La Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad (ASODEPLU), junto a organizaciones indígenas de Arica a Magallanes, presentaron 14 denuncias a la Contraloría General de la República, en contra del Ministerio de Salud, "porque no ha levantado datos estadísticos sobre el contagio, decesos y trazabilidad de COVID-19 en pueblos originarios".

Los denunciantes señalan que “los pueblos originarios, en la ciudad o en el campo, somos especialmente vulnerables, social, económica y sanitariamente, en virtud del robo de nuestras tierras y aguas, por lo que la pandemia nos está afectando más que al pueblo chileno, por lo que es urgente que el Estado aplique medidas especiales que se ajusten a nuestra realidad".

Los dirigentes indígenas cuestionan que “debemos tolerar que cada día el Minsal informe sobre las estadísticas nacionales, sin ningún dato específico sobre nosotros, los que no aparecen ni siquiera en los informes epidemiológicos. Desde los territorios rurales y desde la urbe, los hermanos y hermanas indígenas nos señalan que no les preguntan su origen indígena al llenar los formularios de enfermedades infecciosas y de COVID, que por reglamento todos tienen un espacio para anotar el origen étnico del enfermo. En el formulario de notificación obligatoria de COVID-19 y en el sistema electrónico denominado Epivigila que está disponible en la página web del Minsal, ambos contienen espacio para llenar sobre el pueblo originario al que pertenece el paciente, pero la autoridad no vela por que sean llenados”.

Los denunciantes explican en el escrito ingresado a Contraloría que “el Decreto Exento 643 de 2016 del Minsal, que Sustituye Norma Técnica sobre Estándares de Información de Salud, suscrito por la ex Ministra de Salud Carmen Castillo, se ordena preguntar a todo paciente por la variable pueblos indígenas que incluye expresamente las categorías de mapuche, aymara, rapa nui, atacameño, quechua, coya, diaguita, kawésqar, yagan, otro y ninguno; la pregunta sobre si un usuario pertenece a algún pueblo originario es de carácter universal, lo que significa que debe ser realizada a todas las personas y los establecimientos del territorio nacional y además la pregunta debe estar presente en todos los formularios y ser formulada en los términos en que aparece, sin interpretaciones ni modificaciones”.

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Asimismo alegan que “de acuerdo al artículo 55 de la Ley 18.575, se deduce que carecer de estadísticas sobre pueblos originarios, es carecer de medios de diagnóstico para una gestión eficiente y eficaz en la prevención y combate de la pandemia. El Estado no sólo nos invisibiliza estadísticamente, sino que con ello nos discrimina, pues pese a que el Convenio 169 de la OIT en su artículo 5 dispone medidas especiales en nuestro favor, y el artículo 1 de la ley indígena 19253 impone medidas adecuadas a nuestra realidad, no aplica los estándares de información en salud, que son imprescindibles para establecer políticas específicas para prevenir y combatir el coronavirus respecto de los pueblos originarios.”.

Las mismas organizaciones indígenas, ya habían presentado una carta, el 4 de julio, a las autoridades de los tres poderes del Estado, en la que solicitaban una “política indígena especial para enfrentar al COVID-19”, la cual aún no tiene respuesta, y en la que proponen “visibilizar estadísticamente a los pueblos originarios”.

Los dirigentes piden “una fiscalización y dictamen a nivel nacional, que establezca el nivel de cumplimiento de este deber estadístico, y determine las responsabilidades administrativas, ordenando los sumarios correspondientes a las autoridades ministeriales o de las Seremías que no han velado por el cumplimiento de las normas internacionales, legales y reglamentarias señaladas, pues son tales autoridades del Ministerio las que deben ordenar a sus equipos tomar los datos recabados, sistematizarlos, publicarlos y difundirlos para que luego sean base de políticas públicas especiales y adecuadas para los pueblos originarios, especialmente vulnerables ante la pandemia”.

“Asimismo, para que ordene al Ministerio a aplicar las normas de estadística especial indígena y a dar reporte de ellas en los informes epidemiológicos sobre COVID-19 al menos semanalmente, desagregando datos por pueblos originario, edad, región, comuna, casos sintomáticos y asintomáticos, casos nuevos, total de casos confirmados, total de casos actuales, incidencia, entre otros”, agregaron.

Aunque iniciada por la Asamblea Originaria por la Descolonización y la Plurinacionalidad,  a esta iniciativa se suman también los siguientes dirigentes: Verónica Henríquez Antimanqui, mapuche, Presidenta Asociación Futa Trawun, Paillaco; Haydee Águila, kawésqar, Presidenta Comunidad Indígena At Ap, Punta Arenas; Esteban Araya Toroco, likan Antai, Presidente Asociación Indígena de Regantes y Agricultores Lay Lay, Calama; Ariel León Bacián, aymara – quechua, Iquique, Región Metropolitana; Denis Quichel Antillanca, mapuche, Presidenta Asociación Newentwaiñ, Concepción; Ercilia Araya Altamirano, colla. Presidenta Comunidad Indígena Colla de Pai Ote, Copiapó; Nancy Piñones Ormazábal, aymara, Región Metropolitana; María Navarro, miembro de la Comunidad Kawesqar Seno Obstrucción, Puerto Natales; Yaneth Challapa, aymara, habitante de la comuna de Colchane, Cariquima; Carmen Paine, werken de la Asociación indígena de Butalelbun, Alto Bio Bio; Wilfredo Bacián, Presidente de la Comunidad quechua de Quipisca, Tarapacá; Ruth Godoy, Presidenta de la Comunidad Quechua de Macaya, Tarapacá; Richard Fernadez Chavez, Coordinadora Aymara de defensa de los recursos Naturales, Arica Parinacota; y Haylen Chang Cutipa, miembro del pueblo de Belén, quechua, Arica Parinacota