Arturo Murillo, Ministro de Gobierno de Bolivia, pide que lo esperen antes de empezar la conferencia de prensa. Se acerca a un hombre parado a su espalda, hablan y vuelve al podio. En silencio, sostiene la mirada frente a las cámaras por tres segundos. Luego toma las hojas de su discurso y las golpea contra el podio.

Lee las medidas nacionales para enfrentar la reciente llegada del coronavirus. Es el 18 de marzo de 2020.

Las restricciones anunciadas son similares a las de otros países de la región. Termina el comunicado y da espacio para preguntas. Es ahí cuando menciona otra medida, llamativa: “Existen personas de mala fe que buscan aprovecharse de esto, tratando de desinformar en redes sociales. Hemos ordenado a la Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas y a los departamentos correspondientes del Ministerio de Gobierno hacer ciberpatrullaje”, dice.

– Estamos hablando de la vida de los bolivianos, y ante la vida no podemos hacer política. Les pido a los políticos que no desinformen. Les pido por favor a los del Movimiento al Socialismo que no hagan política. Estamos luchando para que no haya pérdidas humanas.

Para cerrar, manda un mensaje a las personas paradas detrás de las cámaras:

– Les ruego a ustedes, los medios de comunicación, que nos ayuden a informar.

Un mes después, el gobierno anunció que había detenido a 67 “actores políticos” y que 37 ya fueron condenados. Los acusan de desinformar, delito que atenta contra la salud pública. Arriesgan entre dos y diez año de cárcel.

A comienzos de abril, Amnistía Internacional había pedido a Bolivia derogar el artículo 13. II del Decreto Supremo 4.200, donde se tipifica este delito, argumentando que viola la libertad de expresión.  El 30 de abril, el periódico estadounidense The Washinton Post publicó un reportaje incluyendo a Bolivia entre los cinco países del mundo que están usando la pandemia para persecuciones políticas. Los otros son Filipinas, Camboya, India y Sri Lanka.

Tras la renuncia de Evo Morales, con el país viviendo un estallido social, Añez asumió como interina. Con su llegada, muchas voces internacionales hablaron de golpe de Estado. Otras, principalmente nacionales, celebraron la liberación luego de 14 años de dictadura.

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La ciudad de La Paz convive con las nubes. Es la capital administrativa más alta del mundo, a 3.500 metros de altura, ubicada en el altiplano de la cordillera de Los Andes.  Es un día de febrero de 2020, en el hemisferio sur es verano, pero acá eso no se nota. Está nublado y una tormenta eléctrica roza la ciudad, sin tocarla. Los rayos caen sobre las montañas.

La vida pareciera funcionar con normalidad. El coronavirus comienza a preocupar en Europa. Latinoamérica no tiene ningún contagiado. En las calles hay un sinfín de ferias libres, vendedores gritando sus productos, el transporte público funcionando, el tránsito frenético.

Desde un mirador panorámico de la ciudad, es difícil  imaginar lo que se vivió aquí tres meses atrás. Los habitantes consultados repiten casi exactamente la misma frase: La ciudad estaba en llamas. Humeaba. Era un caos repartido por todos lados.

En octubre de 2019, la Organización de Estados Americanos (OEA) denunció fraude electoral en las presidenciales en las que Evo Morales había ganado en primera vuelta contra Carlos Mesa. La acusación desató un estallido social. En noviembre, las posiciones se radicalizaron. Bolivia entró en un estado de polarización extrema.

Los masistas (seguidores del MAS) y opositores comenzaron a enfrentarse en las calles. La ciudad humeaba.

https://www.youtube.com/watch?v=AUXRmYucpuc

Cuando el enfrentamiento llegó a su peak, los grupos fueron en búsqueda de los medios de comunicación. El último informe anual del CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), publicado en abril pasado, contabiliza durante todo el estallido social a “alrededor de 70 periodistas y comunicadores populares que habrían sido agredidos de alrededor de 25 medios de comunicación nacional e internacional”.

El informe agrega el caso de Sebastián Moro, periodista argentino encontrado muerto en su departamento. Se sospecha una posible agresión por su trabajo. Colaboraba en una radio asociada al MAS.

Claudia Benavente es la directora del diario La Razón, uno de los medios más importantes de Bolivia. Al recordar, define algunas noches como terribles.  “Acá la gente andaba detrás de los canales, de ambos bandos. Los opositores iban a los “canales de la dictadura”, los medios estatales, las radios comunitarias; los masistas a los privados, los medios conservadores”.

