La venta de bienes de instituciones públicas por necesidades de financiamiento ha sido el argumento empleado por gobiernos para privatizar empresas y servicios públicos y disminuir el tamaño del Estado. Lo hizo el régimen militar luego de la crisis económica de 1982 para disminuir el déficit fiscal, privatizando las empresas públicas. Uno de sus resultados fue que sus altos ejecutivos se quedaron con su control (Cap, Endesa, Chilectra, Instituto Seguros del Estado, ISE, SQM, etc.).

Esta justificación la dio en su momento el alcalde Joaquín Lavín, entonces edil de Santiago, para vender los derechos de agua de la ciudad.

TVN estaría iniciando este camino. El directorio ha puesto en venta el terreno y su edificio corporativo, de 57.500 metros cuadrados construidos  y un terreno de 27,000 metros cuadrados. Con ella busca paliar la difícil situación financiera que tiene. Ha comenzado a vender otras propiedades, en Magallanes y en Santiago, con la misma finalidad.

La venta (con posibilidades también de arriendo) constituye una interesante oportunidad de negocios para el sector inmobiliario y de la construcción, muy debilitado, como otros, por la pandemia.

La situación financiera de TVN es muy difícil. La presidenta del directorio, Anita Holuigue, la resumió en una entrevista de prensa: “La actual administración de TVN recibió un canal con respirador, fruto de malas administraciones anteriores que malgastaron los recursos de todos los chilenos y entregaron a los bancos la propiedad de todas sus instalaciones, en Santiago y regiones, para seguir gastando lo que no tenían. De hecho, la propiedad del edificio corporativo de Bellavista es del Banco Santander desde 2007. Estamos trabajando para que TVN vuelva a respirar por sí mismo, con contenidos que dignifiquen la televisión pública, y para eso no necesitamos 100 metros cuadrados por persona” (La Tercera, 18 de junio de 2020).

El gobierno ha guardado silencio sobre la crisis de TVN. La única señal que ha dado es permitirle que se siga endeudando con los bancos con el aval del Estado. Esa no es una solución. El directorio y sus altos ejecutivos no pueden estar presionados por la gimnasia bancaria. Sus energías deben dirigirse a conseguir los mejores programas para seguir adelante en su lucha por el rating.

En verdad, a un amplio sector de la derecha nunca le interesó que Chile tuviera una televisión pública. Esta posición fue asumida en 1990 por personalidades de la Concertación, para los cuales la mejor comunicación era “no tener comunicación” (Eugenio Tironi dixit) pública y, por ello, no tener un canal público.

El silencio está no sólo en el gobierno; también en los partidos y en el Congreso. Hasta en las universitarias estatales hay aceptación del camino de TVN. En el caso de la Universidad de Chile, el ex rector, Víctor Pérez Vera, propuso un negocio que sería beneficioso para el Estado y para la universidad. En una carta a un medio escrito planteó: “Me permito proponer a las autoridades de gobierno y del Parlamento que, con el aval del Estado, se venda ese edificio a la Universidad de Chile, con un crédito blando a 30 años, para instalar ahí el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), incluyendo US$ 10 millones para su habilitación. La universidad, a su vez, podría vender al Estado su señero y emblemático edificio en el Parque Forestal, de modo de ampliar y dignificar el Museo Nacional de Bellas Artes. Chile necesita, hoy más que nunca, preservar y relevar su memoria histórica y su patrimonio cultural”.

La hora de “los privados”, como los únicos que hacen posible avanzar al desarrollo económico, ha terminado. Ese planteamiento perdió legitimidad. Chile cambió desde el estallido social del 18 de octubre del 2019. La ciudadanía se movilizó por los abusos de empresas (La Polar); por la mala gestión de empresas que proveen bienes públicos (agua, energía); por la colusión de precios (farmacias, pollos, confortgate); contra las AFP porque entregan pensiones de hambre; contra la educación superior, por el alto costo del acceso a ella a través de créditos con aval del Estado (CAE), además que es de mala calidad; etcétera, etcétera.

Hoy no se justifica la ley de TVN de 1992, que no le dio financiamiento del Estado. Debe recurrir al avisaje, al igual que los canales privados. No siguió la experiencia de los países europeos, que tienen uno o dos canales estatales que cuentan con financiamiento del Estado. Este sistema también dañó a los canales de las universidades, que arrastraban deudas desde la dictadura y terminaron vendidos a los privados.

El cambio de Chile desde el 18-O está ocurriendo en el sistema público de salud, reforzado en las últimas semanas para enfrentar el Covid-19, con la adquisición de equipos, contratación de personal y por el ímpetu admirable de servicio público y de solidaridad que han tenido los funcionarios de la salud.

Es un avance hacia un Estado de Bienestar, que debe seguir con el nuevo sistema de pensiones, basado en la solidaridad y el bien común y no en el individualismo y el lucro.

Debe continuar con TVN.

Ello comienza con que el Estado le proporcione un financiamiento base y estable. Lo tienen las Fuerzas Armadas para la función de seguridad externa, que es indispensable. ¿No es también indispensable un canal de televisión? El Estado debe hacerlo para asegurar el pluralismo en un medio de comunicación tan poderoso como la televisión y que debe tener autonomía respecto del poder económico. Los canales privados son controlados por los principales grupos económicos o por un consorcio extranjero (Chilevisión). Los otros medios de comunicación son privados. El Estado no tiene radios, a diferencia de Alemania y Gran Bretaña.

No se trata de seguir disminuyendo el tamaño del Estado para entregarle funciones públicas a los privados. El Estado debe asumir las tareas que abandonó por la vorágine neoliberal y por  la visión financierista de las políticas públicas, que se preocupa sólo de cuánto cuestan, sin distinguir su relevancia.