Un dato que a secas da cuenta de una buena estrategia para combatir el COVID-19, pero que al ser desmenuzado, refleja la tan conocida desigualdad del sistema de salud chileno.

Esto porque según un análisis del epidemiólogo Aníbal Vivaceta, el bio-estadístico Sebastián Espinoza y el ingeniero biomédico Nicolás Schiappacasse, la Universidad de Valparaíso, Chile está concentrando su mayor esfuerzo en detectar y seguir casos de COVID-19 en pacientes del sistema privado.

Según los cálculos que desarrollaron los expertos y que fueron publicados por Interferencia, el 14% de la población, la que es usuaria de isapres, concentra entre el 32% y el 40% del total de exámenes realizados durante el mes de abril.

Esto, pese a que es a través de Fonasa que se atiende al 78% de la población y al 85% de los mayores de 60 años, según los últimos datos de la encuesta Casen de 2017.

Para llegar a estas cifras, los expertos debieron primero apoyarse en la presunción de que todos los usuarios del sistema privado tienen isapre, lo cual se sabe que no es así, por lo que será corregido más adelante.

Bajo esta presunción calcularon que según los datos del lunes 13 de abril. En dicha jornada se realizaron 109 exámenes por cada 10.000 personas afiliadas a isapres, mientras en Fonasa se realizaron solo 29 exámenes por cada 10.000 personas.

Es decir, en este cálculo inicial se obtiene que ese día hubo casi cuatro veces más de probabilidades de ser detectado con COVID-19, en caso de ser una persona usuaria del sistema privado, en comparación con alguien usuario del sistema público.

Sin embargo, para corregir la estimación antes mencionada, los expertos utilizaron un documento de la Asociación de Clínicas Privadas de 2016 (el último disponible), el cual menciona que 21% de las atenciones totales corresponde a usuarios de Fonasa.

Con esto, realizaron un  traspaso completo de ese 21% de pacientes de clínicas privadas a la contabilidad de Fonasa, (asumiendo que la totalidad de esa población preferiría el sistema privado en caso de sospecha de COVID-19), lo cual resultaría en que en la misma jornada, se habrían practicado 49 exámenes cada 10.000 afiliados a isapres y 35 cada 10.000 afiliados al sistema público, lo cual sigue siendo inequitativo.