Una "delicada situación" enfrentan tanto gendarmes como la población penal, en los diversos recintos de privación de libertad del país, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, así lo manifestaron ante la Comisión de Derechos Humanos, los representantes de Gendarmería, Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

Por ello, la instancia envío diversos oficios: al Ministerio de Justicia, para saber acerca de las medidas de aislamiento y traslado de los contagiados, así como la situación laboral con las licencias de los gendarmes contagiados. Asimismo, se acordó enviar un oficio al Ministerio de Hacienda, para conocer sobre las reasignaciones presupuestarias en Gendarmería y el efecto en las cárceles.

Las condiciones de hacinamiento, así como los brotes de contagios por Covid-19, el accionar de bandas criminales, así como el manejo de aislamiento de casos de contagiados en los penales, fueron algunos de los temas que abordó la instancia que preside el senador Juan Ignacio Latorre.

La sesión ocurre en la misma semana donde un nuevo episodio de desórdenes al interior del penal de Puente Alto, donde existe un brote de contagios con 68 internos y más de 80 gendarmes.

Cárcel de Puente Alto

En la oportunidad, el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, dio detallada cuenta de las acciones que se han aplicado -desde hace varios meses- en los penales con la disminución paulatina de las visitas, el monitoreo y seguimiento de los casos, así como la determinación de las plazas de aislamiento.

En lo relativo al brote de coronavirus en la cárcel de Puente Alto, la autoridad informó sobre el plan de intervención que, desde el 30 de marzo está con suspensión total de visitas, el reforzamiento higiene en encomiendas y la realización de audiencias por videoconferencias desde el 23 de marzo.

Por otro lado, informó que se extremaron medidas de sanitización y limpieza con la entrega de equipamiento e insumos y “se decidió la suspensión de ingreso de imputados a contar del 6 de abril, que son derivados a Santiago 1. Mientras que, el equipo de salud se reforzó con 1 técnico de enfermería y una enfermera con la realización de exámenes preventivos”.

Aseveró que al 17 de abril se han vacunado 12.335 funcionarios y 20.946 internos y se dotó a las distintas unidades de elementos de bioprotección, túneles sanitarios, así como la confección de mascarillas por parte de los propios internos.

El subsecretario indicó que también se determinó la obligación de cuarentenas para todos los nuevos ingresos, así como protocolos de sanitización de encomiendas y el establecimiento de lugares de videoconferencia para audiencias y videovisitas, en todas las unidades penales del país administrados por Gendarmería.

Respecto a la gestión de la población penal, el subsecretario aseguró que la llamada Ley de Indulto Conmutativo favorecerá a cerca de 1.860 personas, para ellos se han realizado operativos del Servicio de Registro Civil e Identificación en cárceles para que internos beneficiados con indultos conmutativos obtengan carnet antes de volver a sus domicilios.

La instancia también escuchó al director nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Micco; al director de Gendarmería de Chile, Christian Alveal; al presidente del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, doctor Enrique Morales, y al presidente de la Asociación de Gendarmes, Pablo Jaque, y se intercambiaron opiniones.

El representante de los gendarmes aseguró que “la población penal tiene mucho temor y va a reaccionar ante un eventual contagio masivo en las cárceles, esto sin duda puede provocar situaciones críticas para la seguridad de nuestros funcionarios, provocando motines, intentos de fuga masivos, toma de rehenes y agresión a funcionarios”.