Una vez finalizado un sumario administrativo en la Municipalidad de Peñalolén y establecidas reiteradas negligencias para el cobro de deudas que ascienden a $6.400 millones, la Contraloría General de la República (CGR) sugirió a los concejales de dicha comuna denunciar a su alcaldesa Carolina Leitao (DC) ante el Tribunal Electoral (TER), para tramitar una eventual destitución por notable abandono de deberes.

De acuerdo a un informe de auditoría del ente fiscalizador, Leitao faltó a “su obligación de ejercer un control jerárquico permanente” sobre los encargados de evitar el aumento exponencial de la morosidad por la no cancelación de publicidad, patentes y permisos de distinta especie que consideran a vecinos y empresas.

El documento respectivo incluye una propuesta de significativas medidas disciplinarias contra tres funcionarios claves en la administración comunal, un asunto que como jefa superior del servicio debería resolver justamente Leitao, quien se encuentra en calidad de “inculpada” en la indagatoria administrativa.

¿Qué funcionarios están involucrados?

De acuerdo a un artículo publicado por Radio Bío Bío luego de la investigación de la CGR, la única manera en que los cargos formulados en contra de Leitao impliquen una sanción, es que sea destituida de su rol.

Respecto de la aprobación del sumario, este se encuentra firmado por el propio contralor Jorge Bermúdez, mientras que la investigación ha implicado un duro golpe para Leitao, quien se encuentra en el último año de su mandato, al que decidió que repostulará.

La arremetida judicial de Leitao

Considerando la envergadura de las acusaciones, la jefa comunal interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago el 23 de diciembre, con la expectativa de revocar los cargos en su contra y evitar una posible denuncia al TER, la que sólo puede materializarse si se constituye un quórum de cuatro de los diez concejales de la comuna, lo que no ha sucedido aún.

En la presentación, la alcaldesa falangista aseguró que Contraloría actuó de forma arbitraria al formular cargos graves a ella y sus funcionarios de confianza, pese a tener antecedentes que a su juicio apuntan a un arduo trabajo interno para reducir la mencionada deuda.

Lamentablemente para Leitao, el tribunal de alzada de la capital declaró inadmisible su presentación y argumentó que su reclamo no vulnera sus derechos constitucionales.

La respuesta de la máxima autoridad de Peñalolén no tardó en llegar y  través de su abogada recurrió a la Corte Suprema para que el fondo de su recurso lo revise la Corte de Santiago. Esta resolución aún está pendiente.

Los hechos que motivaron la determinación del ente fiscalizador están contenidos en un informe de auditoría, específicamente el 315, el cual se circunscribe al año 2016.

Morosidad corresponde a administraciones anteriores

De acuerdo a este documento, Leitao no habría ejercido las acciones judiciales necesarias para recuperar el monto de $6.400 millones adeudado a la municipalidad que lidera, pese a que la morosidad corresponde a un monto imputado a ella, pero heredado por administraciones anteriores desde mediados de los 90, cuando el cargo de alcalde lo tenía Carlos Alarcón.

Por otra parte, durante el curso de la tramitación del sumario que sugiere su destitución, Leitao se defendió asegurando que al conocer los hechos detectados por el ente fiscalizador, inició una serie de gestiones para normalizar la situación y recuperar los dineros morosos, además de decretar la prescripción de los que son incobrables.

Para tal efecto, aseguró Leitao, generó un convenio con la Universidad Católica para que abogados de esta casa de estudios patrocinaran a quienes mantenían deudas prescritas con la finalidad de descontarlas de la contabilidad municipal.

Paralelamente, Leitao defendió su gestión contratando una empresa externa para ordenar la cobranza, que en algunos casos habría implicado un mayor gasto que lo recuperado.

Sus declaraciones respecto de estas acciones fueron respaldadas por los otros funcionarios inculpados, lo que no fue suficiente para enmendar las faltas establecidas por Contraloría.

Contraloría acusa incumplimiento de control jerárquico

“La inculpada tomaba conocimiento sobre el tema de deudas morosas por patentes, permisos y otros derechos, municipales”, antes de la auditoría de 2016 “a través del administrador municipal”, cuestionó la entidad a cargo de Bermúdez.

“En su calidad de alcaldesa de la Municipalidad de Peñalolén, haber incumplido su obligación de ejercer un control jerárquico respecto de la Dirección de Asesoría Jurídica a fin de que esta ejerciera las acciones judiciales que fueran procedentes de modo de cobrar los ingresos por percibir del municipio los cuales al 31 de diciembre de 2016 a 6.400 millones”, es parte de lo que se lee en la aprobación del sumario contra Leitao.

Al ser consultada por Radio Bío Bío sobre los alcances de la decisión de Contraloría, aseguró que más allá de lo dictaminado por la entidad, durante su gestión las deudas fueron sinceradas.

“Muchas de ellas eran incobrables, incluso de personas sin recursos que viven en la comuna, las grandes empresas ninguna no ha pagado, entonces hay un largo listado de situaciones diversas y el trabajo que se hizo para corregirlo no se tomó en cuenta por la Contraloría. A nuestro entender, ha actuado de forma arbitraria y por eso presentamos un recurso de protección para corregir esta situación. Además se trata de deudas que exceden con creces mi periodo de gestión. Vienen desde 1998”, argumentó.

“Además la Contraloría no consideró ninguno de los argumentos presentados. El informe final es de 2016. Y estuvo dos años sin movimiento el sumario, lo que tampoco se condice con un debido proceso”, agregó.