Desde el año 2018, agrupaciones de la zona de Las Cabras en la VI Región comenzaron a movilizarse y a hacer visible algo que a todas luces iba en contra del cuidado del medioambiente y, por lo tanto, de su propio bienestar: la tala indiscriminada del bosque nativo. La comunidad y sus dirigentes, con el apoyo de la diputada Alejandra Sepúlveda, tomaron cartas en el asunto, emprendiendo acciones desde la toma de oficinas de CONAF hasta impulsar una comisión investigadora en la cámara de Diputados.

Los procesos relacionados con el cuidado del medio ambiente requieren mucha fuerza ciudadana y tardan mucho tiempo. Prueba de ello es la discusión de la única Ley que protege específicamente a los bosques nativos, que estuvo en el Congreso por más de 16 años, y que aún presenta muchas falencias. En este caso, han pasado más de dos años para que empecemos a ver frutos de tanto esfuerzo. Hago aquí una revisión cronológica de lo que, esperamos, sea el fin de una aberración ambiental.

En el año 2019 se conformó dentro de la Cámara de Diputados una Comisión Especial Investigadora relativa a los actos de CONAF y otros órganos del Estado[1], para investigar irregularidades relativas a habilitación agrícola. En esa Comisión expusieron distintos actores, entre ellos, dos representantes de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo[2]. Los resultados de la Comisión se presentaron en un informe en septiembre de 2019[3] y fueron claramente favorables a las reclamaciones ciudadanas. Es más, en dicho documento se sugiere cambios profundos a las instituciones y normas del sector forestal.

Antes de finalizar el mismo año, la diputada Alejandra Sepúlveda, que encabezó la Comisión, junto a la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN), presentaron un requerimiento a la Contraloría General de la República para que esta se pronunciara sobre la legalidad de las autorizaciones realizadas por CONAF. Finalmente, en marzo de este año, la Contraloría emitió un dictamen que declara ilegales a los planes de manejo de eliminación de bosque nativo con fines agrícolas, que desde el año 2008 permitieron la tala de más de 22 mil hectáreas. Este tipo de planes de manejo son documento que se exigen para realizar corta de bosque nativo y habilitar cultivos agrícolas, y son autorizados o rechazados únicamente por la Corporación Nacional Forestal. En el informe se establece que es “incompatible autorizar un plan de manejo de corta de bosque nativo para recuperación de terrenos con fines agrícolas, por cuanto dicho permiso no cumpliría con el objeto de proteger, recuperar y mejorar el bosque nativo para asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental”. Además, en el dictamen se solicitó a CONAF a “adoptar las medidas que correspondan para dar cumplimiento a lo concluido en el presente pronunciamiento”. Esta medida fue acatada por CONAF en abril, en la que se instruye el término de ingreso de solicitudes de Planes de Manejo de Corta de Bosque Nativo para Recuperación de Terrenos con Fines Agrícolas.

Sin embargo, a las pocas semanas, la Sociedad Nacional de Agricultura -SNA- interpuso un Recurso de Protección por “actos arbitrarios e ilegales” contra la propia Contraloría, por lo resuelto en el dictamen, y contra CONAF por acatar el dictamen. En dicho documento se cuestiona firmemente lo resuelto y se defiende la eliminación de bosque nativo, con argumentos exclusivamente económicos y sin fundamentos técnicos.  Hasta el momento, nos encontramos en espera del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, mientras otras partes, como la propia Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo se hacen parte de la causa.

Toda esta larga y compleja historia nos hace reflexionar sobre lo difícil que es luchar contra el statu quo y los grandes poderes económicos. Con esto, no quisiera recurrir a “lugares comunes”, si no que llamar a un análisis estructural del desbalance de poder que nos rige, y del desconocimiento y negacionismo de la crisis ambiental y social que vivimos. ¿Qué posibilidad tiene un grupo pequeño de ciudadanos de ser defendidos ante absurdos ambientales como este? ¿Qué clase de instituciones y normativas son las que nos gobiernan y rigen, bajo el supuesto de la persecución del bien común?

Por más que algunos hayan impuesto un determinado orden y pretendan perpetuarlo, la naturaleza tiene su equilibrio y sus porqués. La intervención brutal de este balance, como lo hemos hecho por décadas, trae inevitablemente consecuencias que nos impactarán tan profundamente, que no habrá argumentos económicos que sustenten las actuales estructuras. Seguiremos defendiendo estas causas, con argumentos técnicos, con evidencia, con la voz de los que sufren directamente las consecuencias y con sensatez, y esperamos que las instituciones que hemos construido actúen en forma independiente, objetiva y en consecuencia a su propósito.

[1] https://www.camara.cl/legislacion/comisiones/integrantes.aspx?prmID=2302

[2]https://bosquenativo.cl/acciones-aifbn-e-historia/

[3] https://bosquenativo.cl/documentos/