La Corte Suprema ordenó al estado pagarle $100 millones a Maritza García Salvatierra por el “trato indigno” que recibió por parte de Gendarmería hace una década atrás cuando se encontraba embarazada.

La historia fue a dada a conocer en un reportaje publicado este domingo por La Tercera, en el cual se detalla el ingreso de la mujer a la Cárcel de Mujeres de San Miguel, ex Centro de Orientación Femenino (COF) y cómo enfrentó la etapa final de su cuarto embarazo.

A Maritza la tomaron detenida en su casa, ubicada en la comuna de Recoleta, tras un allanamiento de la PDI donde  encontró casi un kilo de cocaína. Aunque ella alegó inocencia, según se explica, quedó en prisión preventiva el mismo día en que estaba programado el nacimiento de su cuarto hijo.

Ya estando en la cárcel, una gendarme anotó en su hoja de vida que cursaba su séptimo mes de embarazo y, además, que padecía diabetes, una condición para incluirla dentro de las pacientes de alto riesgo. Según el relato de La Tercera, ahí fue cuando le asignaron una pieza en un lugar especial donde eran derivadas las mujeres embarazadas privadas de libertad. 

Luego de ser enviada al Hospital Barros Luco y una vez de regreso en el recinto penitenciario, ya no quedaban camas disponibles en el módulo. Ahí fue cuando la mujer, quien había parido hijo muerto en el hospital, tuvo que recostarse en el suelo hasta que otra mujer más mayor le ofreció su cama, según señala el reportaje. “No hay momento en que yo no piense en mi hijo y todo lo que pasé estando presa, siendo inocente, y nadie me escuchó. Ese gesto de esa abuelita fue una de las únicas luces de humanidad que viví en el encierro”, comentó la mujer a ese medio.

Con el tiempo decidió iniciar una acción legal junto a dos abogadas, para que el Estado la indemnizara por los malos tratos sufridos en esa época.

Finalmente, 19 de junio pasado, la Tercera Sala de la Corte Suprema estableció que Gendarmería incurrió en la falta de servicio que se le imputa, pues "ni ella ni su personal han demostrado haber cumplido con las prescripciones médicas que debía seguir la actora, contando para ello con los recursos materiales y humanos". Algo que, indican, es más reprochable aún y "lleva a establecer que actuó por debajo del estándar que le era exigible ante la situación de embarazo de alto riesgo de la demandante, durante su privación de libertad y estado de gravidez, actitud omisiva y de total falta de diligencia, que significa que no se cumplió con el deber jurídico de cuidado de la salud de la señora García ni de su hijo que estaba por nacer”, señala la sentencia.