El 22 de abril de 2010, el entonces presidente Sebastián Piñera, inauguró un colegio modular provisorio, gestionado por Desafío Levantemos Chile y la minera Doña Inés de Collahuasi, luego que un tsunami destruyera casi por completo el borde costero del poblado de Juan Bautista en el archipiélago de Juan Fernández. La obra tuvo un costo cercano a los 300 millones de pesos y desde el ministerio de Educación proyectaron su uso por un máximo de dos años.

Desde entonces, ha pasado una década y la promesa aún se mantiene intacta. Todavía no existe un establecimiento educacional -propiamente tal- y el colegio “provisorio” es sometido cada año a todo tipo de reparaciones producto de su grave deterioro. No sólo eso; debido a la contingencia sanitaria del país, los trabajos se paralizaron todo el primer semestre de 2020, reanudando las labores recién la segunda semana de agosto.

La tardanza implicó desocupar el recinto, lo que tiene a más de un centenar de niños y jóvenes cumpliendo con sus deberes académicos disgregados en distintos edificios: la Iglesia evangélica pentecostal de la comunidad, y las cuatro sedes de los clubes deportivos y sociales que tiene la comuna, y que forman parte integral de la sociedad isleña: Alejandro Selkirk, Juan Fernández, Nocturno y Cumberland.

Luego de un par de semanas de conversación entre el municipio y la autoridad educacional,  el plan retorno a clases en la isla empezó el lunes 13 de julio. El alcalde de Juan Fernández, Leopoldo González, después de una semana de conversaciones con el Mineduc, aseguró que “el colegio funcionará cumpliendo todos los protocolos sanitarios”.

Los recintos donde se instalaron los alumnos fueron reconstruidos por la municipalidad en 2015, en una inversión que rondó los 830 millones de pesos, y fueron entregados en comodato a las distintas organizaciones sociales. Se trata de grandes casonas de madera que cuentan con un amplio salón, baño común, y un par de ellas con terrazas y escaleras de acceso que no cuentan con ningún tipo de barrera de seguridad.

El problema más grave, sin embargo, es que todos los inmuebles se emplazan en un sector arrasado por el mar durante el tsunami de hace una década. “Había una necesidad urgente del gobierno central por mostrar signos de normalidad, y lo que ocurre en los terrenos insulares no se puede aplicar en el continente. Creo que retomar las clases en la zona cero sigue siendo avalar el desinterés del Estado con respecto a un colegio definitivo”, explica Héctor Melo, concejal de la comuna.

Dentro de los peligros enumerados por otros integrantes de la comunidad educativa se encuentran: la disgregación de cursos y niveles en distintos lugares, terrazas y accesos a segundos pisos sin protección, la nula existencia de un cierre perimetral o reja, la cercanía de las sedes a la calle y, particularmente, al recinto municipal destinado para el acopio de combustible y petróleo.

“Se volvió a clases sin comentarlo con los apoderados o someterlo a algún tipo de evaluación por el resto de la comunidad. Nuevamente, y como es costumbre, las decisiones se tomaron entre 4 paredes” asegura, Marjorie López, exalumna y apoderada del Colegio Insular. “Personalmente yo no envío a mi hijo a clases, porque encuentro vergonzoso que tengan que usar sedes sociales que no son óptimas para clases. Además, soy socia activa de un Club Deportivo y, por la contingencia, no podemos ocupar nuestro espacio”, agrega.

Los socios y socias habituales de los recintos deportivos son otro grupo de afectados indirectamente por la pandemia, ya que el uso semanal de sus instalaciones generó que las actividades propias de la organización se vieran suspendidas hasta nuevo aviso. “Los clubes deportivos nos vemos afectados porque no podemos utilizar el espacio, y junto con las cuotas sociales son las principales formas de financiamiento: arriendo a reuniones, talleres, beneficios para enfermos con necesidad de traslado al continente, son las cosas que no podemos hacer”, cuenta Paula Escalona, apoderada del colegio y representante legal del Club Deportivo y Social Alejandro Selkirk.

Si bien el contrato de comodato que existe entre los clubes y municipio, tiene una cláusula que permite el uso de los recintos en caso de emergencia o por un bien mayor comunal, para gran parte de la comunidad, estas excepciones son referidas a las generadas por aluviones, o para funcionamiento de albergue en caso de destrucción de hogares, pero no que sean utilizadas como salas de clases provisorias, que invisibilizan la real carencia de un colegio definitivo.

“Cuando el alcalde nos llamó para solicitar el uso de nuestras sedes, se preguntó si existía presupuesto para mejoras de los recintos, y la respuesta fue negativa. Finalmente, como fueron entregadas a través de un comodato, no tenemos otra opción más que ceder ante el miedo que nos quiten el derecho a usar el inmueble”, aclara Escalona.

Los habitantes de la comuna critican el nulo trabajo realizado con padres, apoderados, y con el resto de la comunidad educativa en general, asegurando que el municipio trató todos los temas directamente con las autoridades nacionales sin consultar con el resto de involucrados.

“Me enteré de la vuelta a clases cuando el alcalde llamó a los representantes de los clubes deportivos. Pero el resto de los apoderados se enteró por una noticia que escucharon en la radio, donde se anunciaba el retorno a clases. No hubo reunión con los apoderados, tampoco consulta ciudadana, la mayoría se enteró porque alguien subió la información en un grupo de WhatsApp “, aclara Paula Escalona.

Reacción de las autoridades

Al consultar en el Ministerio de Educación si se tomó en consideración el riesgo geográfico que representan estos establecimientos, la institución contestó: “Todos los establecimientos que han ingresado, han sido por solicitud voluntaria (del municipio) que nos hacen llegar a nuestras dependencias, y luego de verificar que están las condiciones sanitarias, entregamos orientaciones y protocolos”, sin aclarar el chequeo de este tipo de peligros, y traspasando parte de esa responsabilidad a la autoridad comunal.

Desde el colegio de profesores fueron enfáticos en catalogar como un grave error la vuelta a clases en territorio isleño. “Hemos cuestionado desde un principio que el gobierno haya utilizado a Juan Fernández como una comuna modelo, porque su realidad no responde a ningún estándar mínimo de funcionamiento de un colegio. No es prudente retomar clases en sedes sociales, que no están diseñadas para la labor educativa, y que se encuentran cercanas al mar en una zona propensa a aludes y tsunamis”, aseguró Mario Aguilar, presidente del gremio.

Aguilar cuestionó, además, el estado actual del colegio modular y la última inversión estatal de 600 millones de pesos en reparaciones: “Se han gastado muchos recursos en una construcción bastante básica y que todavía no está lista. Su funcionamiento es muy precario. Es una vergüenza que transcurridos 10 años del 27/F todavía exista una comuna que no tenga colegio, lo que habla de una tremenda deuda del Estado de Chile hacia Juan Fernández”.

El municipio, en tanto, aseguró que el retorno a clases en la comuna obedeció a un estricto protocolo y seguimiento de la pandemia en el continente, como también al trabajo en conjunto con el Ministerio de Educación y la autoridad sanitaria. Sin embargo, el alcalde Leopoldo González, desconoce si las autoridades pertinentes están conscientes de la realidad de las sedes, y de la vulnerabilidad que representa para los alumnos encontrarse nuevamente en la zona cero del pueblo.

“Están cerca de donde pasó el tsunami en 2010, pero no justo allí”, plantea el edil. No obstante, esta investigación pudo comprobar que las nuevas sedes sociales fueron reconstruidas, una al lado de la otra, prácticamente en el mismo espacio donde estaban hasta antes de ser arrasadas por el maremoto.