Un fuerte cuestionamiento realizaron este miércoles los familiares de detenidos desaparecidos de la dictadura de Augusto Pinochet, a la sentencia que recibieron 13 miembros del Ejército (r) en el contexto del llamado Caso Paine.

Dicho caso se dio a escasos días del golpe de Estado, y se trató de una operación que involucró al Ejército, Carabineros y civiles. El objetivo eran principalmente campesinos de esta zona y su resultado fue la desaparición y ejecución de decenas de personas, alrededor de 70, víctimas de una represión que terminó en la ejecución y tortura además de habitantes de esta zona rural, de comerciantes, profesores y estudiantes.

El fallo emanado de la Corte de Apelaciones de San Miguel, que se conoció este miércoles, establece penas de entre 5 y 15 años de presidio por el delito de homicidio calificado de 38 campesinos de asentamientos esta zona.

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En conversación con El Desconcierto, el abogado querellante de esta causa, Nelson Caucoto, aterriza y detalla el fallo judicial.

"Se trata de una condena que, en general, confirma lo resuelto por la ministra Marianela Cifuentes de la Corte de San Miguel. Se innova respecto de ella por parte de la Corte de San Miguel, por la sustancial rebaja de penas que esta realiza", puntualiza.

En este sentido, asegura el profesional, esto "se explica porque en votación dividida, el fallo acoge la atenuante de la media prescripción, del articulo 103 del Código Penal, y eso ha permitido rebajar las penas, de una forma inconveniente desde nuestro punto de vista, puesto que se trata de 38 victimas asesinadas cobardemente por los militares de San Bernardo y, por supuesto, la pena para los principales autores era la de presidio perpetuo, y no las que impone ahora la Corte de San Miguel", ilustra luego.

No obstante lo anterior, Caucoto confía en que esta resolución judicial pueda revertirse. "Recurriremos esa sentencia en esa parte y confiamos en que la Corte Suprema reestablezca todas las penas de la sentencia de primera instancia. Aquí se ve el efecto pernicioso que tiene en casos de DD.HH la aplicación de la media prescripción, lo que es imprescriptible, como este masivo asesinato en Paine", es su certeza.

"No puede prescribir a medias", dice a renglón seguido el experto en materia de causas de derechos humanos.

Lorena Pizarro: "Los poderes del Estado nunca estuvieron a la altura"

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, también cuestionó la decisión de tribunales. "Como agrupación resulta muy duro cada vez que nos enfrentamos a un fallo de este tipo. Siempre nos queda esa sensación amarga de la impunidad. De la impunidad en la cual el Poder Judicial ha sido tan responsable, como los gobiernos a partir de año 90", comienza diciendo.

Posteriormente, agrega que "los poderes del Estado nunca estuvieron a la altura de la misión que tenían para evitar la repetición de los crímenes. Lo vemos hoy a partir de 18 de octubre, lo vemos en el Wallmapu a partir de fines de los 90, porque finalmente lo que encontramos es que un país que no hizo verdad y no hizo justicia, repite violaciones de derechos humanos".

Al momento de referirse a lo sucedido en la zona rural, Pizarro es clara. "Paine es la comuna, en relación a víctimas por población, más reprimida del país, con más víctimas. Y en este caso en particular ha tardado 47 años en una investigación, han tardado 47 años en condenas que llegan tardías", cuestiona.

Pizarro apunta además a otra variable en relación al trabajo de los tribunales. "Y no sólo eso, donde una vez más nos enfrentamos a que los civiles responsables políticos no están nombrados, parece que el ministro del Interior de la época no tenía nada que ver. Parece que el ministro de Defensa, las autoridades no tenían nada que ver con los crímenes que se cometían, si fue una dictadura cívico-militar". sostiene evidentemente insatisfecha frente a la manera en que ha operado la justicia durante las últimas casi cinco décadas.

"Las condenas no tienen ningún correlato con la magnitud del delito"

"Los civiles impunes desde el día uno al día de hoy, aquellos que formaban parte de los partidos políticos de extrema derecha y que ocuparon cargos en el aparataje del gobierno autoritario debiesen responder de una vez por todas por los crímenes que se cometían", dice luego.

La molestia y decepción de Pizarro es significativa. "Vemos cómo una vez más nos enfrentamos a condenas que no tienen ningún correlato con la magnitud del delito cometido. Aquí no vemos cadenas perpetuas, que es lo que corresponde frente a crímenes de lesa humanidad que significaron secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones. Por favor, aquí (vemos) cinco años, 15 años, ni soñar 20 años", se queja.

A ella, el fallo le permite constatar una lamentable realidad. "En este país se puede asesinar a personas. No a una, a varias. Al calor de apoderarse del Estado se les tortura, las investigaciones son lentas, las resoluciones llegan tarde y además tenemos que asumir que son condenas que terminan siendo una bofetada en relación al dolor causado y a la magnitud del delito causado", agrega.

Y por último, nuestra entrevistada comparte una desalentadora reflexión. "La justicia es tardía ya, y ni siquiera hoy podemos decir que hay un Poder Judicial que nos dice, 'aquí están los responsables, aquí están los uniformados responsables y la señal que damos es que aquí tiene que haber una cadena perpetua porque no aceptamos, como Estado de Chile, que a las personas se les persiga por pensar distinto. Eso, hasta el día de hoy nunca ha pasado".