El Código de Aguas instaurado en 1981 considera al agua como un bien nacional de uso público, sin embrago es uno de los únicos sistemas en el mundo que permite y acepta su privatización, amparada en el derecho a la propiedad que resguarda la actual Constitución.

Dicho en otras palabras, el modelo chileno de gestión del agua le entrega su asignación en términos absolutos al mercado. Con muy pocas normas que resguardan el interés público, ni siquiera en el hiperpresidencialismo chileno el Ejecutivo tiene atribuciones suficientes para garantizar el abastecimiento para el consumo humano.

Esta situación ha llevado al país a un nivel de máxima desigualdad en su distribución. Así lo confirma un nuevo estudio publicado en la revista científica Water por investigadores del Centro de Producción del Espacio de la Universidad de Las Américas (CPE-UDLA), el cual señala que tanto la concentración como la desigualdad en la distribución de los derechos de agua en Chile son extremadamente elevadas, lo que socava un proceso de desarrollo social justo y facilita la explotación económica del medio ambiente.

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El documento, Water Privatization and Inequality: Gini Coefficient for Water Resources in Chile, hace un análisis de la desigualdad del mercado del agua en Chile utilizando el método del coeficiente de Gini. Para ello los investigadores georreferenciaron la información del 97,62% de los permisos de agua del país y analizaron la propiedad de los derechos de aguas consuntivos, es decir aquellos orientados al consumo total de las aguas en cualquier actividad, como por ejemplo riego o agua potable.

De acuerdo a la investigación, el coeficiente de Gini, estimado a partir del flujo de litros por segundo y su uso entre el total de permisos y total de actores que los tienen, es 0,99 para todos los derechos de agua a nivel nacional (consuntivos y no consuntivos), siendo 0 igualdad total y 1 es desigualdad absoluta.

En declaraciones emitidas a La Tercera, el geógrafo Juan Correa, uno de los autores de la investigación, señaló que “En este estudio, de los 29.001 titulares que poseen derecho de aguas consuntivos, el 1% de ellos posee el 79,02% del volumen total de agua disponible en el sistema, que a su vez representa solo el 4,3% de los derechos de propiedad hídrica existentes. Vemos una desigualdad muy alta y una concentración muy alta de recursos hídricos”.

Dentro de la investigación se destaca que parte importante de los derechos de agua en la zona central del país es utilizado para el desarrollo de actividades de riego. Se estima que el 71% del volumen de agua de consumo (consuntiva) transferida es usada para riego, lo que sería equivalente al consumo anual de 243 millones de hogares.

Al respecto, el director de CPE-UDLA, Francisco Vergara, indicó a La Tercera que “se hace necesario revisar si este consumo de agua hace un aporte similar al Fisco a través de impuestos a la producción, cuando en este sector solo se concentra el 2,75% de las ventas anuales del país, representando solo el 6,27% de las empresas en Chile y aportando a través del impuesto a la renta de las actividades agrícolas solo 0,46% del presupuesto fiscal (0,11% del PIB)”.

Para los autores, sin mecanismos regulatorios adecuados a la realidad chilena, el mercado del agua y sus características especulativas son peligrosas para la subsistencia en Chile. En este sentido plantean que esta complejidad, que afecta especialmente a las comunidades rurales, necesita ser remediada a través de políticas públicas y la transformación estructural de la gestión de la propiedad”.

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