El requerimiento al Tribunal Constitucional realizado por Senadores de Chile Vamos, motivado por la exclusión de los condenados por delitos y crímenes de lesa humanidad del proyecto de ley que busca un indulto conmutativo para grupos de riesgo de la población penal, es un acto infame por diversas razones.

En primera instancia, porque supone poner el interés particular de dichos internos y los sectores políticos y sociales que los defienden, por sobre el interés general, en la medida que se frena una posibilidad de ayudar -al menos mínimamente- a descongestionar las cárceles de Chile a través de un acto que sabidamente dificultará un acuerdo político, y que para el propósito específico del proyecto, tampoco aporta mucho. Es sabido que en Punta Peuco existen condiciones especiales de reclusión que implican un peligro menor frente al COVID-19, incluso en relación a una parte importante de la población no penal que vive en contextos de hacinamiento y pobreza.

En un momento donde se deben hacer esfuerzos para actuar con sentido nacional, el proceder de este grupo de senadores empuja hacia el lado exactamente opuesto. Es sabido que los grados de impunidad que existen en Chile, así como la falta de verdad, justicia y memoria, hacen extremadamente difícil para grandes franjas de nuestro país confiar en la vocación democrática de la derecha, pues a pesar de declarar su rechazo al terrorismo del Estado dictatorial, poco han hecho para luchar en contra de sus efectos. Es más, se podría decir que muchas de sus acciones los profundizan. Al mismo tiempo, la debilidad del gobierno para enfrentar estas posturas de su sector ha hecho que le den urgencia a una “Ley humanitaria” que implicaría conmutar penas para que estos genocidas vayan a sus casas. En un momento donde la legitimidad del gobierno es nula, poner en primera línea el pinochetismo del sector no apunta hacia la necesaria unidad que se requiere hoy, sino que hace todo lo contrario.

Por otro lado, cuando las deudas en reparación integral no se han abordado de forma efectiva por el Ministro Larraín, que sus esfuerzos se canalicen hacia la búsqueda de triquiñuelas para perpetuar la impunidad resulta una falta de respeto para los sobrevivientes y familiares. La gran mayoría de quienes deben ser reparados son también población de riesgo. El mejoramiento del sistema PRAIS y la reparación económica aparecen como medidas necesarias para enfrentar la pandemia desde un punto de vista sanitario y económico. Lo mismo con el mecanismo de calificación permanente y la eliminación del secreto Valech, pues la impunidad biológica aparece como un horizonte cada vez más cercano y terrible, dada la edad de la mayoría de las víctimas y sus autores. Como en otras ocasiones, el Ministro Larraín debe definirse entre la defensa de la democracia o la profundización de la impunidad y del autoritarismo que esta posibilita.

Otro elemento a destacar es que, en una situación de crisis frente a los DD.HH. durante los últimos meses -donde hubo decenas de muertos, miles de heridos y miles de prisioneros políticos-, el sector de Chile Vamos ha sido explícito en su defensa a un actuar punitivo y disciplinante, que utilizó las Fuerzas de Orden como medio para amedrentar a la sociedad. Esta situación no hace más que agravarse cuando el Ministro Blumel hace uso retorcido de todas las facultades procesales que dispone para mantener en prisión preventiva a quienes han sido detenidos por protestar. En muchos de aquellos casos, ni siquiera se avizora un juicio en el corto o medio plazo. Este actuar del sector es contradictorio con un verdadero compromiso con la democracia y los DD.HH., pero abogar por la impunidad de los pocos presos por delitos de lesa humanidad en este contexto es una real vergüenza.

En definitiva, cuando este grupo de Senadores actúa como lo hace, reafirma la idea de que existen amplias franjas de Chile Vamos que todavía están anclados en el pasado y no tienen disposición a avanzar en medidas de reparación, verdad, justicia y memoria que permitan cumplir con las obligaciones del Estado de Chile frente a los DD.HH. y prevenir este tipo de prácticas en el futuro. De hecho, actúan en el sentido exactamente contrario. Y por lo mismo muestran su nula disposición a avanzar hacia la construcción de un nuevo Chile que las mayorías necesitan y exigen.

Las décadas de lucha por los derechos humanos que se han desarrollado en Chile desde la dictadura son una pilar de la sensibilidad social frente a este tema, cuestión que implica un avance democrático en la medida que dificulta las acciones represivas del Estado a través de una ciudadanía más atenta, denunciante y proactiva. Por lo mismo, en el contexto de una pandemia como la actual, los Derechos Humanos deben convertirse en una perspectiva desde la cual actuar y decidir. Que los genocidas salgan de la cárcel lo dificulta. El avance efectivo en reparación lo hace más posible.