Se enfrentan semanas duras en el país con cifras de contagios que continúan elevándose y, pese a las medidas que buscan restringir el desplazamiento, las cifras demuestran que estas han sido muy poco efectivas. La movilidad solo se ha reducido un 35% en la Región Metropolitana, según informó un estudio de la Universidad de Chile, y precisamente son los traslados laborales los que se alzan como principal motivo.

Para regular este desplazamiento comenzó a regir el Permiso Único Colectivo para las empresas que solo presten servicios esenciales. Cada solicitud, a través de la Comisaría Virtual, permite el registro de 40 trabajadores con vigencia por siete días seguidos. El permiso se habilitó el 15 de junio y, según informó la Dirección de Orden y Seguridad de la institución, al 17 de junio, eran 64.856 empresas las que habían requerido el documento para más de un millón y medio de empleados. Cifras que explican uno de los factores más relevantes de la movilidad en la ciudad que no ha permitido aminorar la curva de contagios.

La última versión del instructivo para permisos de desplazamientos fue actualizado el 19 de junio e indica que estos permisos colectivos solo serán aplicables en una primera etapa para trabajadores de empresas consideradas servicios de utilidad pública, seguridad y prensa. Y en el listado considera más de 30 actividades, entre ellas, el suministro de energía y servicios básicos, abastecimiento de alimentos, servicios funerarios, bancarios, de aduanas, veterinarios, entre otros.

Sin embargo, durante estos días se dio a conocer la manera "tramposa" con que están operando algunas empresas que han alterado el giro de actividades para no paralizar sus funciones en medio de la pandemia.  La información fue publicada por la periodista Alejandra Matus, a través de su Twitter, y enumeraba al menos siete empresas que están operando de esta manera engañosa.

Situaciones que se repiten según los testimonios que se recogen a continuación donde se muestran las evidentes diferencias en los giros declarados por las empresas contraviniendo las normas sanitarias.

¿Servicios de utilidad pública?

Es el caso de la imprenta Comercial Gráfica Millantué, ubicada en la comuna de Independencia, que solicitó un permiso en el rubro de "supermercado" con vigencia hasta la semana pasada. Como lo indica uno de sus trabajadores, allí no realizan ningún trabajo directo para farmacias, supermercados o bancos que pudiera considerarse esencial. En esta empresa trabajan entre 20 a 25 trabajadores; incluso, hay personas jubiladas que lo han seguido haciendo en estos meses. “Lo hacen por necesidad económica”, explica el trabajador que prefirió mantener su identidad reservada. Estaba la posibilidad de acogerse al seguro de cesantía, pero muchos tenían temor de perder el empleo si lo hacían.

En cuanto al detalle de sus actividades y cómo se ha desarrollado durante estos meses, asegura que el rubro de la imprenta ha bajado mucho. "Los de taller hacen los trabajos que han ido llegando y los de despacho los que salen diariamente. En estos meses eso se ha reducido a uno o a dos diarios", cuenta el mismo trabajador. Dentro de estas rutinas, se considera un trabajo para otras imprentas, por ejemplo, a una compañía que hace trabajos a Falabella, Baldrich, que generalmente se recepciona a mediados de cada mes y, según indica, no se extiende por más de cuatro días. "Alegan que son primera necesidad por que le hacen unos blocks a Prosegur que son recibos de dinero, pero ese trabajo se hace una vez al año", detalla sobre la respuesta de sus empleadores. En estos meses la empresa también suspendió las actividades por algunas semanas por la cuarentena y luego retomó las funciones con el equipo.

Consultado su gerente general, Francisco Rojas, explicó que, entre otras cosas, la empresa estaba elaborando formularios para el Registro Civil y para hospitales que calificaban para ellos como primera necesidad. Aunque desde los trabajadores indican que estos no son trabajos que se repitan todos los meses y que representan una parte menor. "Guardamos trabajos en bodega para hacerles entregas parceladas a estas entidades", asegura un empleado. Y otro agrega: "Para el Registro Civil se hacen las actas de nacimiento, de defunción, ese trabajo es solo una vez al año. También se hacen de vez en cuando unas boletas para el J.J. Aguirre".

Por otro lado, lo más cercano que incluye el instructivo del gobierno, en cuanto a servicios de utilidad pública, es el "permiso para personal que preste servicios destinados a la producción, elaboración y entrega de alimentos a instituciones públicas y a aquellas que prestan servicios para las mismas" y no el rubro anterior.

