El canciller Allamand, con su acostumbrada astucia, ha solicitado al Congreso una declaración respecto al Informe de la ONU sobre los graves atropellos a los derechos humanos de la dictadura venezolana. Señala que “sería bueno que tal pronunciamiento confirmara que la política de Chile hacia la dictadura es una política de Estado”. Concuerdo plenamente con esa petición, con una única condición: que ella sea útil para constituir una lección moral para las generaciones presentes y futuras de nuestro país, y una posición ética del Estado chileno –incluso consagrada en la nueva Constitución– ante ese y todo fenómeno que atropella la dignidad humana.

Las atrocidades que describe el Informe de la ONU hablan de la degradación de la política venezolana y la responsabilidad directa del presidente Maduro, los generales de la cúpula militar (Cabello, Padrino López y Ceballos) y todos sus cómplices activos y pasivos: crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas, torturas a los opositores políticos y a los jóvenes rebeldes, amenazas a los luchadores sociales y sus familiares, prisión a los que levantan la voz y ejercen su derecho a expresión y libertad de prensa; es decir, una política sistemática de horror sobre los disidentes y la mayoría de la población, a la que sólo escapan los privilegiados que viven bajo el paraguas del oasis gubernamental.

Para la izquierda esto es inaceptable, jamás validaría una semejante atrocidad, por principios, y porque nuestra propia experiencia impregnó en nuestro ADN el “NUNCA MÁS”. Corre por nuestras venas la repulsión a todos quienes sean que atropellen los derechos humanos y violen la dignidad de las personas. Hechos denigrantes supuestamente realizados en nombre de la izquierda y que, en la defensa, dicen, de un supuesto proceso revolucionario, agravan aún más la situación: mansillan los nobles idearios por los que miles han entregado sus vidas como ofrenda para la emancipación humana. Lo que sucede en Venezuela no es ni más ni menos que lo que ocurre siempre cuando se deja en manos de los militares el gobierno del Estado: se cometen atrocidades inauditas, además de corromper la sociedad y el enriquecimiento ilícito de ellos y sus adláteres, independiente si sus uniformes sean grises o verde oliva.

Cuando las fuerzas civilizatorias en la Europa post fascismo reconstruyeron las bases morales y políticas de su convivencia, tuvieron especial cuidado en aislar y desvalorizar a todo personaje colaboracionista y de consagrar en la ley, pero sobre todo en la cultura, el rechazo declarado al pasado nefasto y un compromiso de verdad por desalentar y sancionar toda expresión de futuro del negacionismo histórico. Los cambios civilizatorios que tímidamente asoman en las potencias del antiguo bando estalinista todavía tienen esta asignatura pendiente. Los peligrosos rebrotes pardos a lo Trump o Bolsonaro se enfrentarán, esperamos, a la fortaleza democrática institucional de ambas naciones, del mismo modo que la violencia irracional que propugnan extremistas de derecha e izquierda en Chile.

Para la izquierda auténtica no hay dos opiniones: condena absoluta y sin matices relativistas a todo régimen que sostiene como política de Estado el atropello a los derechos humanos y de desprecio de la dignidad que toda persona merece.

Sin embargo, no tiene ningún valor para Chile y su futuro, especialmente para las nuevas generaciones, que el Congreso y los diversos órganos del Estado se pronuncien sobre la dictadura de Maduro y sus generales sin relacionar su tragedia con la que vivió Chile bajo Pinochet y la derecha. De prosperar un tal pronunciamiento sería un hecho histórico que enaltecería a la clase política chilena y demarcaría un contexto ético que nos vacunaría de toda tentación de recurrir nunca más a las armas para dirimir las legítimas diferencias, que la democracia resuelve “contando cabezas y no cortando cabezas”. Sospecho que para la derecha, sobre todo para las generaciones que veneraron al dictador en Chacarillas y los pasillos de la Junta Militar, esto es un hondo desafío existencial, como también para algunos que no han podido superar los horrores que sufrieron ellos y sus familias con el golpe militar.

Para la auténtica izquierda del futuro, sobre todo las nuevas generaciones, está inscrito a fuego en su corazón y su mente, el compromiso irrenunciable por el bienestar del pueblo, contra todo abuso e injusticias, y –cualesquiera sean las circunstancias de la lucha social y política– una opción radical por la libertad y la honra a la dignidad que todo ser humano merece.