que estas aves están poco a poco convirtiéndose en “refugiados ecológicos” producto de la minería.
Sanguinetti es enfático: en Chile “hay un conflicto entre lo que es técnico y ambiental, y lo político y económico, y en ese choque es donde pierden los pueblos originarios, la comunidad local y por sobre todo el medio ambiente”. Esta declaración resume lo que a juicio de la abogada Camila Martínez es el mejor ejemplo de lo débil que es la institucionalidad y legislación chilena respecto a áreas protegidas: la explotación minera de la empresa Quiborax en el MN Salar de Surire.
En el marco de la discusión por la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas —proyecto de ley que crea un servicio público, dependiente del Ministerio del Medio Ambiente, que se encargará de la conservación de la biodiversidad y cuyo principal instrumento será la administración de un sistema nacional de áreas protegidas—, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados trabaja en un acuerdo que permitirá tener mayor protección sobre estas zonas de conservación, impidiendo la extracción de recursos naturales o la construcción de infraestructura industrial dentro de ellas.
Mongabay Latam intentó comunicarse con la empresa minera Quiborax vía mail y teléfono, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvo respuesta.
