Nunca antes en la historia de Colombia, un ex Presidente había quedado en arresto domiciliario, o casa por cárcel, como aquí le dicen. Álvaro Uribe Vélez, hoy senador del Centro Democrático, con 11 casos a cuestas en la Corte Suprema, y entre 30 a 70 en la justicia según la fuente, fue privado de libertad por ser considerado un peligro para el normal desarrollo de una investigación en su contra producto de la manipulación de testigos en el marco de un control político al paramilitarismo en 2014, liderado por el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.

Cepeda argumentó tener testimonios que le sindican a él y a su hermano Santiago como fundadores del grupo paramilitar Bloque Metro en la Hacienda Las Guacharacas. Por ello, el acusado denunció al senador del Polo ante la Corte por sobornar testigos para que declararan en su contra. Sin embargo, la entidad absolvió a éste e incluyó a Uribe en la investigación, ya que un testigo acusó presiones de sus abogados para cambiar su declaración.

Si bien, la medida es preventiva, supone un remezón político nunca antes visto. Es tal el golpe que, en una práctica anocrática y cuestionable, el presidente Iván Duque publicó en redes sociales un mensaje de apoyo y fe en la inocencia del ex Presidente, y probablemente ex senador. Otras figuras políticas, gubernamentales y parlamentarias, también le dieron apoyo, cuestionando la medida y a la Corte en sí. Una de las estrategias repetidas fue comparar la situación con la del ex FARC Jesús Santrich, detenido por acusaciones de narcotráfico, liberado y que luego desaparecería para anunciar su vuelta a las armas junto a un grupo menor de ex desmovilizados.

Ahora, ¿por qué el remezón? Repasemos la historia del recluido para entender un poco.

Uribe ha estado involucrado en política y cargos públicos desde 1977, siempre cubierto por un manto de sombras. Comenzó como secretario general del Ministerio del Trabajo, luego director de Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, senador, gobernador de Antioquia, Presidente y nuevamente senador, cargo en el cual se encontraba al momento del arresto domiciliario.

Cuando estuvo en el ministerio, fue nombrado por Óscar Montoya, quien renunció producto del contrabando de café y cocaína promovido por dos funcionarios, aunque sin relación con Uribe. Luego, como director de la Aeronáutica Civil, otorgó cerca de 200 licencias a personas relacionadas con importantes traficantes como Pablo Escobar y otros del Cartel de los Ochoa. De hecho, el sicario “Popeye” reconoció en televisión que era él quien autorizaba las pistas. Su llegada a la entidad se dio luego del asesinato del director anterior, quien había anunciado que regularizaría la situación de los aeropuertos clandestinos manejados por el cartel.

Pero hay otro tema: en 1984 se allanó Tranquilandia, finca con 9 laboratorios y 8 pistas de aterrizaje donde encontraron casi 14 toneladas de pasta de coca y 3 de cocaína. Allí hallaron un helicóptero que pertenecía a Alberto Uribe Sierra, empresario ganadero y padre de Álvaro, quien fuera asesinado un año antes en su hacienda Las Guacharacas. Según la versión de los Uribe, fueron las FARC, mientras que la guerrilla sostiene que no tuvieron relación con el hecho.

Posteriormente, Uribe Vélez fue designado alcalde de Medellín por el gobernador de Antioquia. Allí duró 4 meses, producto de acusaciones de supuestos vínculos, suyos y de su padre, con el Cartel de los Ochoa. No obstante, otras versiones señalan que la renuncia fue por disputas políticas.

Luego, fue concejal de Medellín y, entre 1986 y 1994, senador. En dicho periodo, Colombia vivió el escalamiento de la violencia, que terminó con cuatro candidatos presidenciales asesinados, uno del Partido Liberal y tres de izquierda. En el mismo espacio temporal, Uribe fue incluido como el número 82 de una lista de 104 asociados al narcotráfico elaborada por la Defense Intelligence Agency de EEUU, por colaborar con, y trabajar para, el Cartel de Medellín, y por ser amigo personal de Escobar.

Como senador, en el marco de la Constitución de 1991 (luego de la cual se sostuvo la reducción estatal y la apertura y desregulación de la economía colombiana), presentó la Ley 100, reforma a la salud que derivó, en el largo plazo, en una estructura ineficiente e insuficiente para la prestación de servicios relacionados, producto de la predilección por el lucro sobre la calidad.

Luego fue gobernador de Antioquia, donde promovió, con el poder otorgado para ello por el ex presidente César Gaviria, las Asociaciones Comunitarias de Vigilancia Rural, las CONVIVIR, que serían la base del auge del paramilitarismo. Esta situación fue alertada por organizaciones de DD.HH., y bajo su mandato las masacres a manos de paramilitares aumentaron un 371%.