Otro caso es el de la empresa Envases Visopack Limitada, ubicada en la comuna de Maipú, dedicada al rubro del plástico, que solicitó el permiso también como supermercado y abastecimiento. Como lo detallan en su página web la mayor parte de sus envases se encuentran en los empaques de cosméticos, paquetes de galletas, cajas de bombones, estuches de escobillas, cajas plásticas para comida, entre otros. A esto se suman blister para envasado de pastillas para el baño, algunos envases para laboratorios, como el viadil, envases para tortas, muffins. "Yo no sé si esto sea primera necesidad, para mí, los productos que fabricamos son gustos que uno se da", pone en duda una fuente desde adentro.

Con respecto a su funcionamiento, señalan que suprimieron el turno de noche para no transgredir el horario de toque de queda, aumentaron los turnos de colación para evitar aglomeraciones en el casino y suspendieron por un tiempo el bus de acercamiento para evitar contagios. A través de la encargada de Recursos Humanos, Claudia Ramírez, indicaron que se trataría de un servicio esencial porque distribuyen estos productos a más de 200 proveedores, como cadenas de supermercados que no quisieron especificar.

Con el permiso que se muestra a continuación, están asistiendo cerca de cien trabajadores a esa fábrica.

La empresa Samsonite, ubicada en Pudahuel, tiene un giro de fabricación de maletas, bolsos de manos y similares, artículos de talabartería y guarnicionería, carteras. Sin embargo, el mes pasado solicitó permisos colectivos argumentando que cumplirían funciones de vital importancia para la compañía, como la distribución de productos para el estado y para el comercio.

"[Los productos] no se fabrican aquí, se importan y distribuyen. Debe haber no más de 15 personas trabajando en el lugar, con reducción a media jornada diaria.  Los administrativos de casa matriz que están trabajando con home office", explica una trabajadora. En este momento, añade, las actividades están realizando la preparación de pedidos de e-commerce y ventas a grandes tiendas, también la preparación de pedidos.

Entre los trabajadores que se han presentado de manera presencial se han registrado casos positivos, algunos se acogieron a la Ley de Protección al Empleo para suspender los contratos.

Una situación que también se observa en el caso de la construcción del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, como lo denunciaron desde las propias comunidades. Las obras han continuado, incluso, en horarios de toque de queda durante estos meses de emergencia. El vocero de la Red No Alto Maipo, Anthony Prior, explica que recibió 16 Permisos Únicos Colectivos, entre el 21 y el 28 de junio, para que movilicen alrededor de 1.500 trabajadores. "Hemos constatado lo que venimos denunciando hace mucho y vamos a presentar una denuncia por la infracción al artículo 318 del Código Penal que establece sanciones a las personas y empresas que vayan en contra de la normativa vigente", precisó el dirigente, aclarando que si bien existen las empresas esenciales que suministren energía, este proyecto no la está generando dado que está en construcción.

https://twitter.com/Prior_Carvajal/status/1275514649912520707

Así también, un trabajador que prestó servicios a la empresa Luxvial denuncia que trabajó en la construcción de un skatepark en Huechuraba y que esta empresa que lo contrató pidió el permiso a nombre de la compañía mandante, en este caso constructora Vespucio Oriente. Las obras siguen desarrollándose, según explica, y bajo este criterio se extendió el permiso a 50 trabajadores de la construcción, registrados en la siguiente lista.

De las empresas que denunció Matus, Enel es una de las que ha continuado con la construcción de algunos proyectos en medio de la pandemia. Es el caso del parque solar fotovoltaico Azabache, ubicado a 10 kilómetros de Calama. La compañía sostuvo que seguiría adelante con estas obras por el compromiso adoptado con el plan de descarbonización, dictando como norma la obligatoriedad de usar elementos de protección personal de manera permanente. El gerente general de Enel Green Power Chile, James Lee Stancampiano, además insistió en la necesidad de agilizar los permisos para continuar este tipo de faenas. “Con este objetivo, es importante que los procesos de autorización sean cada vez más ágiles para permitir que otros proyectos renovables sigan adelante, contribuyendo aún más al crecimiento sostenible y económico del país”, sostuvo en mayo pasado.

