Tras 120 días de huelga de hambre líquida y tres días de huelga seca, los presos políticos mapuche de Angol decidieron deponer la movilización. Sus propias comunidades y sus familias, ante la absoluta indiferencia estatal frente a sus demandas, hicieron primar el valor de la vida y la salud de los huelguistas, como es natural en la cultura mapuche, cuya protesta está basada en la preservación de las diferentes formas de vida en Wallmapu, el Ixofil mogen.

El gobierno de Piñera no fue capaz de comprender esta estrecha y horizontal relación entre los presos, sus familias, comunidades, autoridades tradicionales y el valor central de la vida en la cultura mapuche. En cambio, persiguió a las familias que acampaban afuera de las cárceles, reprimió las marchas que se convocaban en apoyo a los presos y se negó a dialogar con sus autoridades, pu werken ka pu lonko. Así dio una nueva muestra del colonialismo estatal chileno, que niega el carácter de autoridad a quien no esté investido por las leyes nacionales o no sea representante de los gremios que han usurpado el territorio mapuche.

Para el Estado colonial, los mapuche no pueden sostener un diálogo político de igual a igual con el gobierno. Siempre se necesitan mediadores como el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) o representantes de la ONU, como ha ocurrido en las anteriores huelgas. Esta es, probablemente, una de las razones por las que el gobierno rechazaba el diálogo con los huelguistas y sus representantes.

La huelga de los presos políticos mapuche de Angol buscaba dar eficacia a derechos reconocidos en el Convenio 169 de la OIT, los que son sistemáticamente desconocidos por el Estado a través del gobierno, los tribunales y gendarmería, bajo la impresentable excusa de un supuesto carácter no autoejecutable de sus disposiciones. Una actitud contraria a la que las mismas autoridades expresan cuando se trata de reconocer tratados internacionales que protegen inversiones, derechos de patente y, en general, el capital transnacional.
La indiferencia gubernamental contrasta de forma grosera con su actitud frente a las peticiones efectuadas por el gremio de los camioneros. En efecto, el día lunes 17 de agosto, cuando ya corrían 105 días desde el inicio de la huelga de hambre de los mapuche, la Confederación de Dueño de Camiones se reunió con el Ejecutivo en el mismo palacio de La Moneda, con el objeto de analizar los incendios de camiones que se habían cometido en la macrozona sur. El miércoles siguiente se reunió con el Poder Legislativo en el Senado, y al otro día estuvieron presentes en la conferencia de prensa junto al Presidente de la República en el anuncio del proyecto de ley denominada “Juan Barrios”, que pretende aumentar las penas para el incendio de camiones. El domingo 23 de agosto, la Confederación Nacional del Transporte de Carga Terrestre de Chile (CNTC) anunciaba el inicio de un paro nacional tras el incendio de un camión y la lamentable lesión de una niña de 9 años que se trasladaba junto a su familia en el vehículo siniestrado.

El tratamiento desigual que dio el gobierno a la movilización mapuche y a la de los empresarios de transporte refleja precisamente la violación de los derechos humanos que los huelguistas denuncian, el imaginario colonial de nuestros representantes estatales y el carácter estructural de las violaciones de derechos al pueblo mapuche.

No existe igualdad ante la ley. Las demandas del gremio son atendidas personalmente por el Presidente, en tanto las de los huelguistas son relegadas a la espera de su muerte. La misma desigualdad se advierte ante la respuesta estatal a los cortes de ruta de los camioneros y su renuncia de aplicar la Ley Antibarricadas, promovida por el mismo gobierno para combatir la protesta social chilena; mientras que a los mapuche –como ocurrió en el caso Tur Bus–, por actos considerablemente menores, se les persiguió con la legislación antiterrorista.

La discriminación es evidente en los proyectos de ley y beneficios económicos comprometidos por el Ejecutivo para empresarios, y su nula respuesta a dar eficacia al Convenio 169, que ya es una obligación para todos los órganos del Estado. Los intereses privados son privilegiados con las políticas públicas nos muestran que el Estado se orienta estructuralmente por mantener y profundizar la usurpación del territorio histórico mapuche.

A diferencia de la protesta de los camioneros, la huelga de hambre es una forma de protesta social pacífica y el último recurso que históricamente han tenido las personas privadas de libertad, a fin de denunciar una situación de injusticia, ejerciendo presión sobre la autoridad a través de la negativa a ingerir alimentos –o incluso agua, en los casos más extremos–, atrayendo de esta forma la atención pública sobre sus demandas, que generalmente se encuentran invisibilizadas y sin respuesta institucional. Es una medida extrema que se ha reservado para contextos en los que se han agotado todas las vías institucionales de reclamación. La sociedad chilena ha conocido de huelgas de víctimas de violaciones de derechos humanos de la dictadura o sus familiares, del movimiento estudiantil ante la inacción de las autoridades estatales y de los presos políticos mapuche ante el tratamiento discriminatorio en la persecución penal estatal.

Son innumerables las huelgas de hambre que en el contexto de la protesta social mapuche se han llevado a cabo, y siempre han estado relacionadas con las extensas prisiones preventivas impuestas, el uso de la Ley Antiterrorista, o para exigir el cumplimiento de derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico, pero que son arbitraria y sistemáticamente negados a los mapuche.

Paradójicamente, la huelga planteaba la apertura de un espacio de discusión política con el Estado. Sin embargo, el gobierno se negó al diálogo propuesto, aduciendo no tener atribuciones. Los contenidos demandados por los huelguistas no son más que derechos constitucionales reconocidos a todos los habitantes de la república: igualdad ante la ley, el respeto a la presunción de inocencia y el derecho a cumplir las penas privativas de libertad conforme a los estándares internacionales de derechos humanos establecidos en tratados vigentes y ratificados por Chile.

Como han relatado los presos, después de tantas huelgas de hambre existe un saber acumulado en el movimiento mapuche en cuanto a que las luchas contra la injusticia histórica son permanentes y seguirán siendo necesarias en el contexto colonial chileno. El movimiento mapuche sabe cómo hacer huelga, cuándo y para qué, pues queda en evidencia que para llamar la atención de la opinión pública las huelgas deben ser cada vez más extensas.

Nos alegra que los presos políticos mapuche de Angol puedan recuperar su salud y preservar su vida; por ellos, por la tranquilidad de sus familias y comunidades. Pero nos preocupa enormemente que, para ser oídos, los miembros del pueblo mapuche en resistencia deban exponer su vida y su salud, y aún en estos contextos, que el Estado demuestre una indiferencia absoluta que no puede sino ser calificada como un profundo racismo. Los desalojos de Victoria y Curacautín y la indiferencia estatal y de la opinión pública nacional frente a la huelga y estos hechos nos alertan del racismo presente en las raíces de nuestra sociedad. En miras a la redacción de una nueva Constitución, tenemos un trabajo de educación pendiente, que nos permita despejar el velo colonial de nuestras miradas, de manera de hacer posible el respeto los derechos de los pueblos indígenas en la construcción de una sociedad plurinacional.