—“¡Me violaron en el seminario! ¡El padre Hernán me violó!”.

El 14 de julio de 2018, el medio penquista Sabes publicó una carta anónima que recibió de un hombre que acusaba al párroco de Talcahuano, Hernán Enríquez Rosas, de haber violado y abusado sexualmente a su hijo en el Colegio Seminario Menor de Concepción. El joven tardó siete años en contarle a su padre y él nueve en hacer pública la denuncia.

Todo había comenzado en 2002, cuando el menor pidió que lo llevaran al Seminario. A pesar de ser tan joven, con solo 14 años, tenía clara su vocación religiosa.

“Mi hijo participaba en la Iglesia, era acólito y ayudaba en las misas”, relata el papá, quien prefiere resguardar su identidad. Añade que incluso se vestía de negro para parecerse a un sacerdote que conocía.

Ante la insistencia del niño, los padres se reunieron con el sacerdote Hernán Enríquez, entonces director del Seminario Pontificio Menor, para coordinar su ingreso. El padre del ex seminarista afirma que Enríquez le asignó el dormitorio contiguo al suyo por ser uno de los más pequeños.

A una semana de su anhelado ingreso, el menor llamó a sus padres para que lo fueran a buscar.

A partir de ese momento, el joven cambió su actitud radicalmente. “Le ponía pestillo a la puerta antes de dormir. Lo encontrábamos muy introvertido y solitario. Era más desconfiado y como que algo le había pasado porque no era el mismo de antes”, describe el progenitor.

Siguió así luego de varios años, hasta que el 1 de marzo de 2009, el ex seminarista les contó el porqué de su actuar. “Fue una situación muy tensa donde estábamos los 3 y le hablamos de su actitud y su forma... Ahí explotó y dijo: ‘Es que ustedes no saben lo que me ha pasado. Cuando estuve en el Seminario, el padre Hernán me violó’. Y ahí a nosotros se nos vino el mundo abajo”, relata el papá.

El día después de su confesión, los padres se dirigieron a la Fiscalía de Concepción, pero no los atendieron. Les dijeron que no les correspondía, ya que cuando ocurrieron los hechos, la Reforma Procesal Penal estaba en período de transición (2002). Por lo tanto, fueron a la Policía de Investigaciones (PDI) a presentar la denuncia y la justicia actuó por oficio, es decir, decidió cómo llevar la causa. El caso fue acogido por el Juzgado del Crimen de Concepción y los citaron a declarar, pero su hijo se mantuvo en silencio.

En abril del mismo año, presentaron una denuncia en el Arzobispado y se entrevistaron con Ricardo Ezzati. El papá del menor asegura que el arzobispo les pidió que no le contaran a nadie sobre la investigación. “¿Por qué tanto misterio?”, se cuestiona el denunciante.

Años después, a través de un comunicado, el Arzobispado de Concepción declaró que efectivamente se llevó a cabo una investigación luego de recibir la denuncia en 2009, explicando que se “instruyó una investigación previa con la que no se pudo concluir la existencia de un delito ni la participación del denunciado en la misma”, y que esta era “conocida por la justicia civil”.

[caption id="attachment_388033" align="alignnone" width="2560"] Arzobispado de Concepción.[/caption]

Reapertura de la causa eclesiástica y penal

En julio de 2018, el tema resurgió por la carta que el padre de la presunta víctima publicó en el medio Sabes narrando los hechos que le habrían ocurrido a su hijo. El origen de su motivación fue la llegada del monseñor Charles Scicluna a Chile, quien se encontraba investigando casos de abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. “Esta es la oportunidad de que se haga justicia con lo mío”, fue el pensamiento que tuvo el denunciante en ese momento.

Sin embargo, cuando le notificaron que se iba a llevar a cabo una nueva investigación canónica, hubo algo que le llamó la atención. “Me informaron que iban a poner un investigador de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y le envié una carta al nuncio diciéndole que eso no me parecía bien porque no me daban la certeza de que iba a ser objetivo”, cuenta el padre. Sus sospechas se debían a que Hernán Enríquez era docente en esa universidad. Por este motivo, se envió en cambio a dos sacerdotes de Temuco para hacer la investigación a fines de 2018.

