A nivel poblacional, la medida fundamental para controlar la propagación de una epidemia es el aislamiento de quienes pueden trasmitir la enfermedad. Para que sea efectiva, dicho aislamiento debe ser completo durante el tiempo que dure la posibilidad de contagiar. Una enfermedad que se trasmite por el contacto de nuestras manos con nuestra cara, luego de tocar superficies contaminadas, requiere aislar rápidamente a estas personas que pueden contagiar de sus familiares o sus compañeros de trabajo. Es en estos espacios de interacción estrecha que se produce la mayor parte de los contagios. A su vez, estas personas, que podrían haberse contagiado, también requieren ser cuarentenadas por precaución. A pesar de los intensos debates provocados por la reciente estrategia de confinamientos masivos, basados en modelos matemáticos, separar a quienes pueden contagiar del resto sigue siendo la base del control de epidemias.

Cabe entonces preguntarse si están dadas las condiciones para que una persona y sus contactos se separen del resto cuando detectan que están en riesgo de trasmitir la enfermedad a otras personas. Aquí nos topamos con un gran impedimento: la confirmación de un caso debiera llevar a aislar inmediatamente a dicha persona y a todos sus contactos estrechos. El problema es que, al no existir sistemas reales de apoyo que les permitan a dichas personas mantenerse en aislamiento estricto, tanto en cuanto a la alimentación como al cuidado de la familia o la mantención del empleo, hay un gran desincentivo para que una persona se declare enferma.

Ser catalogada como “PCR positivo” quiere decir que ni la persona ni su entorno tendrán acceso a ningún tipo de autorización para salir, sea a obtener un sustento o incluso meramente a comprar. Al no contar con un sistema de protección, dichas restricciones, necesarias desde el punto de vista sanitario, se convierten en un incentivo para ocultar los síntomas. En una enfermedad donde muchas personas son asintomáticas o presentan sintomatología de un simple resfrío, quienes poseen menos recursos tienen un incentivo a ocultar esos síntomas y “seguir adelante”. Si el Estado restringe indiscriminadamente los movimientos de todas las personas y estos movimientos dependen de criterios policiales y no sanitarios, si se aprueban leyes que penalizan a las personas que incumplen la cuarentena (la verdadera cuarentena, aquella que aísla a quienes pueden contagiar), pero no se les da facilidades para sobrevivir, si el seremi de Salud amenaza con sumariar a los trabajadores que se contagiaron en una construcción… sólo podemos esperar que la gente más desfavorecida huya del diagnóstico. La gran limitación al acceso a exámenes en las personas de menores ingresos colabora también en esta falta de detección y, por tanto, de medidas de control.

Pero este desincentivo no actúa sólo a nivel individual o familiar. Hemos sabido de varios casos de empleadores, e incluso de los propios compañeros de trabajo, que presionan a la gente que siente que podría estar en riesgo, sea por presentar sintomatología leve o por haber tenido contacto estrecho con una persona diagnosticada, para que no recurran a las mutuales o centros de salud. Un diagnóstico de Covid confirmado en una empresa implica cuarentenar a los contactos y, eventualmente, dejar de funcionar por el período que dure la cuarentena para ese grupo de trabajadores. Sin ayuda para salir adelante, la tentación de los propietarios y de los compañeros de trabajo es no llegar a una confirmación, que la persona se aguante los síntomas y seguir funcionando.

Las medidas de aislamiento sí son necesarias. El problema es que sin apoyos a quienes debieran asumirlas, se hacen impracticables. En un país con la precariedad laboral que tiene Chile, con una proporción significativa de la población que ya estaba apenas sobre la línea de la pobreza antes del estallido y la pandemia, el confinamiento masivo no hace más que agravar la situación.

Desafortunadamente, las residencias sanitarias, una estrategia que (aunque implementada tardíamente) podría haber ayudado a esta separación de sanos y enfermos, presenta importantes barreras de entrada, partiendo por largos y confusos procesos de selección y de confirmación diagnóstica, con instrucciones confusas para los equipos, alcanzando a una proporción muy baja de quienes requieren.

Tampoco se ha conseguido resolver los problemas prácticos de la gente que no puede simplemente desplazarse a una residencia, dejando sólo al resto de quienes habitan la misma casa, cuando dependen de esta persona.