Durante esta jornada, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, intervino durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en la que se discutió el proyecto de Ley de Indulto para personas detenidas en contexto estallido social.

Esta iniciativa fue presentada a principios de diciembre por Isabel Allende (PS), Yasna Provoste (PDC), Adriana Muñoz (PPD), Juan Ignacio Latorre (RD) y Alejandro Navarro (PRO), quienes buscan que, en el período desde el 7 de octubre de 2019 a la actualidad, se conceda un indulto a las personas imputadas o condenadas por supuestos delitos como “alzarse a mano armada en contra del gobierno legalmente constituido” o el buscar “cambiar la Constitución del Estado”, entre otros de diferentes gravedades.

En la sesión desarrollada en la Cámara Alta, Abbott manifestó su desaprobación del proyecto, afirmando, entre otras cosas, que “se funda haciendo afirmaciones que son alejadas de la verdad, y que agravan al Ministerio Público“.

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“Este proyecto de indulto podría constituir una gravísima señal para la convivencia social“, comenzó expresando el Fiscal Nacional.

“Indultar o aplicar Ley de Amnistía, según sea como se mire este proyecto de ley, a la comisión de hechos ilícitos tan graves como aquellos que contempla este proyecto, la verdad nos parece un precedente extraordinariamente grave, no sólo para el presente sino también para el futuro“, agregó.

“De prosperar este proyecto quedarían en la impunidad delitos tales como los homicidios frustrados producidos en la ciudad de Viña del Mar, cuyo autor ha sido condenado a una pena de once años, John Cobin“, ejemplificó, entre otros, como los imputados por el incendio en las tiendas de Tricot y en la fábrica de Kayser.

Se basa en “afirmaciones alejadas de la verdad“

Así, señaló que desde el Consejo del Ministerio Público, “queremos manifestar nuestra profunda decepción por los términos en los cuales se funda el proyecto. Este proyecto se funda haciendo afirmaciones que son alejadas de la verdad, y que agravan al Ministerio Público“.

“Y no sólo al Ministerio Público“, continuó, “agravan también a la Defensoría, a los Tribunales. Y es como que el sistema procesal penal no funcionara, como que este no fuera un sistema contradictorio, no estuviéramos en un sistema procesal que está sujeto a controles cruzados, como el más moderno de los procesos penales en el mundo“.

“Se atribuye a que el sistema hubiera cierto consenso o acuerdo entre todos los intervinientes para tener a ciertas personas, o perseguir a ciertas personas por sus ideas. Se afirma de que habrían personas que están privadas de libertad simplemente por incurrir en desórdenes“, expresó el Fiscal Nacional, detallando que las cifras que manejan sugieren lo contrario.