Las persecuciones se repitieron en varias ciudades del país. Marta Moya es directora de la radio Encuentro de Sucre, ubicada a 700 km de La Paz. Las oficinas del medio fueron empapeladas de insultos. “Recibí llamadas diciéndome que quemarían la radio”, recuerda.

Al director de una radio comunitaria de la capital lo amarraron a un árbol. Un grupo entró a las oficinas del medio, lo sacó diciendo que escondían dinamita, lo golpearon y luego lo amarraron. La radio está asociada al MAS.

https://www.youtube.com/watch?v=LuzUHwog7qE

Alejandro Salazar, 61 años, caricaturista, ha ganado tres veces el Premio Nacional de Periodismo en categoría Caricatura. Publicaba su trabajo en La Razón. En su carrera ha lidiado con amenazas y críticas cuando un dibujo molesta. Recibió cartas oficiales de reproche de la embajada de EEUU y de Inglaterra. También críticas del MAS y de agrupaciones sociales.

En medio del estallido social, en noviembre de 2019, dibujó a una organización llamada Coordinadora de Defensa de la Democracia, liderada por Carlos Mesa, candidato opositor.

–Estaba la Iglesia, la derecha, la ultraderecha, los neofascistas y los neonazis– dice incómodo–. Se juntaron e hicieron su coordinadora. Yo dibujé sobre eso, antes del golpe. Ahí me llamaron a mi teléfono y me dijeron no vas a dibujar esas cosas. Si dibujas a tal persona, te vamos a hacer esto. Me amenazaron. No puedo decir quiénes son, porque lo sé. Prefiero no decir nada más, porque esa gente ahora tiene poder.

La renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019 no fue la única. Dimitieron todas las personas que lo sucedían constitucionalmente en el cargo. Argumentaron imposibilidad de ejercer ante las presiones y amenazas.

El 12 de noviembre, dos días después de las renuncias, Jeanine Añez, segunda vicepresidenta del Senado, se autoproclamó Presidenta. Entró al palacio de gobierno con una Biblia de casi medio metro, dándole las gracias a dios por permitir que la Biblia vuelva a entrar a ese lugar.

–Me comprometo a tomar todas las medidas necesarias para pacificar el país. Porque Bolivia quiere vivir en democracia, vivir en libertad.

Dos días después, en conferencia de prensa declaró:

–Hoy comienza una ruta pacífica y democrática para reponer la legalidad. Ha llegado la hora de reencontrarse, de mirarnos y reconocernos en paz. Les aseguro a todos que se acabaron las persecuciones y el amedrentamiento en Bolivia.

El domingo 1 de diciembre, Alejandro Salazar publicó en el espacio de opinión del diario La Razón, una caricatura muy crítica del gobierno: El techo del palacio gubernamental era una esvástica.

Desde que asumió Añez había dibujado nueve caricaturas críticas contra ella. La del 1 de diciembre fue la última. Nunca más volvió a publicar.

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En Bolivia, la inestabilidad presidencial fue la norma durante el siglo XX. Desde 1900 a 2005 diez presidentes elegidos democráticamente lograron comenzar y terminar su periodo presidencial. La cincuentena de mandatarios restantes fueron derrocados, o renunciaron, o dieron golpes de Estado o cumplieron con sucesiones constitucionales o inconstitucionales.

Alejandro Salazar define la sociedad boliviana como extremadamente racista, dominada por una oligarquía blanca. Eso en un país con prácticamente la mitad de su población indígena, fue siempre problemático. Dice que su trabajo como dibujante apunta al poder, independiente de quién esté. Ese poder, cuenta, en la historia boliviana estuvo controlado por élites políticas y económicas con estrechas relaciones entre sí, amistosas, de negocios o familiares. Incluso en los grupos enfrentados.

El Movimiento al Socialismo rompió esa hegemonía. Llegó al poder en 2006, cuando Evo Morales, su líder, fue electo presidente. Rápidamente el partido trabajó por cimentar cambios históricos. Iniciaron un proceso constituyente que finalizó en 2009. Se refundó el Estado, que pasó de de ser República a Estado Plurinacional, reconociendo como oficiales a las 36 naciones que cohabitan el territorio boliviano.

