Los recientes episodios de violencia y racismo que protagonizaron vecinos de Curacautín y Victoria en contra de los manifestantes mapuche que se tomaron las municipalidades de cinco comunas de La Araucanía el pasado fin de semana, sumados a una huelga de hambre que este martes cumple 100 días, y a una seguidilla de atentados incendiarios en la zona, son los ingredientes más recientes del conflicto histórico que el Estado de Chile sostiene con el pueblo mapuche.

Sobre estos temas conversó el historiador e investigador mapuche Claudio Alvarado Lincopi, quien expresó tres vías para buscar soluciones a la problemática, y se refirió al contexto de baja aprobación del gobierno, afirmando que "eso no da mucho espacio a negociaciones con contundencia histórica".

Aún así, y enfatizando que esta problemática es un tema de Estado, y no sólo del Ejecutivo, Alvarado explicó que "el gobierno, al no aplicar el convenio 169 de la OIT (como piden los huelguistas), se está echando a la bolsa 30 años de posibles vinculaciones políticas entre el Estado, la sociedad chilena y el pueblo mapuche, sobre todo al fragor de un proceso constituyente, que sin duda abre oportunidades. Pero si un machi fallece, las posibilidades de que el mundo mapuche puedan participar en el proceso constitucional, se reducen bastante. Qué confianzas pueden haber para dialogar después de un hecho tan lamentable como éste", dice.

— A propósito de esto, ¿qué piensas del audio de Celestino Córdova, donde entrega un mensaje de "despedida"?

Lamentable. Sin duda es un audio que en caso de concretarse el fallecimiento del machi va a ser histórico, va a marcar sin duda la historia del siglo XXI. Yo espero que eso no acontezca y para eso es fundamental iniciar diálogos y llegar a acuerdos con las autoridades de gobierno.

— ¿Dónde identificas la raíz de problema?

La raíz del conflicto está en los procesos de despojo y colonización del territorio mapuche en el siglo XIX, pero que es un pasado que no pasa, en la medida que los despojos y las lógicas de colonización que tiene que ver con la inutilización de los saberes, de la vida social, cultural y también política mapuche, que no puede tener cause posible dentro de una estructura estatal que se lo impide. Entonces la raíz está en la colonización del siglo XIX, porque es un pasado que no pasa.

— ¿Por dónde pasan las posibles soluciones?

En cuanto a las soluciones, lo primero que creo es que tienen que ser muy de acá. Es decir, que no podemos hacer un calco ni una copia de otros procesos políticos sociales que han tenido esta conflictividad en otros países. Ahora, debemos aprender de esos procesos. El pueblo mapuche es muy diverso, demanda por lo tanto soluciones políticas también diversas, y yo veo al menos tres ejes fundamentales: en primer lugar, la lógica de autonomías territoriales y control territorial. Y eso, si bien para algunos puede parecer algo muy radical, en países como Canadá, Nueva Zelanda o Estados Unidos, hay lo que se conoce como la "reserva indígena", donde es posible desarrollar una vida territorial, cultural, política de manera autónoma, precisamente en estas grandes extensiones territoriales. Por lo tanto no es algo que en otros lugares, que no vamos a decir que son sectores muy progresistas o de izquierda, no se desarrolle.

— ¿Qué otros ejemplos conoce?

En España, desde principios de los años 80, existen lo que se conoce como los 'estatutos regionales de autonomía', que no son únicamente bolsones territoriales de autonomía, sino como en el caso de Cataluña, implican que la lógica tributaria deje más recursos en las regiones, y que al mismo tiempo, las soluciones políticas pasen por una vía institucional, desde estos estatutos regionales. Una tercera posibilidad, es la lógica de la plurinacionalidad, que funcionaría pensando en el caso de los mapuche que viven en Santiago, por ejemplo, como un reconocimiento efectivo de otra cultura, de otro idioma, de otras prácticas y al mismo tiempo, porqué no, de competencias jurídicas, en lo que se conoce como pluralismo jurídico. Todos estos son caminos que se pueden emplear para el reconocimiento de derechos colectivos del pueblo mapuche.

— ¿Y es el plebiscito la oportunidad para discutir estos temas?

Sí, claramente el plebiscito es una oportunidad para discutir estas ideas. No tenemos una tradición política ni de izquierda ni de derecha que incluya estas concepciones, por lo que hay que concebir esa tradición política. Porque lo que está planteando el movimiento mapuche, es más posibilidades democratizadoras. Abrir las tomas de decisiones no sólo a un sector social, ya sea empresarial o político, sino a quienes habitan los propios territorios. Y de allí se abre incluso una vía a la descentralización sobre la base del reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos indígenas. Si algo nos dejó claro este último contextos político, es la necesidad de la descentralización política de país. La pregunta es cuál va a ser esa vía. Las regiones del norte, más algunas del sur, como Aysén, también  quieren participar de manera más activa en las determinaciones políticas de sus territorios, y eso, finalmente, es mayor democracia. Por eso insisto, el movimiento mapuche es un movimiento democratizador del país. Democracia entendida no solo como ir a votar una vez cada cuatro años, sino pasar a una democracia más participativa.

— ¿Por qué los presos mapuche son presos políticos?

En primer lugar, porque aunque no avalemos los hechos de violencia, sí la comprendemos históricamente, y sin duda, esa violencia está tramada por los procesos de conflictividad entre el Estado chileno. Uno puede no avalar la violencia, pero comprender que los hechos de violencia están vinculados con una reivindicación política, derivada a su vez, de una conflictividad histórica iniciada por el Estado chileno en la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, la condición de preso político está sustentada en el hecho de que, en la comprensión histórica, es posible circunscribir aquella dimensión de violencia justamente como violencia política. Luego podemos avalarla o no avalarla, pero eso implica comprender el fenómeno histórico en su dimensión política. En segundo lugar, está el hecho de que se instrumentaliza la Ley Antiterrorista, con la finalidad de fijar un presidio a un caso mapuche, sobre la base de un juicio que no necesariamente es justo (la ley permite por ejemplo que haya testigos sin rostro, entre otras prácticas).

En el caso de los presos políticos, no están demandando nada del otro mundo. El convenio 169 de la OIT, describe desde hace 30 años cómo debería comportarse el Estado ante los presos de pueblos indígenas, no debería haber una huelga de hambre para la aplicación de algo que el Estado firmó. Si los convenios internacionales tienen una condición incluso superior a las leyes de la República. Su uso es algo básico, la demanda no es nada radical.

— Pero ¿ese no es un tema sobre el que debería entregar explicaciones el Poder Judicial más que el gobierno?

Sí, pero de todas maneras dado que este es un problema político, resulta importante que la figura política vinculada al Poder Judicial entre a jugar de manera más efectiva, más concreta. Además, en el caso mapuche, y yo creo que todo el mundo también lo sabe, la justicia en Chile se aplica muy políticamente. La dimensión técnica existe claramente, pero además de las distintas visiones que existen respecto a la ciencia del derecho, existen intereses que entran a jugar ahí en la aplicación de una ley.