Este lunes, un grupo de parlamentarios de oposición solicitó a la Contraloría General de la República (CGR) que revise la legalidad de una millonaria adjudicación del Instituto de Tecnologías Limpias (ITL).
Lo anterior fue requerido por los senadores Yasna Provoste (DC), Guido Girardi (PPD), Carlos Montes (PS), y los diputados Luis Rocafull (PS), Gabriel Silber (DC), Juan Luis Castro (PS) y Raúl Soto (PPD).
En detalle, ingresaron un recurso a la CGR para que se verifique la legalidad del proceso en el cual Corfo asignó la mayor inversión de Innovación y Desarrollo de Chile por US$ 193 millones para el ITL Antofagasta, a un consorcio de nueve universidades estadounidenses, entre las que se encuentran tres privadas chilenas: U. Autónoma, U. del Desarrollo y U. San Sebastián.
De acuerdo con los parlamentarios, existieron irregularidades en el proceso de licitación del ITL por presuntas omisiones de etapas esenciales del proceso de evaluación de las propuestas recibidas.
Según señalaron en el requerimiento, el procedimiento de licitación apunta al destino de un porcentaje de dineros públicos, porque provienen de una parte de la renta generada en el contrato arrendamiento celebrado entre CORFO y SQM para la explotación, por esta última, de las pertenencias que CORFO posee en el Salar de Atacama.
Luego, la parte del total de aquellos ingresos públicos que, según la cláusula DÉCIMO QUINTO del mismo contrato, deben destinarse a la Innovación + el Desarrollo (I+D), tiene el carácter de dineros públicos como lo es el total de la renta o canon convenido entre las partes.
Como consecuencia de lo anterior, la licitación a que llamó CORFO para gestión de los dineros destinados a I+D según la cláusula DÉCIMO QUINTO del Convenio -o Conciliación- entre la Corporación Estatal y SQM, debió realizarse por un llamado cuya resolución debió someterse a la Contraloría General de la República para el trámite de toma de razón, lo que no ocurrió.
De este modo, el llamado a licitación tiene un vicio de origen: CORFO lo trató como una especie de “licitación privada” y, en consecuencia, omitió los requisitos formales que corresponden a un procedimiento de licitación pública que, a lo menos, implican que las bases de licitación sean sometidas a dicho trámite de toma de razón, dado los montos de dineros públicos involucrados.
Esta licitación, al ser tratada por CORFO como un asunto privado derivó en una serie de actos irregulares de los que la CGR jamás tuvo noticia como, asimismo, tampoco la tuvieron los consorcios participantes en la licitación, al menos, el de las más importantes universidades chilenas, según lo han expresado públicamente.
Así, acusan que CORFO prescindió del pronunciamiento de la Comisión Evaluadora que designó con participación de integrantes internacionales de reconocido prestigio. “Tan así fue que, una vez conocida por CORFO la evaluación de este grupo de expertos, favorable al referido consorcio de las universidades chilenas -encabezadas por las Universidades de Chile, Católica de Chile, de Antofagasta, de Tarapacá, de Concepción y otras- dicha entidad demoró su divulgación y, en definitiva, procedió a designar una segunda Comisión Evaluadora“, agregan.
Entre otras irregularidades, mencionan la extensión discrecional del plazo para recibir ofertas, con el único propósito de favorecer el ingreso de un nuevo oferente, las modificaciones de las bases de la licitación sin la debida motivación ni toma de razón por parte de la CGR, y omisiones en etapas procesales.
De esta forma, piden al entre contralor pronunciarse sobre estas incongruencias y, eventualmente, declarar desierta la licitación a la que llamó CORFO.
Además, piden instruir una fiscalización sobre eventuales infracciones, arbitrariedades e ilegalidades que pueda haber cometido la Corporación de Fomento para la Producción en este procedimiento.
