Nadie sabe cuál es el fin específico, pero todos coinciden en que es un acuerdo sumamente grave. Se trata del convenio entre el Servicio Nacional de Menores (Sename), firmado por su directora Susana Tonda, y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que se dio a conocer este martes, pero que se suscribió en febrero pasado.

Las críticas han sido transversales: desde ex autoridades de Sename, organismos de derechos humanos hasta el Congreso, quienes aseguran que criminaliza y vulnera los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Las dudas son bastantes, sobre todo qué tipo de información se va a utilizar dado que en el documento lo menciona de manera general, algo que lo hace aún más riesgoso.

En el detalle, el acuerdo establece tres objetivos: facilitar a la ANI el acceso a la información que es relevante y pertinente para producir inteligencia y efectuar apreciaciones globales y sectoriales según las facultades que la ley ha otorgado a la ANI. En segundo lugar, asistir al Sename en la adopción de normas y procedimientos de protección de sistemas de información crítica. Y, por último, desarrollar una alianza estratégica de cooperación institucional con el objetivo de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencias propias de cada institución. Para profundizar sobre el tema, El Desconcierto pidió hablar con la directora del servicio, pero respondieron que darían información este jueves mediante un comunicado.

La primera que presentó una acción para frenar este acuerdo fue la defensora Patricia Muñoz. Este miércoles interpuso un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago acusando que ambas instituciones excedieron sus atribuciones legales y vulneran derechos humanos. Muñoz considera preocupante que se firmara después del estallido social del 18 de octubre, luego de la detención de más de cuatro mil niños, niñas y adolescentes, entre esa fecha y diciembre, y de ellos 186 que habrían quedado en prisión preventiva.

También cuestiona que Sename libere sin ninguna restricción información a un organismo que nada tiene que ver con la protección de garantías fundamentales, cuando el criterio no ha sido el mismo con la institución que ella lidera. Sobre la acción judicial espera que tenga resultado positivo y explicó que al presentar una orden de no innovar queda suspendido el traspaso de antecedentes hasta que se resuelva el fondo del asunto en el tribunal.

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Sobre esto, tres voces expertas en infancia hablaron a El Desconcierto y plantearon sus cuestionamientos frente a la situación.

Acusan que es ilegal

El abogado Carlos Alvear, ex comisionado de la infancia de Sename entre 2014 y 2018, explica que el artículo 3 de la Declaración de Derechos del Niño establece que nada pasará a llevar el 'interés superior del niño', precisamente lo que se observa en este caso al facilitar información sensible para fines que podrían estigmatizarlos. Aclara que en materia penal se establece que cuando los jóvenes cumplen con una sanción, posteriormente no quedan con antecedentes para evitar esos efectos estigmatizadores. “Es una situación que algunos estamos muy sorprendidos, no pensamos que llegarían tan lejos. El tema es quién está detrás de esto", advierte.

Sobre sistemas de protección en otros países que adopten este tipo de convenios, Alvear dice que este es el primero del que tiene conocimiento. "Si una institución como el Ministerio Público requiere de información corresponde que lo solicite, con fundamentos, a los tribunales de justicia que deberán decidir con criterio estricto sobre su entrega.  Las personas condenadas o imputadas tienen garantías procesales y resulta que acá los niños no tienen garantías, ¿dónde queda el derecho a la privacidad de los niños?”, cuestiona.

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En la misma línea, Esteban Elórtegui, ex director de Sename en la región de Valparaíso, asegura que atenta contra la dignidad de los jóvenes al tratarse de información confidencial. A su entender, se está poniendo el foco equivocado y cree que vincular a niños y niñas a actos terroristas es ‘dar palos de ciegos’: “Me gustaría que el mismo celo que se tiene en indagar con hechos delictivos se tuviera a la hora de hablar con problemáticas al interior de Sename. Sería interesante que se hiciera un trabajo de inteligencia para desbaratar una serie de situaciones de corrupción, fundamentalmente donde se presume que hay tráficos de drogas, de celulares, porque si revisas centros de justicia juvenil en todos hay una gran incautación de drogas”, opina.

Analizando las repercusiones que traerá el convenio, Consuelo Contreras, ex directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de Corporación Opción, organismo colaborador de Sename, cree que sin duda va a tener consecuencias a nivel internacional. Seguramente, piensa, se advertirá en los siguientes informes anuales de derechos humanos con duros cuestionamientos a que un organismo de seguridad se entrometa en una institución destinada a proteger derechos.

“Podrían meterse en el sistema de salud, de educación, pero hay un límite que es el estado de derecho. Traspasar esos límites pone en riesgo a este grupo vulnerable, donde es necesario resguardar la intimidad y seguridad y cautelar la confianza que se ha puesto en el sistema para superar la situación por la que atraviesan. Con esto, pueden tener información sobre los abusos sexuales, trata y tráfico”, aclara.

En tanto, desde el Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratadas del Sename señalaron que "en nuestro rol protector, consideramos particularmente grave lo ocurrido, viendo con preocupación que una institución a cargo de la seguridad nacional, se encuentre buscando información respecto de los niños, niñas y adolescentes más vulnerados. Creemos que el Estado busca institucionalizar la represión mediante actividades de inteligencia, desviándose del cumplimiento y fin esencial, el cual es proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la reinserción social de los adolescentes infractores de ley penal".

Reacciones en el Congreso

La situación generó amplias reacciones que también llegaron hasta el Congreso. Este martes, diputados del Frente Amplio presentaron un oficio ante la Contraloría General para que se pronuncie respecto al acuerdo. La diputada de Comunes, Claudia Mix, instó al Ministerio de Justicia y del Interior a dar explicaciones. “Creemos que aquí se incurre en una ilegalidad y que el gobierno a través del ministerio del Interior y Justicia deben dar respuestas claras respecto de lo que sucede en estos organismos. Sería impresentable que se manden solos”, sostuvo tras calificarlo de vulneratorio. El diputado de Convergencia, Diego Ibáñez, pidió la renuncia de la directora de Sename.

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Así también, desde la bancada de senadores de la Democracia Cristiana, la senadora Ximena Rincón puso el foco en los tratados internacionales suscritos por el país. “Siempre tiene que primar el derecho superior del niño o niña, y por lo mismo, en el país no se puede anteponer la protección de los menores por la seguridad pública”, expresó la también presidenta de la comisión de Familia, solicitando a los organismos que transparenten qué información requieren y para qué fines.

En tanto, la comisión de Inteligencia acordó citar para el próximo martes al director de la ANI. La oposición solicitará que se deje sin efecto el convenio porque claramente viola los derechos de la Infancia y no debiera la ANI recopilar esta información, según expresó el diputado Gabriel Silber (DC) integrante de la instancia. También pedirán conocer que otros convenios similares existen.

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