Marta Moya, directora de radio Encuentro de Sucre, recuerda que en esa etapa los medios de comunicación se posicionaron en el bloque republicano, monoestatal. “Se veía en la elección de expertos en las entrevistas, en el enfoque de las noticias, en las declaraciones de que las políticas gubernamentales no servían”.

A medida que Morales iba siendo reelecto, los medios de comunicación disminuyeron las críticas radicales. Sin embargo, unos pocos se mantuvieron en la oposición. Principalmente ese sector denunció límites a la libertad de expresión en los gobiernos de Morales.

–El MAS ha logrado contrarrestar a los medios liberales de derecha pagando. La estrategia fue a través de la publicidad, pagando montos altísimos, y utilizando medios estatales– analiza Marta Moya, quien en las últimas elecciones se presentó a candidata a diputada precisamente por el MAS.

María Galindo es directora de radio Deseo. Se define a sí misma como anarcofeminista. “Evo Morales usó el pauteo publicitario como un factor de censura. Si no pones lo que yo quiero no te pongo publicidad y te asfixio económicamente. Fue un factor de la caída de Morales. Había muchísimo descontento del que no se podía dar cuenta”.

En 2015, el ex vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera -considerado pilar ideológico fundamental del MAS-, negó abiertamente la publicidad estatal a medios de comunicación por hacer política. “Hay medios que son partidos políticos, o cuasi, o para-partidos, y por supuesto que a algunos medios nosotros no le vamos a dar recursos”, dijo.

Los directivos del diario Página Siete por años reclamaron discriminación en la asignación publicitaria. Se los considera un medio opositor. Raúl Peñaranda, quien fue director del medio, publicó en 2014 el libro “Control Remoto”. En él menciona a un conjunto de medios que define como para-estatales a favor del MAS, por haber sido comprados por “empresarios proclives al gobierno que luego le han cedido a éste el control editorial e informativo” (página 19).

Posiciona a García Linera como el coordinador de esos medios. El libro ha recibido críticas que ponen en duda su rigurosidad investigativa.

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21 de septiembre 2018, Arturo Murillo, senador:

–Resulta que Alvarito (Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia) que está cocinando para su guagüita y está mostrando en su Facebook que cocina sopa de zapallito, que se ponga a trabajar. En vez de estar en cosas de mujeres, la señora que tiene debería cuidar a su guagua.

14 de noviembre 2019, Arturo Murillo, Ministro de Gobierno de Jeanine Añez:

–Vamos a ir a la cacería de Juan Ramón Quintana, Raúl García Linera (hermano de Álvaro García Linera) y también de gente de las FARC, cubanos, venezolanos que han estado viviendo aquí.

Edgar Pomar es director de la carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la Universidad de San Andrés (UMSA), la institución de educación pública más importante de Bolivia. Cree que el país ha vivido los últimos años con la libertad de expresión en conflicto. Sin embargo, con la llegada de Jeanine Añez y su gobierno al poder la situación se agravó. “De entrada hubo una patada voladora”, reflexiona.

Roxana Lizárraga, Ministra de Comunicación, habló con los medios un día después de asumir su cargo. Bolivia vivía el peak del linchamiento a periodistas y medios de comunicación. Frente a las cámaras, amenazó:

–La prensa tiene que tener todas las garantías para trabajar. Y aquellos periodistas, o seudo periodistas, que estén haciendo sedición, se va a actuar conforme a la ley. Bolivianos o extranjeros. Ya se tiene identificados a los periodistas. El Ministro de Gobierno va a tomar las acciones pertinentes.

[caption id="attachment_368968" align="alignnone" width="565"] Roxana Lizárraga[/caption]

En el primer mes en el poder, Roxana Lizárraga refundó el aparato comunicacional estatal. En Bolivia TV, canal de televisión abierta, instaló a un nuevo director con su equipo, despidiendo alrededor de 70 periodistas;  al periódico estatal Cambio lo renombró como Bolivia. Además, bloqueó la señal televisiva nacional de Telesur y ActualidadRT.

La publicidad estatal, en discordia en el pasado, ahora estaba bajo su control.

En ese mismo periodo, Lizárraga anunció un Decreto Supremo que la facultaba a reasignar recursos a las radios comunitarias. En la práctica provocó el cierre de más de 50 radios de todo el país. Esos medios, históricamente, están asociados al MAS. La ministra definió el Decreto como “recuperación de la libertad de expresión”.

