Las últimas semanas, mientras se fraguaba una de las mayores derrotas políticas de un gobierno que de por sí ha sido poco exitoso, la derecha, los gremios empresariales y el ultracentrismo insistieron en un nuevo “relato”: la democracia está en peligro.

Fue un intento paradójico, pues ante los ojos de cualquiera y pese al distanciamiento social, en las últimas semanas hemos asistido a un periodo de politización social y a un Congreso más vivo de lo que vimos en décadas. Ante un gobierno ausente e indolente, en el Parlamento se discutieron un conjunto de proyecto de interés público y en beneficio directo de las grandes mayorías mientras que, en televisión, el grueso de los programas abandonaron los contenidos de farándula para dar paso a la discusión política al mismo tiempo que en los canales de la Cámara y el Senado los parlamentarios discutían ante audiencias inéditas. Pero a pesar de eso, la derecha acusa no solo el riesgo al que estaría expuesta la democracia actualmente, sino que, como dijo Ena Von Baer en su intervención sobre el retiro del 10%, debíamos recordar ese momento como uno en el que se ha “roto la institucionalidad chilena y dañado profundamente la democracia".

El juego retórico al que nos enfrenta la derecha no es menor. Tal como el 2002 en Inglaterra Margaret Thatcher planteó que su logro más grande fue el “nuevo laborismo y Tony Blair”, en Chile podríamos decir que el mayor logro de la dictadura (o de Jaime Guzmán) fue la gestión de la Concertación (y sí, quizás, Ricardo Lagos). Así, tras cuarenta años de hegemonía total de su proyecto histórico -el neoliberalismo- en nuestro país, lo que hoy día este sector doctrinario y ultraconservador de la derecha nos plantea es una supuesta equivalencia u homogeneidad entre este proyecto y la idea misma de democracia. Así, si se cuestionan los pilares neoliberales, como las AFP, se cuestionaría la democracia.

Lo que en realidad está en crisis no es la democracia, es la derecha y su proyecto político. Esta crisis empezó a cuajar tras el 18O, pero alcanzó niveles inéditos en estas semanas al comenzar a discutirse aspectos troncales del proyecto de sociedad que defienden. Así, al desfondarse políticamente, quedando sus ideas al margen de lo que la sociedad está dispuesta a tolerar, la derecha comienza a echar mano a viejos argumentos, homologando la crisis de su proyecto con la ruptura institucional.

En esa clave se puede leer, por ejemplo, a Marcela Cubillos, que el 12 de julio publicaba en su cuenta de Twitter: “volvieron los resquicios, de triste recuerdo. Con su actuar se podría violar siempre la inciativa exclusiva del Pdte haciendo reformas Const (sic) en vez de leyes”; o las intervenciones de Jacqueline van Rysselberghe y Allamand en el Senado haciendo referencia a que este proyecto era un “resquicio de la izquierda” o “un resquicio constitucional”.

Este juego retórico no es menor. La última vez que se utilizó sistemáticamente el concepto de los resquicios constitucionales para enfrentarse a un proyecto político que amenazaba explícitamente sus intereses, fue durante la Unidad Popular. Es más, parte importante de la justificación política que la derecha dio al Golpe de Estado se ancló precisamente en la supuesta utilización de los resquicios legales utilizados durante en el gobierno de Allende para dañar principalmente el derecho de propiedad.

Si bien pueden encontrarse una serie de ejemplos al respecto en los escritos de la época, las actas de la comisión Ortúzar (encargada de redactar el anteproyecto de la constitución de 1980) son muy elocuentes al respecto. Así por ejemplo en el memorandum emanado en noviembre de 1973 se indica que “Igualmente, se contemplarán normas destinadas a evitar y sancionar los procedimientos fraudulentos, arbitrarios e ilegítimos y los resquicios del ordenamiento jurídico que utilizó el marxismo para burlar nuestra institucionalidad; violar reiteradamente las garantías constitucionales, desconocer las atribuciones de los demás poderes del Estado y destruir nuestra economía y la convivencia pacífica de los chilenos”. Esta misma idea se repite en 1974, cuando la Comisión Ortúzar recibe a una delegación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (sesión 57a) y en una larga explicación el mismo Ortúzar despliega una argumentación justificatoria del Golpe precisamente en base al quiebre institucional empujado por la UP, principalmente mediante el uso de estos “resquicios”. Es claro que la utilización de esta idea hoy no es inocente.

Lo que está haciendo la derecha, a través de declaraciones como la del “quiebre institucional” de Von Baer o la retórica de los “resquicios legales”, es reabrir la herida e intentar rememorar el período previo al Golpe, planteando en la práctica que la situación actual de trastocamiento de algunas de las estructuras centrales del orden neoliberal tiene características equivalentes a las que a ese sector le parecieron suficientes en su momento para acabar con la democracia de golpe. Se trata de una apelación amenazante a la fuerza, que nos recuerda la absoluta vigencia del pacto orgánico entre la oligarquía y las Fuerzas Armadas, en un contexto en el país ni siquiera ha logrado enfrentar (mucho menos reparar) la grave crisis de DD.HH. iniciada por Piñera desde octubre pasado, que al menos cinco informes internacionales señalan es la peor que ha vivido el país en décadas. Lo que plantea esta amenaza oligárquica en realidad es que la democratización de Chile limita con sus privilegios: si esta democracia se mete con ellos, entonces la democracia misma es la que se pone en riesgo.

Mirado en un contexto global, esta amenaza no es una novedad, y ahí están los casos de Grecia, Bolsonaro en Brasil o el gobierno de Trump en EE.UU. para demostrarlo. La historia reciente muestra que cuando el proyecto oligárquico neoliberal (representado en Chile principalmente por la UDI y otros sucedáneos) entra en crisis, sus exponentes han tendido a decantar al autoritarismo. De ello ya hemos visto señales de eso y no por nada llevamos 4 meses con un toque de queda probadamente inútil.

Debemos hacernos cargo de que evitar la salida autoritaria implica tomar el camino contrario: radicalizar la democracia, abrirla. Esto implica una reconceptualización de ella que debe ocupar un lugar central en nuestros proyectos políticos, acabando con la noción despolitizada de la democracia de los acuerdos y entendiéndola como una democracia popular, viva y que ponga en juego los elementos centrales de la vida en común, sin institucionalidad intocable. Los procesos que están abriéndose, entonces, se están pareciendo a una democracia, pero esta democracia debemos defenderla y profundizarla.