“Yo pensé que igual iban a pelear para que no me pagaran, que iban a tratar de desmentir todo lo que dije, pero nunca pensé que iban a llegar a esto. Me descolocó completamente cuando me lo contó mi abogado”, asegura Evelyn Quezada, luego de enterarse que el Municipio de Providencia decidiera interponer un recurso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional, intentando dejar sin efecto la denuncia que hizo respecto a que la habrían obligado a infiltrarse en la Primera Línea y entregar información sobre los manifestantes que acudían a Plaza Italia durante el estallido social.

El requerimiento, acogido el 23 de junio por el órgano en cuestión, pretende que el recurso presentado por vulneración de derechos fundamentales, atendiendo al daño ocasionado a la intregridad física y síquica de la denunciante, no sea considerado debido a supuestas incompatibilidades, debido a que los juzgados laborales no serían los tribunales adecuados para resolver el caso.

Una maniobra que buscaría, según el abogado de Quezada, Mariano Hernández, tratar de evitar que la demanda sea conocida por el tribunal correspondiente, en este caso el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, intentando evitar la realización del juicio.

“El tribunal constitucional no es un tribunal independiente. La mayoría de sus miembros son nombrados por el ejecutivo, la Corte Suprema y otros por la Cámara de Diputados, tornándose un tribunal netamente político. La estrategia de la municipalidad, en el fondo, es desvirtuar los hechos y no responder al tema de los abusos laborales”, explica el abogado de la ex funcionaria.

La jugada

Antes de transformarse en una suerte de policía secreta de la municipalidad de Providencia, Evelyn Quezada se desempeñaba como inspectora fiscalizando áreas verdes, supervisando obras y gestionando contratos con empresas externas. Todo hasta el 19 de noviembre del año pasado cuando su jefe directo, Felipe Frez, en ese entonces encargado de planificación en el municipio, le ordenó infiltrase en las manifestaciones ocurridas en la denominada Plaza de la Dignidad.

Pese a encontrarse con fuero maternal y plantearle a la directora de Fiscalización, Ivonne Johansen, su intención de abstenerse de trabajar como espía en la zona cero del estallido social, esta le habría respondido que tenía que “jugársela, demostrar que hacía bien la pega y que considerara que el contrato (a honorarios) acababa pronto”.

[Te puede interesar] https://www.eldesconcierto.cl/2020/02/06/los-espias-de-matthei-en-la-primera-linea-ex-funcionaria-demanda-a-providencia-por-obligarla-a-infiltrarse-en-plaza-de-la-dignidad/

“Esto se tradujo, en la práctica, en enviarme a distintas zonas que fueran foco central de la contingencia nacional, principalmente Plaza Baquedano, con el fin de que yo me infiltrara en la Primera Línea entre los manifestantes para obtener información”, comentó Evelyn Quezada en un reportaje publicado por El Desconcierto a principios de febrero de este año.

“Toda esta información –agregó en la ocasión– iba directo a la alcaldesa Evelyn Matthei”.

Quezada está convencida que la estrategia del municipio –pese a tener audios que respaldan sus acusaciones– busca desprestigiar sus argumentos. “Quieren dejarme de mentirosa, aunque existen pruebas de una reunión donde se daban órdenes y se entregaba información. Pero aunque no gane el juicio, lo que sale en los audios es real y lo hice para demostrar lo que estaban haciendo. Nunca pensé que podían llegar a esto”, aclara.

[caption id="attachment_382945" align="alignnone" width="581"] Evelyn Quezada, cubriendo su rostro tal como lo hacía en Plaza Dignidad.[/caption]

Desde el municipio, en tanto, aseguraron a El Desconcierto que en su calidad de ex funcionaria municipal, Evelyn Quezada estaba sujeta al Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales de acuerdo a la Ley N° 18.883, presentando ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago un requerimiento de autodespido “sin que esta Corporación haya adoptado decisión alguna en aquel sentido”.

La acción judicial, agregan desde la alcaldía, es “un procedimiento especial, contemplado en el Código del Trabajo, que regula las relaciones laborales en el sector privado entre trabajadores y empleadores; sin embargo, sus normas no son aplicables a los funcionarios públicos y municipales, según lo dispone expresamente el artículo 1° inciso segundo del propio Código del Trabajo”.

Para Mariano Hernández, abogado de Quezada, resulta llamativo que no existiendo aún sentencia del Juzgado del Trabajo, se solicite la intervención del Tribunal Constitucional. “Es posible que se estén adelantando a la jugada o, simplemente, tratando de evitar que esta demanda sea conocida por el tribunal correspondiente en el caso de vulneración de derechos fundamentales, o sea, un tribunal imparcial como el Juzgado de Letras de Santiago. Porque si se llegase a aceptar, podría quedar sin efecto la tramitación, y habría que iniciar nuevas acciones jurídicas”, señala.

Luego de su salida del municipio, Evelyn Quezada no ha vuelto a tener un trabajo estable. Continúa estudiando servicio social y ha tenido que rebuscárselas trabajando de colera en la feria y vendiendo productos en internet para mantener a sus hijos. “Ha sido bastante sucio todo esto.Yo soy una ciudadana cualquiera que busca que le respeten sus derechos laborales y ahora me veo enfrentada al Tribunal Constitucional. Es una bajeza, pero no me esperaba menos de Matthei. No ha sido fácil, pero seguiré luchando hasta el final”, concluye.