Cuando asumió Añez, ninguno de los grandes medios nacionales habló de golpe de Estado. Las pequeñas radios o medios web que sí lo hicieron sufrieron amenazas en redes sociales. Aunque la amenaza más grande era la sedición.

–Cuando terminó la era Evo, los medios cambiaron de chip rapidito- reflexiona Edgar Pomar.

El diario Página Siete tituló: “Con Evo en México y con ausencia del MAS, Añez asume la presidencia”. El Deber escribió en su editorial: “Bolivia está librando una lucha heroica contra el engaño…la mayoría de sus habitantes quiere vivir en una democracia real y en absoluta libertad. Ella (Añez) tiene no solo el respaldo sino que la fe de millones de bolivianos”.

El nuevo gobierno no alcanzó a cumplir dos semanas en el poder, cuando las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía protagonizaron las matanzas de Senkata y Sacaba. En ellas murieron más de 30 personas. “La ruta de pacificación” prometida por Añez al país comenzaba a concretarse. Luego de las matanzas, se facilitó la gobernabilidad. Fue la demostración de fuerza final.

Un estudio titulado “Bolivia. Cronología del cerco mediático y la nueva avanzada neocolonial”, realizado por dos académicas de la Universidad de Lanús, Argentina, analiza la cobertura mediática de esos días. Y dice:

–Un caso particular se dio cuando se reprimió con gases el cortejo fúnebre de muertos en Senkata, en el que los noticieros insistían en que los cajones estaban vacíos, dejando de lado la violencia que se estaba desarrollando.

Ese día, un estudiante del programa de cine de la UMSA fue a filmar el cortejo. Sin ser de ningún medio, grabó lo que pasaba. “Profesionales de medios de comunicación lo acusaron por grabar. ¡Los mismos compañeros de profesión lo vendieron! La policía lo apresó y lo acusaron de sedición y terrorismo”, relata Edgar Pomar. “Tres días hemos tenido que ir a explicar que es un estudiante, aficionado a filmar todo, que no estaba haciendo terrorismo”, relata.

El 24 de noviembre, Alejandro Salazar todavía publicaba su trabajo en La Razón. Ese domingo, dedicó su dibujo a los trabajadores de la prensa:

En esos días un grupo de 44 editores, periodistas y fotógrafos de La Razón redactó un comunicado público para manifestarse en desacuerdo con las caricaturas de Salazar. Habían recibido amenazas por sus dibujos. Estaban preocupados por su seguridad.  “Nuestra guía en la labor periodística que realizamos cada día son los valores de la precisión, la imparcialidad y la responsabilidad social”, se lee en el texto.

Claudia Benavente, directora del diario, recuerda las presiones que sintió por los dibujos de Salazar. “En una oportunidad, el editor de deportes dijo que sentía vergüenza ajena por Alejandro”.

–Casi nueve años trabajé en La Razón -cuenta Salazar-. He hecho muchas críticas contra el gobierno de Evo Morales. Muchos me daban palmadas diciendo qué bien que lo haces, sobre todo la clase media que consume periódicos. Cuando cambió el poder, tenía que fijarme en los que habían llegado. Cuando empecé a dibujar contra ellos, ahí me atacaron.

El caricaturista recuerda esas semanas como una presión sostenida en el tiempo. “Estaba pensando que según lo que dibuje alguien va a amenazarme a mí o a mis hijos. Es difícil trabajar en un ambiente así”.

Alejandro Salazar dejó de publicar por decisión propia. El 3 de diciembre de 2019, La Razón publicó en blanco el espacio asignado para la caricatura del dibujante.

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En febrero de 2020, era costumbre cotidiana abrir un diario o encender la TV en Bolivia y encontrarse con una noticia sobre sedición y terrorismo. Había personas judicializadas. Sin embargo, solo se necesitaba una acusación  de sospecha para convertirse en noticia.

Desde que asumió Añez, se iniciaron decenas de judicializaciones a integrantes del Movimiento al Socialismo, incluyendo Evo Morales. El Ministro de Gobierno, Arturo Murillo, encargado de la seguridad interna del país, aparecía en los medios más que la Presidenta. Era la principal fuente de información.

