“Yo le pregunté derechamente por qué había salido a manifestarse y me dijo: ‘Pasé hambre, fui tan pobre. Mi mamá y mi abuela se sacaban la cresta y siempre lo mismo, ¿cómo esto no va a poder cambiar?”, cuenta Mónica Hernández, una de las personas que ha acompañado de cerca a Felipe Santana (20), durante todo el tiempo que ha estado en la Cárcel Alto Bonito de Puerto Montt.

Mónica y Felipe se conocieron en el Instituto Técnico Forjadores de Alerce, donde ella es directora y él se graduó en mueblería y juguetería en madera, en un programa de oficios que cursó en 2017 y 2018. Precisamente allí estaba trabajando cuando decidió salir a manifestarse, le hicieron un control de identidad, y desde entonces no ha vuelto a pisar la calle. Fue el 25 de noviembre de 2019.

El pasado 15 de diciembre la Corte de Apelaciones de Puerto Montt declaró admisible el recurso de nulidad presentado por los abogados de Santana, quien fue condenado a 7 años y 4 meses por el Tribunal Oral en lo Penal de Puerto Montt (TOP). El recurso- que permitirá definir si se anulará (o no) el juicio, o si se realizará uno nuevo- señala que, anteriormente, no se tomó en cuenta el déficit cognitivo leve de Felipe, pese a que fue uno de los puntos principales a los que apuntó la defensa.

Nunca se elaboró el informe psiquiátrico solicitado, lo que, según el documento, es una vulneración respecto a lo que se reconoce en el Código Procesal Penal, y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así mismo, pone en cuestión las pruebas presentadas por Carabineros y la PDI, quienes, a través de fotos, si bien logran situar a Felipe Santana en las manifestaciones, no alcanza a precisar la ejecución de "las acciones imputadas”. 

Además de no contar con antecedentes penales, es primera vez que Felipe se enfrenta a una situación así. No han sido meses fáciles. En agosto del año pasado se contagió de Covid-19 al interior del penal y desde Gendarmería no lo dejaron comunicarse con el exterior. “Tuvo que conseguirse un teléfono y llamó a sus redes de apoyo, así supimos lo que estaba pasando”, cuenta Paola, trabajadora social del grupo de Observadores de Derechos Humanos (ODDHH) de Puerto Montt. Santana denunció en algunos medios recibir alimentación una vez al día y poseer solo una frazada para abrigarse en una estrecha celda húmeda.

No sería la única vez donde hubo problemas con Gendarmería. Los antiguos abogados de Felipe, Cristóbal Muñoz y Sebastián Yuraszeck, en el recurso de nulidad señalan que, durante marzo, abril y mayo de 2020, se vieron imposibilitados de poder entrevistar presencialmente a Santana. Además de las dificultades propias del contexto de crisis sanitaria, mencionan que “no obstante los innumerables intentos, sin éxito, de contactar con Gendarmería de Chile para poder coordinar entrevistas en forma remota, (...) sólo con orden judicial, se le concedió a la defensa el derecho a conversar privadamente” con Felipe. Instancia que, según los defensores, permitió corroborar que sus “condiciones mentales (...) no eran las óptimas para enfrentar un juicio y recaerle un reproche penal en igualdad de condiciones”. Situación respaldada por un informe elaborado en 2017 por Susana Mardones, psicóloga del Instituto Técnico Forjadores de Alerce, donde estudió Felipe.

Juicio un año después

Felipe Santana vivió con una familia de acogida hasta cumplir 18 años, cuando tuvo poder para decidir qué es lo que quería hacer, cuenta Mónica Hernández. Había vuelto a vivir con su madre biológica antes de caer detenido. Según consignó el mismo a la prensa, el día en que perdió su libertad, iba pasando frente a una botillería, cuando se le cruzó un auto blanco y le pidieron hacerle un control de identidad. Los efectivos policiales lo habrían trasladado a su hogar, tomando fotos al interior de éste y luego lo habrían obligado a firmar una declaración. El 20 de octubre del 2020, días antes del fallo que dictaría su condena, la gobernadora de la Provincia de Llanquihue, Leticia Oyarce Kruger, declaraba en el medio El Llanquihue que, ante este caso, esperaba “justicia y una condena ejemplificadora”. 

Inicialmente se pedían cerca de 17 años de cárcel. El tribunal, quien no aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado, consideró como atenuante la irreprochable conducta de Felipe, quien no tenía antecedentes, y tomó como agravante, que uno de los delitos que se le imputa ocurrió en un lugar de culto religioso. Santana lleva 13 meses en la cárcel, y al igual que muchos jóvenes detenidos en contexto de manifestaciones, tuvo un juicio casi un año después. Hoy espera junto a sus cercanos que la discusión se ponga en tabla en la Corte de Apelaciones y pueda obtener un resultado favorable. 

