“Los niños primero”. Así anunciaba el Presidente Sebastián Piñera la supuesta preocupación por la infancia de parte su sector político, en lo que fue su candidatura presidencial y la de ciertos congresistas de su coalición. Sin embargo, en medio de la crisis sanitaria, el gobierno ha dado más énfasis en la dignidad de los presos de Punta Peuco que en velar por la integridad de los niños, niñas y adolescentes que actualmente viven el aislamiento, o cuarentena, con sus agresores, abusadores e incluso violadores.

Hay una probabilidad enorme de que en este preciso momento un niño o niña esté siendo violentado o abusado sexualmente en su propio hogar, o en algún Centro del SENAME, por algún integrante de su grupo familiar o de cuidadores. Pero la situación de encierro empeora las condiciones de vida de este sujeto de derecho vulnerado en su totalidad, puesto que, hoy no cuenta con un espacio libre de su agresor para contarle a otros lo que está viviendo y, además, no tiene la posibilidad de asistir a lugares que lo desvinculen por un momento de su victimario, donde pueda jugar o estar tranquilo en algún instante del día, como en una plaza o en el propio establecimiento educacional.

Si bien el abuso sexual es una problemática social arraigada en todo el mundo y con una triste trayectoria que no cesa en el tiempo y con la cual como sociedad estamos al debe, en el caso particular de Chile, siguen existiendo prácticas de ocultamiento en estos delitos, debido a que generalmente ocurren en contextos familiares o en un entorno cercano. Asimismo, el Estado no tiene una política integral de educación sexual para la infancia que garantice un desarrollo y confianza personal, el respeto por la corporalidad de los demás, consentimiento, desarrollos de la sexualidad acorde a los periodos de la infancia y adolescencia, entre otros aspectos, que ayudaría a los niños y niñas a identificar lo que ocurre cuando son abusados y poder revelar aquello a una persona que le genere confianza.

Los datos de abuso sexual en la infancia son alarmantes. Según Unicef Chile, el 8,7% de los menores de edad ha sido víctima de abuso sexual. De estos, en el 88,5% de los casos el abusador es un conocido o cercano a la víctima. Pero el dato más preocupante en un contexto de cuarentena es que el 50,4% de las víctimas de abuso sexual en la infancia ha sido abusado por algún miembro del grupo familiar. Si consideramos estas cifras, podemos decir directamente que como sociedad no estamos actuando y que el Estado de Chile no ha puesto a los niños primero.

Las organizaciones internacionales han puesto sobre la mesa que, efectivamente en contextos de aislamiento, desempleo, hacinamiento e incertidumbre, hay un aumento en la violencia doméstica. Incluso el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a los gobiernos para que estos incluyan dentro de las medidas contingentes la protección y reparación de víctimas de violencia intrafamiliar en el contexto actual.

En Chile, a tan sólo un mes de la llegada del COVID-19, las denuncias telefónicas por agresiones en el hogar han aumentado en 70%. No obstante, esta cifra revela las denuncias sin considerar que, al haber un encierro con el agresor, las víctimas no cuentan necesariamente con un espacio libre del victimario para realizar una denuncia, y también que estas suelen ser referentes a casos de violencia contra la mujer. Pese a que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha realizado campañas de denuncia silenciosa, para el caso de mujeres maltratadas que se encuentran en aislamiento con sus agresores, no hay organismos estatales pendientes de la violencia y abusos contra menores.

“Una persona que esté condenada por crímenes de DD.HH. o de cualquier naturaleza que se está muriendo, yo creo que debiésemos darle el beneficio de que se muere en su casa”, sostuvo el Presidente Sebastián Piñera en su última y masiva entrevista con la Asociación Regional de Canales de Televisión (Arcatel). Sin embargo, ¿en qué momento nuestro Presidente se pronunciará por las condiciones de aislamiento en la que están miles de niños, niñas y adolescentes? ¿Qué está ocurriendo en los Centros del SENAME? ¿Hay un plan centralizado del gobierno para los menores abusados y maltratados o en la realidad los niños van al último en la fila de prioridades del Estado chileno?