Contraloría: Sumario confirma la contratación de 54 personas con antecedentes penales en la Municipalidad de San Ramón
A través de un extenso documento publicado durante la tarde de este martes, la Contraloría General de la República confirmó la detección de 54 funcionarios en la Municipalidad de San Ramón, liderada por el alcalde Miguel Ángel Aguilera (PS), con antecedentes por crímenes o delitos simples.
En este sentido y de acuerdo a una nota que publica CNN, el ente fiscalizador reportó la existencia de 18 trabajadores a honorarios contratados pese a tener condenas por crímenes o delitos simples. A ellos se adicionan 36 contratados con anotaciones por crímenes o delitos en el registro de antecedentes penales del Servicio de Registro Civil e Identificación.
[Te puede interesar]: Contraloría aclara que sí tiene facultades para fiscalizar a Carabineros
Adicionalmente, se constató que ninguna de esas contrataciones se encuentra registrada en el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.
?Concluida la investigación, se corroboró que 54 personas con condena por crímenes o simple delito, se desempeñan en @MuniSanRamon_.
Éstos deberán dejar sus cargos y los antecedentes de derivan a @FiscaliadeChile y @CDE_CHILE+ info ?https://t.co/WBMTy6dVqe https://t.co/sWPAZ79Wtb pic.twitter.com/NFuhzBrHMt
— Contraloría (@Contraloriacl) October 13, 2020
Paralelamente, Contraloría logró detectar que, entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de julio de 2019, cuatro servidores contratados mantenían vínculos de parentesco con funcionarios de cargos directivos, jefe de departamento o concejal, lo que de manera evidente viola lo dispuesto en la ley orgánica de municipalidades.
Millonario desembolso sin respaldo municipal
Respecto del ámbito financiero, se estableció además el desembolso de la millonaria suma de $5.503.888 por concepto de prestación de servicios a honorarios, gastos sobre los que la entidad no disponía de respaldos.
En consecuencia, la entidad a cargo del alcalde Aguilera deberá finiquitar los vínculos contractuales con situaciones de inhabilidad en un plazo de 60 días hábiles.
Considerando la envergadura de toda la información levantada, los reveladores antecedentes recopilados por el órgano fiscalizador se enviaron al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