Ignacio Molina, dirigente del sindicato de Enel Green Power, confirma que estas obras están en curso, en total se contempla la instalación de 154.710 paneles bifaciales solares, principalmente, explica, por su ubicación en el desierto de Atacama. “Lo que la empresa ha hecho es aplazar todos los mantenimientos de las centrales que no sean de urgencia, para evitar movilizar a las personas”, explica.  Se le consultó a la empresa, a través de su encargada de comunicaciones cuántos trabajadores estarían en las faenas, sin embargo, no respondieron.

"Es abusivo"

"Esto da cuenta de la manera completamente abusiva de actuar de los empresarios en medio de las riesgosas condiciones que deben enfrentar los empleados", expresa el ex subsecretario del Trabajo, Francisco Díaz. A su modo de ver, la gran cantidad de trabajadores en "servicios esenciales" deja entrever posibles irregularidades. "Es una pésima actitud, poco solidaria y poco comprometida, una típica conducta de los empresarios de no dejar dinero arriba de la mesa. Prevenir el fraude es sumamente difícil y pensar que iban a existir empresas que cambian sus códigos tributarios para poder acceder a los permisos colectivos, habla de mentes retorcidas que no se dan cuenta de la emergencia sanitaria que está viviendo el país", sostiene.

Marco Kremerman, economista de la Fundación Sol, reconoce que esto da cuenta de un fenómeno que se ha observado durante muchas décadas en el país: "Si antes era la división de razones sociales que los grupos económicos utilizaban para pagar menos salarios, menos impuestos, para aumentar su tasa de ganancia. Si en otro momento fue la compra de empresas zombies y otro tipo de elusiones que permanentemente realizan para bypasear el sistema tributario, da cuenta que la sociedad chilena se rige por la tasa de ganancia". Prácticamente, sostiene, se dice que todos los gremios ahora son esenciales como un discurso que han tenido los grandes sectores empresariales como la CPC. "Uno se hace la pregunta: si la mayoría de los sectores son esenciales para el funcionamiento del país, entonces, ¿por qué se les paga tan poco?", problematiza.

En la misma línea lo manifiesta el abogado laboral de la Defensoría de las y los Trabajadores, Javier Pineda, quien asegura que estos "permisos ideológicamente falsos" demuestran que los empresarios siempre tienden a privilegiar sus ganancias, aunque eso signifique la vida de sus trabajadores. Desde ahí responsabiliza al gobierno: "Si la prensa no investiga estos temas, simplemente no fiscalizan. Además, ante la ley que permite a los empleadores suspender el contrato de trabajo sin pagar remuneración, muchos trabajadores, ante el miedo a no tener que comer, no contar con recursos para pagar el arriendo y las deudas o a ser despedidos, están prefiriendo trabajar arriesgando su vida".

Las denuncias han llegado tanto a la Dirección del Trabajo, a cargo de la directora subrogante Camila Jordán, como a la Intendencia Metropolitana. Esta última ha recibido desde el 23 de marzo a la fecha, 2.160 denuncias por irregularidades en el ámbito laboral. De ellas, el 50,4% responden a incumplimientos de las medidas sanitarias de las empresas, entre ellas los cambios de los salvoconductos que sumarían más de 850 casos, según indicaron a este medio.

Pese a eso, recién este martes las autoridades informaron sobre las medidas para tomar cartas en el asunto a raíz de las denuncias públicas. En una conferencia de prensa, la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. y el director general de la PDI, Héctor Espinosa, informaron sobre los números telefónicos habilitados para denunciar infracciones a la normativa, además de la plataforma Denuncia Seguro que recibirá información sobre estos delitos de manera anónima. Este lunes la PDI junto a la seremi de Salud fiscalizó la tienda de ropa Fashion´s Park, en su casa matriz de Conchalí, y también la empresa de cortinas Rollux por mal uso de los permisos.

Las multas por esta infracción van desde las 10 UTM, $503 mil, hasta las 60 UTM, $3 millones, dependiendo del número de trabajadores de la empresa: de 1 a 49 trabajadores, 10 UTM, de 50 a 199, 40 UTM, y 200 o más, 60 UTM. Asimismo, podrán ser sometidas a sumarios sanitarios por hasta 50 millones de pesos y sus responsables incluso podrían enfrentar penas privativas de libertad.