En el crimen contra Ámbar Cornejo encontramos una historia que cruza el destino de varias mujeres, como la madre y la tía, con la que vivía y que la cuidaba. Vemos a una víctima adolescente, quien luchó permanentemente por defenderse de un asesino. Hemos visto, también, a una opinión pública con sed de venganza, rápida a la hora de apuntar responsables y que encontró en la magistrada que presidió la comisión que le dio la libertad condicional a Hugo Bustamante a quien hacer pagar por este bestial crimen.

El problema es que se trata de una respuesta extremadamente simple y furiosa, además de altamente manipulable por quienes quieren, como siempre, retroceder y aumentar el punitivismo. Nada de esto apunta a una cuestión crucial en esta historia: cómo se cumplen las penas en Chile o qué significa e implica la libertad condicional.

Todo esto tiene sin cuidado a la sociedad completa, desinterés que se manifiesta también, por ejemplo, en las acusaciones cruzadas entre el ex fiscal Carlos Gajardo y el Ministerio de Justicia sobre qué gobierno es el que no ha cumplido con poner en vigencia el reglamento que regularía el cumplimiento de las penas, cuando debieran sincerar que nunca ha sido prioridad de ninguno. Otra expresión de esta desidia por el problema de cómo se cumplen las penas, y que ya se encuentra al límite de la ética, es la conducta del diputado Andrés Longton, quien no duda en acusar constitucionalmente a una jueza cuando él se ha opuesto al aumento de los requisitos para acceder a beneficios carcelarios de los responsables de los crímenes más graves –entre ellos el homicidio–incluso alegando su inconstitucionalidad, sólo porque en ese momento su interés era evitar que condenados por crímenes de dictadura se vieran impedidos de acceder a esos beneficios por no mostrar arrepentimiento o negarse a pedir perdón.

Vemos que la justicia ha estado por varios días en el banquillo (sobre todo mediático) de los acusados por conflictos que tienen que ver con cárcel. Esto ha sucedido en el caso del machi Celestino Córdova, en el caso de Antonia Barra, donde el mismo oportunismo político se vio en el diputado Kast a la hora de solicitar prisión preventiva contra Martín Pradenas cuando este diputado votó en contra de la causal violación para la ley sobre despenalización del aborto, porque como muchos de quienes tuvieron que decidir no consideraban confiable el relato de la víctima.

Por eso las víctimas deben cuidarse de quiénes de pronto aparecen de su lado.

Ante un debate público caótico, es lamentable que una magistrada sea la que termine en la hoguera para desresponsabilizarnos a todos y a todas. Es imprescindible, aunque sea duro, entender que se trata de una jueza que cumplió con las reglas del sistema para otorgar beneficios y que, en particular, se trata de una profesional que se toma en serio la posibilidad de devolver la libertad a aquellas personas que, pobres y sin voz ni Twitter, son la inmensa mayoría de quienes están en las cárceles de Chile. La culpan por no tomar en consideración un informe de Gendarmería que, como ahora ya sabemos, lejos de constituir peritajes se hace en modo “copiar y pegar”, y que en este caso era evidente dadas las contradicciones en el mismo texto.

Podríamos hablar de su trayectoria, como penalista garantista, de cómo ha incorporado la perspectiva de género y normas internacionales de derechos humanos en los fallos, pero no queremos defenderla tanto por sus logros, como si pidiéramos que la “perdonaran”, y tampoco porque es mujer que presidió una comisión de cinco personas. Nuestro argumento es que esta magistrada ha sido sacrificada por la opinión pública, por la misma razón que los políticos de izquierda y de derecha han abdicado de su deber de abordar con seriedad estos temas: porque como sociedad no nos importa, porque probablemente muy pocos estarían dispuestos a financiar un sistema de cumplimiento de penas que fuera respetuoso de los derechos humanos de los presos. Este cambio profundo, y que iría al corazón del problema, es muy probable que no ocurra, porque es más complejo y menos espectacular que encontrar a una persona que pueda en la hoguera cargar el peso de todo un sistema que, tal como está, produce resultados desastrosos, pero que lo seguirá haciendo porque aquí no se torcieron las reglas: se aplicaron.

Es indispensable canalizar el debate y los esfuerzos hacia una transformación real del sistema penitenciario; promulgar una ley de ejecución penal que incluya el derecho a las víctimas a ser oídas y a un sistema de libertad condicional con supervisión real. Eso requiere, además, recursos. Si lo que queremos es que esto no vuelva a ocurrir, se necesitan transformaciones de esta envergadura, tal como cambiar radicalmente el Sename, que se parece trágicamente a la cárcel de niños, niñas y adolescentes, por la que también pasó Ámbar y donde estadísticamente tenía más posibilidades de morir que junto a su familia.

Esas son las acciones que mostrarían que no sólo nos escandalizamos mediáticamente sino que asumimos la deuda que como sociedad tenemos con Ámbar y tantos otros niños y niñas víctimas de la violencia en este país.