El fallo del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago que hace una semana acogió una demanda presentada por cuatro vendedores de la multitienda Paris, puso el foco nuevamente en la discusión sobre el uso de la causal de “necesidades de la empresa” para poner fin a los contratos de trabajo en septiembre del año pasado.

En este caso, se trató de despidos que intentaron ser justificados por la disminución de las ventas presenciales en favor de las realizadas por Internet, pero el contexto real de la empresa era de apertura de nuevas tiendas, ofertas de empleo publicadas en distintos portales de búsqueda de trabajo e incluso un reciente sorteo de “pasajes al espacio” a un costo millonario.

La compañía también intentó vincular los despidos con el impacto económico del posterior estallido social de octubre de 2019, pero la resolución, pronunciada por el juez Eduardo Ramírez Urquiza, estableció que no se justificó la causal argumentada por Paris: la firma no comprobó la supuesta merma económica que habría determinado esa decisión.

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“Casos como estos son muy comunes. La ley exige que en la carta de despido los empleadores sean explícitos en las razones económicas u organizativas que llevan a determinar las “necesidades de la empresa”. En Chile, 8 de cada 10 despidos invocan esa causal, pero en el 90% de los casos no se entrega al trabajador información detallada de los hechos objetivos que hicieron inevitable los despidos, como tampoco se logra probar en juicio”, dice el abogado Giorgio Marino, director ejecutivo de “Soy Trabajador”, una división del Grupo Soy.

El experto en litigios laborales enfatizó que “la norma es clara y los trabajadores deben saber que están en todo su derecho a demandar cuando la empresa no entrega razones precisas y comprobables de su decisión, ya sea en épocas normales, en el contexto del estallido social o incluso durante la pandemia”.

En efecto, la causal “necesidades de la empresa” para poner fin a los contratos laborales se duplicó entre noviembre de 2019 y mayo de 2020, alcanzando un nivel histórico promedio de 81 mil casos al mes. “Es, por lejos, la causal más usada, y eso es porque los empleadores les sale más barato: en caso de que los tribunales declaren el despido como “injustificado”, el recargo de la indemnización alcanza sólo el 30%. Esta sanción debería regularse en forma más severa, en sintonía con las nuevas perspectivas respecto a una nueva relación entre el capital y el trabajador que debemos construir como país”.

Cabe mencionar, que desde el 1 de junio pasado, esta causal no la pueden invocar las empresas acogidas a la Ley de Protección del Empleo, quedando sólo disponible para las que actualmente no se encuentran en esa condición.