Un total de 160 millones de pesos desembolsó Carabineros de Chile para defender a funcionarios de la institución involucrados en causas judiciales durante los últimos seis años, de acuerdo a información obtenida a través de Transparencia por BioBío.

Las cifras se entregaron tras una seguidilla de acciones legales presentadas contra los uniformados en el contexto del estallido social. De hecho, Carabineros concentra el 93% de las 2.520 querellas ingresadas por el INDH a causa de violaciones a derechos humanos posteriores al 19 de octubre, según un balance entregado por el organismo a un año de comenzadas las protestas.

El extenso listado de denuncias contra la policía uniformada no sólo habría obligado al incremento de 117,5%, entre 2019 y 2020, del presupuesto total de la Dirección de Justicia (departamento encargado de asesorar legalmente a los funcionarios involucrados en casos derivados a tribunales de justicia) sino también a suscribir recientemente un convenio con la Defensoría Penal Pública. A lo anterior se adiciona el seguro de defensa jurídica impulsado por el Ejecutivo que permitirá a los uniformados contratar a su propio representante.

De acuerdo a los antecedentes recopilados por el medio citado, los gastos de la DJ habían evidenciado una baja permanente antes del estallido social, salvo en el 2015.

El 2020 el presupuesto de defensa en tribunales evidencia importante alza

En ese último año, Carabineros destinó a esta repartición sobre 30 millones de pesos. En 2016, año en que se destapó el desfalco en la institución, la cifra escaló a los casi $43 millones.

Desde esa fecha hubo un descenso. En 2017 se desembolsaron $28,7 millones, $16,2 millones en el 2018; y $13,4 millones en 2019, agrega el reportaje de la emisora.

Sin embargo, en 2020 el presupuesto destinado a defensa de funcionarios ante la justicia llegó a los $29,2 millones.

Adicionalmente, y en virtud de los antecedentes recopilados, se establece que la Dirección de Justicia de la policía uniformada representa legalmente a 895 funcionarios activos y uno en retiro.

En cuanto a sus identidades, si bien estas no se entregaron en virtud de la confidencialidad correspondiente a estos casos, fuentes citadas por la radio confirmaron que el ex general director Mario Rozas está siendo representado por el Departamento J2 de dicha repartición.

En términos sencillos, J1 es el encargado del entramado jurídico legal de Carabineros. J2 son los abogados, oficiales de la institución o contratados como civiles, que defienden, presentan querellas y pueden representar a algún uniformado ante la Justicia.

En el caso de J3, en tanto, se trata de una defensoría jurídica administrativa de Carabineros, por lo que  cuando se es objeto de una investigación administrativa, tiene también derecho a un abogado proporcionado por la misma institución policial.

El cargo de jefe actual de la DJ está en manos del general Jaime Elgueta, quien fue ascendido tras la salida de Rozas y, paralelamente, se convirtió en ministro de la Corte Marcial, con lo que recibe una asignación de poco más de 2 millones de pesos mensuales, que se suman a su remuneración de más de $4 millones ($4.676.089).

Elgueta, sin embargo, no ha estado ajeno a la polémica. En mayo de 2020, de hecho, fue acusado de infringir la norma sanitaria establecida por la pandemia.

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“Luego de que su chofer diera positivo en un examen de Covid, el coronel Jaime Elgueta, decidió pasar el periodo de aislamiento en una oficina de Bulnes 80, el edificio de Carabineros, a la espera del resultado de su propio test”, publicó en esa época un reportaje de Ciper.

Un año antes, la repartición también estuvo involucrada en una controversia, luego de que funcionarios incurrieran en supuestas grabaciones de conversaciones ocultas entre un abogado y un oficial de dicha unidad, aseguró La Tercera.

Adicionalmente, Elgueta tuvo que salir a dar explicaciones por la cuestionada denuncia contra el colectivo Las Tesis.

Hoy la DJ no es el único organismo que representa a los policías involucrados en problemas judiciales. En los últimos meses varios de ellos, especialmente de los escalafones más bajos, se han inclinado por la Defensoría Penal Pública (DPP).

En la Región de La Araucanía, de hecho, la DPP mantiene tres causas donde defienden a cuatro funcionarios activos. A ellos se suman otras dos que involucran a cinco ex uniformados, entre ellos Carlos Alarcón, condenado por el asesinato de Camilo Catrillanca.

En Santiago, la Defensoría Regional Metropolitana Sur representa a 18 funcionarios, algunos de los que ya salieron de la institución, pese a que todos fueron formalizados estando en servicio activo.

Respecto de las causas, hay delitos vinculados al narcotráfico y apremios ilegítimos e incluso, en algún momento, la Defensoría Regional Metropolitana Norte representó a 54 imputados durante el juicio por el megafraude en la institución, conocido como Pacogate.

Los alcances del convenio

La relación que se mantenía de manera prácticamente informal se oficializó hace poco más de una semana, cuando la Defensoría Penal Pública y Carabineros suscribieron un acuerdo para “fortalecer” la defensa de los funcionarios ante causas penales.

De acuerdo a lo que publica la web institucional, entre los aspectos relevantes del convenio se encuentra el “afianzar el trabajo coordinado entre ambas instituciones y fortalecer el derecho a la defensa de los Carabineros”.

En este sentido, la idea es asegurar la representación de la Defensoría “ante la exposición y riesgo que representa la labor propia de los carabineros”.

Pese a que para la DPP lo más relevante del acuerdo tiene que ver con la representación de los detenidos en cuarteles policiales, fundamentalmente tras lo ocurrido en el estallido social, donde los defensores debían hacer recorridos en comisarías para constatar su situación.

En lo concreto, el objetivo es que los detenidos no tengan que llegar a las dependencias de los tribunales de justicia para recién tener acceso a un abogado de la Defensoría, tras su detención.

Paralelamente bajo este sistema, los defensores “ganan tiempo” para preparar las causas antes de las audiencias respectivas, algo que se está implementando en algunas regiones como Los Ríos, Antofagasta, Maule y la zona sur de la Región Metropolitana.

A esto se suman los seguros de defensa jurídica que podrá contratar la Dirección de Bienestar de Carabineros, luego de la aprobación de la Ley de Reajuste al Sector Público en el Congreso.

Específicamente, se trata de un mecanismo pensando en los funcionarios activos, algo como un “resguardo legal” durante el desempeño de sus labores policiales.

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“Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile podrá contratar seguros de defensa jurídica con motivo del desempeño de las funciones del personal con cargo al patrimonio señalado en el artículo 2 de esta ley”, señala la normativa legal.

“Los referidos seguros se contratarán respecto del personal que se encuentre en servicio activo y su vigencia podrá extenderse incluso después de dicho período en las condiciones que se establezcan en la respectiva póliza”, dice luego.

Respecto del beneficio, se licitará y podrá ser contratado voluntariamente por parte de los efectivos policiales, una situación que generó controversia e incluso puso en duda la aprobación del reajuste a la institución, en medio de un ambiente de serias y reiteradas críticas de la oposición.