Cuando se hizo pública la denuncia, los miembros de la Federación de Estudiantes de la UCSC se encontraban de vacaciones, pero solicitaron el retiro de Enríquez de la Universidad apenas se enteraron de lo sucedido. La sorpresa fue grande cuando volvieron a clases y Hernán Enríquez aún no había sido desvinculado del todo. “[Solo] de sus facultades de docente nada más, no lo habían sacado ni de la Universidad y seguía como capellán”, recuerda su entonces presidente, Joel Arroyo. Actualmente el padre Hernán Enríquez se encuentra suspendido de sus funciones académicas al igual que de sus labores sacerdotales mientras dure la investigación canónica, de la cual se cumplen dos años sin mayores avances.

El caso se volvió a retomar y el ex seminarista quiso hablar. Conversó con los sacerdotes que dirigían la investigación e incluso fue a declarar a fiscalía, hecho que fue confirmado por la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena, según señaló una nota del medio Sabes de agosto de 2018.

“¡Imagínate! El 2018, lo que nunca antes hizo, lo hizo ahora”, enfatiza el papá. Su hijo finalmente decidió declarar porque se sentía apoyado por las víctimas de abuso eclesiástico que estaban saliendo a la luz, asegura.

Por tercera vez en el mismo año, la presunta víctima debía dar de nuevo su testimonio. “Mi hijo no fue a declarar a tribunales, fue solo a la fiscalía. No entendía por qué tanta cosa”, explica el denunciante.

Lo que sintió no es un caso aislado. Según la primera Encuesta Nacional de Victimización Secundaria de 2014, 2 de cada 5 víctimas sexuales encuestadas experimentaron este fenómeno. El marco conceptual del estudio indica que “para el caso de víctimas de delitos sexuales la victimización secundaria puede ser motivada por falta de sensibilidad en el trato” o “producto de actitudes tendientes a culpar y/o responsabilizar a la víctima”.

Helmut Kramer, vocero de la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Chile, explica que la victimización secundaria es algo muy común en víctimas de abuso eclesiástico. “Tiene un montón de implicancias personales, donde tengo que ir a contar el relato a la justicia chilena y te piden el más mínimo detalle. Y después ir a contar lo mismo ante el investigador canónico, lo cual es re victimizante”, señala el vocero.

El 24 de septiembre de 2018, el Juzgado de Garantía de Concepción remitió los antecedentes al 1° Juzgado Civil de Santiago. Esto fue tras declararse “incompetente” para conocer los hechos de la investigación debido a que los sucesos denunciados ocurrieron en la legislación anterior a la Reforma Procesal Penal, la cual puso fin al Juzgado del Crimen en el que se encontraba la causa penal de 2009.

Finalmente, la causa fue radicada al Primer Juzgado Civil de Concepción, que es el continuador legal del Ex Juzgado del Crimen de la ciudad, según una nota del Diario Constitucional. Esto significa que lleva todas sus causas antiguas. Bajo este poder, el 10 de enero de 2019 determinó cerrar la investigación penal debido a que el ex seminarista no ratificó su denuncia en la corte.

Sin embargo, 2 meses después la Corte de Apelaciones dictó un sobreseimiento temporal luego de que la Fiscalía Judicial lo sugiriera, según señaló una nota de Radio Bío Bío. Lo anterior permite que, si se llegaran a encontrar nuevos antecedentes, se podría reabrir la investigación a futuro.

Hoy el caso se encuentra en desarrollo en la Fiscalía Regional del Biobío, según indica su asesor comunicacional, Enrique Peña. Sin embargo, no es de conocimiento público qué nuevas pruebas han sido encontradas para reabrir la investigación.

Por otro lado, de acuerdo a información entregada por el padre del ex seminarista, Hernán Enríquez apeló a Roma en 2019 para abrir un proceso eclesiástico. Esto ocurrió luego de que la investigación de los sacerdotes de Temuco estableciera que existían indicios de verosimilitud en la denuncia.

La presunta víctima declaró ante la Iglesia por última vez en septiembre de 2019. Han pasado 10 meses y aún no obtienen respuestas ni una actualización del caso. Frente a esto, el Vicario General del Arzobispado de Concepción, Pedro Gómez, explicó que “el proceso no tiene plazos definidos, depende del instructor, que seguramente por el tema del Coronavirus será más lento”.

Además de la pandemia, existe el factor de la falta de sacerdotes con el tiempo necesario para dedicarse de lleno a este tipo de situaciones. El abogado de derecho canónico, Camilo Cortés, explica que “no hay un elenco de curas instructores, se designa a medida que alguien esté disponible, sea serio y tenga tiempo. Como hay carencia de curas, uno las hace todas. Es juez, es párroco, es capellán y profesor”.