Este miércoles, la Superintendencia de Pensiones resolvió aplicar una multa a AFP Provida a raíz del caso de dos funcionarios que cambiaron las fechas de nacimientos de 27 afiliados para entregarles pensiones. En total, fueron más de $300 millones transferidos desde cuentas de capitalización que no correspondían.

Asi, la entidad fiscalizadora consideró que hubo responsabilidad por parte de Provida e impuso una multa de 4.800 UF, alrededor de $140 millones al valor de hoy. Sin embargo, esta cifra se vio atenuada por el informe que la misma AFP hizo hacia la Superintendencia en octubre de 2019, dando alerta sobre la situación. De otra manera, hubiesen sido 6.000 UF.

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El texto de la resolución señala que "Provida incumplió de manera grave sus deberes respecto a uno de los pilares que sustentan el funcionamiento de las AFP y del sistema de capitalización individual, que es la debida custodia de los fondos de pensiones y velar por el cumplimiento de los requisitos legales para la obtención de los beneficios o prestaciones previsionales", según rescató La Tercera.

"Se ha observado en el presente proceso sancionatorio, una falta de medidas de seguridad para el correcto otorgamiento de los beneficios previsionales, los cuales facilitaron la obtención indebida de los montos contenidos en las cuentas obligatorias de capitalización individual", argumenta.

De esta manera, según detalla la Superintendencia, "todo ello se tradujo, en el retiro de más de $300 millones, de las cuentas de capitalización individual obligatorias de 18 afiliados y la entrega de casi $100 millones, de los montos de dichas cuentas, a personas distintas de su titular". Es decir, parte de los dineros transferidos no llegaron a los titulares de las cuentas capitalización.

Por su parte, Provida se querelló en contra de los ex trabajadores por los delitos de fraude previsional y estafa. El daño total, según la querella, llegó a los $329.415.061. La causa está radicada en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y el Ministerio Público está investigando.

Cambios de edad

Los hechos se remontan a 2019, cuando los funcionarios aludidos modificaron las fechas de nacimiento en al menos 27 casos. De esta manera, personas que tenían entre 26 y 62 años figuraban con la edad suficiente para jubilarse. Incluso en algunos casos cambiaron el género del afiliado o afiliada.

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En 18 de esos casos se les llegó a pagar periodos retroactivos. Pero, según la propia AFP, en los otros 9 se detuvieron los pagos. Además, en cuatro ocasiones, los retiros los hicieron personas distintas a los titulares de la cuenta. En estos, la AFP restituyó los fondos.