Producto de la deslegitimación de los partidos tradicionales debido a la corrupción y el fracaso en las negociaciones de paz, este outsider llegó en 2002 a la Presidencia apoyado por diversos sectores políticos y paramilitares, como reconoció Salvatore Mancuso, uno de sus líderes, condenado en EE.UU. Allí estuvo dos periodos, y su popularidad, influencia y sobornos sobre congresistas le permitieron ser reelecto. Intentó una segunda reelección, pero la Corte Constitucional se lo impidió, designando a Juan Manuel Santos como su sucesor.

Bajo el lema de “Seguridad Democrática”, ocurrió una fuerte ofensiva militar contra la guerrilla y represión en general, y en su gobierno sucedieron eventos como los falsos positivos, donde militares asesinaban civiles y los vestían como guerrilleros; financiamiento irregular de la política; interceptaciones ilegales a la Corte, periodistas y parlamentarios; desfalco a programas de financiamiento; altas tasas de homicidio, desplazamientos y masacres, entre otros. También, se dio un deficiente proceso de desmovilización paramilitar, donde una jueza fue detenida por beneficiar irregularmente a quienes se acogieran a él. Este fracaso permitió la continuidad de algunos grupos y el surgimiento del narcoparamilitarismo. Hoy, varios de sus colaboradores están presos, prófugos o extraditados.

En 2014 se posesionó nuevamente como senador, siendo reelecto con la más alta votación en 2018. Desde allí se ubicó en la oposición al segundo gobierno de Santos, boicoteando el plebiscito del Acuerdo de Paz, imponiendo el NO mediante posverdades muy similares a las esgrimidas por la derecha chilena en la última presidencial. Con la victoria, renegociaron los términos del Acuerdo, desnaturalizando su visión resolutiva de las bases del conflicto, centralizando al desarrollo agroindustrial como clave para lograr la paz.

Imposibilitado para presidir, nominó a Iván Duque como nuevo heredero, después de “la traición de Santos” por promover la paz, cuyo padre, paradójicamente, denunció a Uribe por otorgar licencias a narcotraficantes desde la Aeronáutica Civil. Con Duque electo, la figura del aún senador es reconocida por varios como el verdadero Presidente.

A pesar de todo lo anterior, aun así arrastra una enorme popularidad y un inconmensurable poder. Idolatrado y venerado por civiles y militantes de su partido (cuyo logo es el contorno de su figura), no admite tonos grises: lo aman o lo odian. Esta misma polarización ha sido la tónica de quien fuera sindicado de populista, antidemocrático y autoritario por un ex embajador estadounidense.

Ayer, enardecidos fieles cuestionaron la medida, acusando persecución política. En la primera sesión del Senado luego de la noticia, la bancada del Centro Democrático dedicó cada intervención al lema “Uribe en libertad”. También, Duque publicó el citado mensaje, y hasta el momento, diversos personajes afines han relativizado la investigación. A eso de las 7 de la tarde, convocados por la senadora del partido, y ferviente fanática, Paloma Valencia, uribistas se manifestaron en una de las principales avenidas de Bogotá. De hecho, la senadora propone una Asamblea Constituyente para reformar la justicia para evitar que lo persigan.

Sin embargo, desde una mesura poco esperada, opositores y personalidades políticas no-uribistas reconocieron que el hecho que una Corte pudiera señalar que Uribe puede ejercer influencia indebida en el proceso investigativo, corresponde de por sí a algo histórico, así como la práctica democrática de poderlo hacer, que inesperadamente demostraría que nadie está encima de la ley, ni siquiera quien es sindicado de haberla doblado tantas veces.

Colombia se encuentra en terreno indómito.

Luego de 20 años de su presencia en la Presidencia, y 43 en la política, Uribe desaparece de la primera plana, y por primera vez un ex Presidente enfrenta arresto domiciliario. Así, la bancada del Centro Democrático y el gobierno quedan acéfalos mientras se recomponen del golpe. Esta situación sólo es comparable a la de si Augusto Pinochet hubiese enfrentado la justicia chilena y le hubieran dado detención domiciliaria, cosa que no pasó.

En estos días, son previsibles la apelación a la medida, la polarización social y la presión sobre el sistema judicial. Independiente de lo que pase, la declaratoria es un paso histórico hacia la consolidación democrática que tanto anhela Colombia. Y sabe a victoria moral para buena parte de su población, ya que puede ser la llave para que otros casos contra él tomen vuelo en tribunales, porque, como le dijeron a un presidente chileno por televisión, “no lo declararon reo por lindo”.

Un día después su arresto domiciliario, Uribe y sus hijos dieron positivo por coronavirus.