A tono con la situación dramática que vive el país, el modelo económico chileno atraviesa uno de sus momentos más críticos: la pandemia del coronavirus con sus estragos, la larga y al parecer incombustible sequía y los efectos colaterales del estallido social, tienen prácticamente detenida la acción de las empresas.

Hoy por hoy, en nuestra economía y debido a la caída de la inversión y del consumo como resultado de que las empresas han detenido su gasto y las personas son conservadoras ante la amenaza cercana de perder sus empleos, existe un importante "shock de demanda". Eso se advierte especialmente en las compras privadas, es decir, las que realizan las personas y las familias. La consecuencia es una caída muy significativa en las ventas en una gran parte de las Pymes, las que en algunos casos simplemente son nulas.

Desde el punto de vista económico, en la actualidad no hay una gran capacidad de maniobra por el lado de la política monetaria, porque seguir bajando las tasas de interés, creemos que no va a tener un gran impacto reactivador en la economía. Esto porque nos encontramos muy cercanos a lo que se denomina “una trampa de liquidez”, en la cual, no se reactiva rápidamente la inversión privada, sino que es necesaria la inversión del Estado de manera de que se eleve la demanda y se produzca la reactivación.

¿Qué se espera para el futuro? El cuadro que se ha ido conformando, muestra una tendencia preocupante hacia un "shock de oferta",  dado que las Pymes están en situación de “vulnerabilidad” porque el capital de trabajo con que cuentan es pequeño, y también porque estas empresas, en general, no tienen utilidades extraordinarias desde el punto de vista microeconómico. Esto hace que estén altamente endeudadas en el corto plazo, con lo que la presión sobre sus operaciones del día a día es muy alta y crucial para mantenerse vivas. Es fácil entonces prever que, una gran parte de ellas podría no resistir y pronto desaparecería, lo cual necesariamente llevará a tasas de desempleo mayores, con el casi seguro aumento del trabajo informal. La desaparición de empresas corresponde a una destrucción de la base productiva, lo que disminuiría la oferta de productos.

Seguramente basado en esta realidad, el Ejecutivo  anunció hace aproximadamente una semana un paquete de medidas de dos tipos. Por un lado tributarias, que consisten en suprimir “voluntariamente” el pago del  PPM (Pago Provisional Mensual del Impuesto a la Renta) del segundo trimestre del año; postergar el Impuesto a la Renta hasta julio de 2020, y aplazar el pago de la cuota trimestral de las contribuciones de bienes raíces. Pero esas son solo postergaciones a muy corto plazo, lo que no apunta al fondo del problema.

Por otro lado, el Gobierno se había pronunciado también por medidas orientadas a dar mayor liquidez, entre las cuales se encuentran el pago al contado de todas las facturas emitidas al Estado, hasta principios de abril; en otras palabras, se proclama el compromiso de que se les va a pagar lo que el Estado está obligado a pagarles. En la misma línea, se anunció la ampliación de las garantías estatales para préstamos y un plan de capitalización del Banco del Estado por un monto de 500 millones de dólares para entregar créditos a las Pymes, sumados a otros 500 millones de dólares aportados para hacer frente al estallido social.

Con posterioridad, el plan presentado por el presidente Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, desde La Moneda el domingo 12 de abril, como segunda parte de lo que se había anunciado,  muestra cómo pretenden hacer la operación de las garantías estatales para préstamos, que había quedado pendiente en los anuncios anteriores. Es decir, indicaron cuáles serán las condiciones en que se entregarían los créditos anunciados la semana pasada, con el objetivo de superar la falta de capital de trabajo. Por lo que explicó el Presidente Piñera, se trata de un plan de garantías por 3 mil millones de dólares de manera de dar garantía estatal a los créditos para las Pymes por un total que alcanzaría los 24 mil millones de dólares.

Las líneas de crédito que se otorgarán serían equivalentes a tres meses de ventas de “períodos normales” de las empresas entre octubre 2018 y septiembre 2019. Las tasas de interés serán de 0% o negativas y el plazo podría alargarse hasta 48 meses, a partir de un período de gracia de 6 meses. Además, a las empresas que soliciten estos créditos, se les deberán “postergar” los créditos que habían solicitado antes de la crisis.

La iniciativa estatal prioriza la entrega de créditos a las Pyme, las cuales en ausencia de una reestructuración de las deudas, sumarán estos posibles nuevos préstamos a los créditos que traían como arrastre. Esto, debido a que las líneas planteadas por el Presidente serían estrictamente para cubrir capital de trabajo, es decir, para pagar los sueldos de los trabajadores que siguen con contrato vigente. No obstante, con esto, se podría comprometer la solvencia de la empresa en el largo plazo, ya que en la práctica tendrá que amortizar dos créditos, lo que podría generar un problema de falta de caja para cubrirlos.

Es importante consignar que el gasto público no se produciría en los hechos,  porque -así como está anunciado- el dinero estatal se colocaría en un fondo de garantías y  los bancos prestarían asegurados por este fondo;  pero este no se gasta, salvo que las empresas no paguen sus deudas. En eso consiste el Aval del Estado, del que se ha hablado.

En las actuales condiciones, parecería más adecuado que los bancos realizaran una reestructuración de pasivos de sus clientes Pyme, de manera que las empresas traspasen sus porciones de deuda de corto plazo, al largo plazo y que puedan pagar las deudas de arrastre cuando terminen de pagar los créditos originados por el capital de trabajo para evitar que paguen dos créditos al mismo tiempo.

Dadas las condiciones de la economía chilena, creemos que no es sano que las Pymes se endeuden más de lo que ya están. Esto porque, en su mayoría, tenían problemas de caja para cubrir los costos de producción y financieros antes de la crisis del covid-19. Un aumento del endeudamiento, aun teniendo las ventajosas condiciones que se han anunciado, podría acarrearles problemas financieros mayores en un futuro no lejano.

Por otra parte, creemos que el Estado puede gastar más. Proponemos que el Estado bonifique a las empresas con el pago del 70% de los sueldos de los trabajadores con contrato vigente y que la empresa coloque el 30% restante. De esta manera, la empresa puede sentir seguridad para realizar nuevas inversiones una vez que se salga de esta situación y los trabajadores estarán seguros de que pueden protegerse en forma clara quedándose en la casa en estos momentos, sobre todo aquellos que no pueden realizar teletrabajo. Por otra parte, así se aleja la destrucción productiva y el temido “shock de oferta” que complicaría aún más la ya crítica situación actual.

No creemos que se genere inflación llamando al Estado a gastar. Esto porque esta gran crisis, está arrojando a una gran cantidad de recursos ociosos, por lo que al aumentar la demanda, las empresas podrían hacer lo mismo con la producción.

Por otra parte, en sus recientes intervenciones el presidente Piñera ha hablado solo de empresas, lo cual apunta a la capacidad productiva nacional, pero nada anunció para los trabajadores independientes que “boletean” y para quienes han sido despedidos. Estos últimos viven de sus propios fondos que se encuentran en el subsidio de cesantía, pero este solo dura aproximadamente tres meses. ¿Cómo mantendrán a sus familias después de eso? Y los trabajadores independientes ¿Serán tratados como una empresa unipersonal? ¿Tendrán un trato especial?

Recordemos que la salida de las crisis siempre es lenta, hacia el largo plazo la economía neoclásica piensa que todos los mercados se ajustan incluyendo el del trabajo. Pero también hay que recordar que las personas se mueren de hambre en el corto plazo. Para responder a estas interrogantes, al parecer hay que esperar un nuevo anuncio.