Según Fernando Leal, especialista en derechos humanos, defensor de Felipe y de otras causas de connotación popular como el caso Puente Pío Nono y el de Cristóbal Yessen, señala que hubo inconsistencias en el procedimiento: “Primero, le realizaron un control de identidad que, internacionalmente, de acuerdo a los pactos en que estamos suscritos como país, es inconvencional. Luego, le sacaron fotos a la ropa que llevaba. Extrañamente le sacaron fotos para inculparlo, pero después en el juicio, la evidencia material no la exhibieron”. El defensor sostiene que “incluso tratándose de muchachos que hubiesen realizado acciones como manifestarse y provocar desórdenes, están en su derecho, pues, el derecho a manifestarse existe”. 

El fallo del 5 de noviembre de 2020 donde participaron 17 testigos- en su mayoría oficiales de Carabineros, miembros cercanos a la catedral, y un funcionario de la PDI-, terminó en una condena de 300 días por daños a bien de uso público; 541 días por hurto simple, y 5 años y un día por incendio en inmueble habitado. Todas en calidad de autor. 

Del amplio número de testigos, tres de ellos presentaron videos y pruebas fotográficas, en su mayoría obtenidas de redes sociales y de cámaras de seguridad. La defensa sostuvo que la condena se basó en hechos vagos. "Se habla de muchedumbre, turba, pero no hay nadie que haga referencia a la participación de Felipe”, así mismo, respecto al intento de quema de la Catedral de Puerto Montt       -pena más alta- señalaron que “no se aprecia a su representado encendiendo el fuego o alimentándolo”. El fuego, según consigna la investigación, alcanzó a consumir parte de la puerta de acceso al lugar, y habría sido apagado oportunamente. Hipótesis que fue sostenida y ahondada en el recurso de nulidad que se declaró admisible y que se revisará durante los próximos días.

Una vida cuesta arriba

Una de las grandes aspiraciones de Felipe Santana es terminar su enseñanza media. De revertirse el juicio, es de las primeras metas que se ha prometido, detalla Mónica Hernández. “Está muy motivado en compatibilizar trabajo y estudio”, relata. Una de las actividades que le recomendó desarrollar mientras tanto, es la escritura. “Siempre le digo que cuando se sienta triste o solo, escriba”, asegura. Cuenta que le gusta redactar cartas y que en una de ellas, publicada en un grupo de apoyo que tiene en Facebook, el 1 de enero de este año, agradece el apoyo recibido durante este tiempo. “Quizás, todo aquí en la cárcel te haga darte por vencido y tirar la toalla, pero no dejaré que me coma la cabeza, mis ganas de tirar para adelante (son) por mi familia y por todos ustedes, mis hermanos, los presos políticos que dimos la lucha por quienes no podían pelear por sus derechos”, se lee en la misiva. 

La vida de Felipe ha estado marcada por las dificultades. Hernández recuerda que desde muy pequeño  vivió en la pobreza extrema, con muchas necesidades y carencias, y donde siempre primó su resiliencia. “Yo trabajo en un liceo de alta vulnerabilidad, entonces, uno ve a los chiquillos que, lamentablemente, se van por el camino de la droga, de la pandilla, del barrio y él no. Trabajaba, estudiaba, quería ir a la universidad. Siempre ha tenido muchos sueños, es un chico muy bonito”, explica. Mónica lo describe como alguien con una admirable voluntad, optimismo y personalidad encantadora, pese a toda adversidad que ha enfrentado. Su círculo coincide en que su condena lleva tintes políticos, donde se usó a Felipe como un chivo expiatorio para demostrar el poder de la ley. “Felipe era el más fácil de agarrar y más vulnerable”, añade Fernando Leal. 

Mónica Hernández recuerda con cariño que a Felipe Santana siempre le ha gustado cantar y bailar. “Armó un grupo en el colegio, salían a bailar a otros lugares… es súper motivado, siempre andaba ayudando al curso y al centro de alumnos. Cosas tan simples como cuando terminaba una actividad y había que levantar las sillas, era el primero que lo hacía. (...) Ha tenido una vida súper dura y, quizás por eso, te das cuenta que los profesores suplimos lo que los chiquillos no tienen en casa: el cariño, el afecto. Ahora con la pandemia no es así, pero antes éramos quienes más estábamos con ellos, entre ocho y diez  horas diarias, entonces, muchas cosas que no encuentran en su entorno, las encuentran en los colegios. Por eso mi vínculo con él. Al final, uno es responsable de los afectos que va creando”.

