La Corte de Apelaciones De Santiago condenó a 17 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), por su responsabilidad en el delito de secuestro calificado de Rodrigo Eduardo Ugas Morales, cometido a partir del 7 de febrero de 1975, en el marco de la denominada "Operación Colombo".

En fallo unánime, la Undécima Sala del tribunal de alzada condenó en calidad de autores del delito a Pedro Espinoza Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko y Raúl Iturriaga Neumann a 13 años de presidio; en tanto, Rolf Wenderoth Pozo, Francisco Ferrer Lima, Ricardo Lawrence Mires, Ciro Torré Sáez y Raúl Rodríguez Ponte deberán cumplir un castigo de 10 años y un día de presidio; los agentes Teresa Osorio Navarro y Osvaldo Pulgar Gallardo deberán purgar 5 años y un día; mientras que Samuel Fuenzalida Devia deberá cumplir 541 días.

Además, se sentenció a Rosa Ramos Hernández, José Abel Aravena Ruiz, Heriberto del Carmen Acevedo, Rodolfo Concha Rodríguez, Silvio Concha González y Roberto Hernán Rodríguez Manquel a 3 años y un día de presidio, por su responsabilidad como cómplices del delito.

En la etapa de investigación, el ministro en visita extraordinaria, Hernán Crisosto Greisse, estableció que "en horas de la tarde del día 7 de febrero de 1975, miembros de (..) la DINA detuvieron en la vía pública en el sector de Estación Central en Santiago a Rodrigo Eduardo Ugas Morales, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), quienes lo trasladaron al recinto de reclusión clandestino de la DINA, denominado 'Cuartel Terranova' o 'Villa Grimaldi'.

También se documentó que la víctima "durante su estadía en el cuartel de Villa Grimaldi permaneció sin contacto con el exterior, vendado y amarrado, siendo continuamente sometido a interrogatorios bajo tortura por agentes de la DINA que operaban en dicho cuartel con el propósito de obtener información relativa a integrantes del MIR".

La última vez que Ugas Morales fue visto por otros detenidos ocurrió a fines de febrero de 1975, encontrándose desaparecido hasta la fecha. En tanto, la investigación determinó que "las publicaciones que dieron por muerto a la víctima Ugas Morales tuvieron su origen en maniobras de desinformación efectuada por agentes de la DINA en el exterior".

En el aspecto civil, el tribunal condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización total de $240 millones a la cónyuge e hijos de la víctima.