Además, desde La Moneda anunciaron discusión inmediata para la “ley humanitaria”, que contempla la conmutación de penas a condenados por delitos contra los Derechos Humanos.

En este sentido, desde el gobierno trabajan para tener los votos a favor de parlamentarios oficialista, para lo cual han realizado gestos, como estudiar indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad.

El ministro de Justicia, Hernán Larraín, detalló a El Mercurio que actualmente hay 26 solicitudes de indultos presidenciales, de las cuales 9 son condenados por violaciones a los DD.HH.

Larraín detalló que “nosotros estamos trabajando con los que están ya con su informe final, analizando y estudiando su situación, y estos son 14: de ellos ocho corresponden a personas condenadas por delitos comunes y seis a personas condenadas por delitos de lesa humanidad”.

“Estos casos se analizan de forma individual y separada, se piden más antecedentes si es necesario y esperamos tener todo ello lo antes posible para la resolución del Presidente", agregó el secretario de Estado.

De acuerdo al matutino, uno de los casos relevantes para el oficialismo son los del general (r) Héctor Orozco, sentenciado a 10 años y un día de presidio en 2017 por 2 homicidios calificados (diciembre de 1973), que a sus 92 años padece de alzheimer avanzado.

Además, se encuentra el ex carabinero Alfonso Silva, condenado en 2017 a 15 años y un día de presidio por homicidios ocurridos en la Región Metropolitana (septiembre de 1973), y que con 78 años sufre de cáncer terminal a la próstata, cardiopatía, diabetes e hipertensión.

Por último, está Demóstenes Cárdenas, ex agente de la DINA, quien cumple 10 años de cárcel por secuestro y homicidio calificado desde 2010, incluyendo cargos por su participación en la Operación Colombo, y que con 65 años tiene cáncer terminal al páncreas.