#LibertadParaFelipeSantana

Además de Mónica Hernández, son diversas las personas que se han hecho partícipes, de alguna u otra forma, en la causa de Felipe. La agrupación de Observadores de Derechos Humanos de Puerto Montt, cuenta que desde el inicio del estallido social, se encarga, de manera voluntaria, autogestionada y gratuita, de monitorear y hacerle seguimiento a quienes ingresaban a los servicios médicos por lesiones de terceros, en este caso, por Fuerzas Especiales de Carabineros. En el caso de Santana, cuentan que, además de ir a visitarlo, de dejarle encomienda cada sábado, y de acompañarlo desde que cayó detenido, le han brindado apoyo emocional a través de un psicólogo de la organización, junto con asesoría jurídica. 

Cuentan que, también, en más de una ocasión, tuvieron algún problema con Gendarmería para dar con Felipe. Paola y Camila, miembros de la organización, recuerdan una situación donde el psicólogo, a quien le habían dado la opción de ver a Felipe presencialmente durante la pandemia, fue a la Cárcel Alto Bonito, y luego de que lo tuvieran cerca de dos horas esperando, nunca bajaron al joven para realizar la entrevista pactada. Pese a lo anterior, sostienen que el grupo cercano de Santana, que incluye a su madre biológica, se han esforzado por mantenerlo estable, dentro de lo que el contexto les permite. “Es una persona que tiene una resiliencia tremenda. Cuando supo que le aprobaron el recurso de nulidad, estaba muy contento. Ya quería que pasara una semana y salir a la calle para estar con nosotros, su círculo de apoyo. (...) Felipe es un chico que nos robó el corazón”, señalan. 

En coordinación con otras organizaciones sociales, han convocado distintas instancias de protesta, e incluso una colecta para pagar un peritaje en la investigación del caso, donde el dinero que restó, lo han utilizado para enviarle encomiendas contundentes y para pagarle un plan de celular. De igual manera, Mónica Hernández y Fernando Leal, la primera semana de enero, participaron en un conversatorio organizado en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, donde, junto al sacerdote jesuita Felipe Berríos, analizaron el caso de Santana. 

Desde el mundo del arte, diversos figuras se han manifestado en favor de la liberación de Santana y de otros presos políticos a causa de la revuelta, entre ellos, Anita Tijoux;  Roberto Márquez, de Illapu;  la actriz Mariana Loyola; Javier Aravena, de La Rata Blusera; Marcelo Nilo, del grupo musical Schwenke & Nilo, y el actor Ignacio Achurra, entre otros. En Twitter se ha buscado visibilizar el caso a través del hashtag #LibertadParaFelipeSantana.

Al igual que él, son cientos los jóvenes que han caído detenidos en el contexto de manifestaciones a raíz del estallido social. El último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de marzo del 2020, cifró en 2.500 las personas en prisión preventiva, entre octubre de 2019 y marzo del 2020. Tiempo en que han tenido que esperar tras las rejas, en condiciones precarias propias del sistema carcelario chileno. Situación agravada por la actual crisis sanitaria, que no ha permitido visitas a los reclusos. 

El abogado Fernando Leal, cree que “Chile tiene una tiranía de facto” y lo sostiene “porque hay 4 informes internacionales que han establecido, una y otra vez, que el Estado de Chile está violando los derechos humanos. Y cuando hay violación de derechos humanos, técnicamente no estamos ante un estado de derecho. En una tiranía de facto, los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y defenderse. Por lo tanto, a hacer uso de su derecho a rebelión. No es apología barata ni izquierdista, está establecido dentro de los instrumentos internacionales, y en el preámbulo de la Proclamación Universal de los Derechos Humanos”. 

Días claves en el caso

A la espera de un resultado favorable de cara a la discusión que se dará en los próximos días, Leal comenta que “Chile, más temprano que tarde, con todas estas situaciones, va a ser condenado internacionalmente. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados y vamos a ir al sistema interamericano. Y así como en la causa de Norin Catriman, donde el Estado de Chile fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y obligó a que anulara el juicio y que pidieran disculpas públicas al condenado por haberlo encarcelado injustamente, eso mismo va a ocurrir con Felipe si los tribunales no ponen las cosas en su lugar”.

Mónica Hernández, quien cada sábado le prepara y lleva comida especial a Felipe, comenta que “como a ellos siempre los han dejado de lado, yo personalmente me hice la promesa de jamás abandonar a alguien con quien uno tenga un compromiso. Tantas veces les ha fallado el sistema, la familia, todos, ¿Qué tú también les falles? No. Personalmente voy a estar con Felipe hasta el último día y ayudándolo en todo lo que pueda. Le llevo comida preparada porque esa es otra forma de querer a las personas, de hacerle sentir que me importa y que no está solo”.