Afirmar que los municipios son la institución del Estado más cercana a la población y que la democracia tiene una deuda pendiente con ellos no es antojadizo, puesto que aun cuando son mediadores de derechos básicos como la atención primaria de salud, entre otros, su estructura, funcionamiento y atribuciones, requieren de una importante transformación que garantice, a lo menos, participación ciudadana temprana y vinculante, transparencia e innovación en la gestión, y autonomía para generar ingresos y definir gastos. Es decir, que no sólo sean administradores de las definiciones del nivel central, sino verdaderos gobiernos locales.

No es un secreto que los municipios han protagonizado buena parte del debate público en los últimos años. Esto, a condición de denunciar la precariedad en la que viven millones de chilenos, chilenas y migrantes en nuestros país y junto a ello proponer medidas que reviertan tal situación. Sin embargo, más allá de las voluntades políticas de las autoridades locales, es un dato de realidad que se encuentran muy limitados, develando la necesidad de generar cambios y así empoderarlos, no con un afán meramente “institucionalista”, sino que con la mirada puesta precisamente en las personas.

Es en este contexto que las empresas municipales pueden cobrar relevancia. Esta política pública implementada en la mayoría de países OCDE, no sólo ha significado aumentar niveles de recaudación de ingresos propios de gobiernos locales -cuestión que haría más sentido en este tiempos, donde la Asociación Chilena de Municipalidades estima un déficit de 900 mil millones de pesos para el 2020-, sino también que éstos gocen de mayor autonomía a la hora de destinar recursos considerando sus realidades particulares.

Para ello es necesario modificar del artículo 11 de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades a fin de eliminar el requisito de una ley de quórum calificado para autorizar a los municipios a desarrollar o participar de actividades empresariales, puesto que tal cuestión en los hechos imposibilita la realización de este tipo de iniciativas.

Tanto en el informe publicado por la OCDE en septiembre de 2017, llamado “Hacer que la descentralización funcione en Chile, hacia municipios más fuertes”, como en el trabajo realizado por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización y Desarrollo Regional, publicado en Octubre de 2014, se recomienda al Estado Chileno la implementación de esta política pública exitosa en diversos países.

Por ejemplo, Alemania cuenta con 8.418 empresas municipales, generando más de un millón de empleos y aportando el 86% del presupuesto en la administración pública, centrándose en áreas tan diversas como servicios de luz y agua, turismo o recolección de residuos domiciliarios y reciclaje, entre otras. Pero no es necesario mirar tan lejos para reconocer el éxito de este modelo: Colombia cuenta en la actualidad con 73 empresas de este carácter y en el 2018 “Empresas Municipales de Cali” (EMCALI) anunció su ingreso a la esfera de la energía solar, demostrando que la innovación en el uso de los recursos públicos es clave para mejorar las condiciones de vida de nuestra población.

Hoy, mientras los municipios pagan contratos millonarios a empresas privadas, que además brindan servicios deficientes, frente a los que están atados de manos, y ante los efectos de la crisis, estos buscan responder, muchas veces de forma infructuosa, a la creciente demanda social. De contar con esta herramienta, podrían ejecutar esas prestaciones enfocados en un territorio determinado, y retirando por ello parte de los excedentes para reinvertirlo en la propia comunidad y sus necesidades, cuestión que a largo plazo ayudaría a equiparar la desigualdad territorial que existe en Chile, en donde para el Estado ha quedado claro que hay personas de primera y segunda categoría. A mayor abundamiento, sólo es cosa de mirar cómo están distribuidos los ingresos per cápita por comuna.

La crisis política y social que vive Chile desde el 18 de octubre y agudizada por el COVID-19, abre camino a repensar el Estado y sus instituciones, para que estas realmente estén al servicio de las personas y sus necesidades; y donde las municipalidades dejen de ser la última frontera de contención social del Estado, sino que efectivos gobiernos locales con mayor autonomía, recursos y atribuciones. Las empresas municipales apuntan en esa dirección.