–La mayoría de los periodistas ni siquiera se cuestionan las acusaciones de sedición a Morales u otras personas del MAS. El rol de los medios en Bolivia ha sido bochornoso- cuestiona Marta Moya.

Antes de la sedición, el gobierno de Jeanine Añez logró instalar sistemáticamente en la prensa noticias sobre subversivos extranjeros. Venezolanos, cubanos, colombianos de las FARC. En los diarios más importantes del país se publicaba textual lo que decía Arturo Murillo, a pesar de no presentar pruebas.

En la edición del 16 de noviembre del diario estatal Cambio -al día siguiente se renombró como Bolivia-, hubo por lo menos tres noticias cuyo foco eran los extranjeros subversivos. Titulares: “Caen 9 venezolanos sospechosos de sedición”; “se cruza información sobre gente subversiva”; “El Gobierno denuncia a grupos subversivos extranjeros armados”.

–Hubo mucha post verdad. Se decía que militares venezolanos estaban desembarcando para ayudar a Evo. Después nunca se veía ningún militar- recuerda Edgar Pomar.

Maria Galindo, directora de radio Deseo, apunta a la narrativa de Añez y al rol de los medios. “El gobierno plantea que ha habido una revolución popular en defensa de la democracia y nadie se puede apartar de ese discurso. Ningún medio cuestiona esa narrativa”.

–No hay que olvidar - dice Pomar- que los periodistas responden a un jefe de prensa, a un director, un dueño. Esa cadena no la puede superar. Voces de denuncia todavía hay, pero muy pocas producto de los miedos. Una de las más importantes era María Galindo, pero la censuraron.

Durante más de diez años, cuenta Galindo, nunca falló en la entrega de su columna semanal al periódico Página Siete. “Muchas veces me dijeron que yo era una de las columnistas más leídas del país, no solo del periódico”.

En enero de 2020, ya contabilizaba tres columnas publicadas por el diario con una perspectiva crítica del gobierno de Añez. La cuarta fue censurada.

Galindo había entrevistado a Waldo Albarracín, rector de la Universidad Mayor de San Andrés. Albarracín relató quiénes participaron de la reunión donde se decidió que Jeanine Añez sería la próxima presidenta, tras la renuncia de Morales: estaba un representante de Carlos Mesa, uno de Fernando Camacho, uno de la Iglesia Católica y el embajador de Brasil.

La columna se tituló “Sedición en la universidad católica”.

–Parto de la idea de que nos están ocultando información de cómo Añez acaba como presidenta. Entrevistó a muchísimos diputados y senadores. Me encuentro con un deseo de no contar lo ocurrido.  Recojo declaraciones dispersas.

La editora de la sección Opinión le avisó que su texto no se publicaría. Galindo accedió a cambiar una palabra o una frase, si es que ese era el problema. La editora respondió que se revisaría el caso al más alto nivel del periódico, que ya no estaba en sus manos. En una nota explicativa el diario argumentó difamación por parte de Galindo.

Días después fue despedida.

–Durante mis años en el diario tuve una postura crítica con el gobierno de Morales y el periódico me respaldó. Les servía. Una vez que se va Morales, defendieron la tesis de que no hubo golpe de Estado. Cuando lanzo la tesis de un golpe de Estado complejo, con muchas cosas que reconstruir, el periódico decide expulsarme.

Posteriormente, Galindo se encontró con su editora de Opinión. Ella le dijo que la decisión de sacarla había sido unánime.

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Arturo Murillo, el mismo día que anunció el ciberpatrullaje en redes sociales, decretó  como medida para combatir el coronavirus la cuarentena total del país. La población se encerró.

El virus se apropió de la actualidad. El gobierno apresó a opositores políticos por delitos contra la salud pública cuando el interés por la política vive su momento más bajo desde hace casi un año.

Hace unos días, el diario estatal Bolivia publicó una encuesta realizada en abril. En ella se asegura que del total de encuestados, solamente el 1,7% está preocupado por la suspensión de las elecciones. El foco de la nota era precisamente el desinterés electoral.

Las elecciones presidenciales se realizarían el 3 de mayo, pero por la pandemia se suspendieron. El Parlamente aprobó una ley para celebrar las votaciones dentro de 90 días. La decisión de los congresistas fue calificada por Añez como atentado gravísimo contra la salud pública y la vida.

Añez, según confirmó en enero pasado, se presentará como candidata presidencial cuando haya elecciones.