Hace algunos días, el gobierno ingresó el proyecto de ley que pretende indultar a quienes cumplan con ciertos requisitos, a causa de la pandemia del COVID-19. Se trata de una legislación que pretende resguardar a la población penal, justo luego que se conociera este domingo el primer caso de una persona en confinamiento que da positivo para coronavirus, en la cárcel de Puente Alto.

Paulina Vodanovic, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados, y parte del grupo de legistas que elaboró el proyecto que permitiría que se sustituya el saldo de penas por reclusión domiciliaria total para determinados casos, concedió una entrevista a El Desconcierto en la que abordó las problemáticas que se están comenzando a gestar en los recintos penales, así como la legislación que pretende mitigarlas, afirmando que existe un problema urgente en la forma en la que el gobierno se comunica con los distintos servicios, y que esto está generando que los potenciales problemas para la salud de la población penal, sean aún más graves.

-¿Qué opina de la situación del primer contagiado con COVID-19 en un recinto penal y el posterior incendio que tuvo lugar?

-Las cárceles son hoy día una bomba de tiempo, porque lo que puede ocurrir es precisamente eso, porque no hay conocimiento respecto de las medidas y los protocolos que han adoptado Gendarmería o el Ministerio de Justicia en relación a los detenidos. Por tanto, lo que pasó ayer fue que tanto los detenidos como los familiares se alarmaron, frente a la noticia de una persona infectada, porque no hay conocimiento de cuáles son las medidas que se van a implementar. En ese sentido, yo creo que hay un tema aquí base, de hacinamiento en las cárceles, pero también de comunicación respecto de cuáles son los protocolos que podrían tranquilizar a la población penal y a sus familiares.

-¿Podría darse lo mismo en recintos como el Sename, por ejemplo?

-Claro. Yo creo que es un problema que está teniendo el gobierno en general, de no comunicar e implementar las medidas de manera de dar la tranquilidad a las personas que están involucradas. Porque, en definitiva, es evidente que existe una preocupación no solo de los internos, sino que también de los familiares.

-¿Cómo debería ser un procedimiento de COVID-19 positivo dentro de un recinto penal?

-Habría aislamiento, tratamiento y en caso de agravamiento, derivación a un centro asistencial. Ahora, el tema es el contagio o la exposición que tuvo esa persona con el resto de la población penal. Evidentemente las condiciones de las cárceles no permiten una mayor distancia. Entonces, si no hay una detección precoz del virus, no vas a poder tener las posibilidades de tomar las medidas oportunamente. Yo pienso que en esta crisis el que lidera todas las políticas públicas es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, uno esperaría que a través de los seremi hubiera visitas, que hubiera coordinación con los alcaides, con los encargados de centros de menores, en forma preventiva, porque cuando ya aparece un caso, es tarde.

-Y en un caso como el de la cárcel de Puente Alto, ¿la responsabilidad no sería del alcaide de la cárcel?

-Creo que la responsabilidad es principalmente de las autoridades. El gobierno ha dejado a la voluntad de las personas el cuidarse. Esto lo digo tomando en cuenta lo que ha ocurrido durante la semana pasada, de que tengas que elegir entre que te paguen tu remuneración o cuidarse. Respecto de los presos, ellos no tienen posibilidad de autocuidarse, porque los espacios no lo permiten, por lo tanto, si el Estado no actúa, los presos están en peligro. Aquí tenemos un derecho humano esencial, que es el derecho a la vida, a la integridad física, y a la salud, y me parece que el ministerio no está resguardando eso de manera adecuada.

-¿Qué le pareció la actitud de la UDI, de votar en contra del proyecto de ley de indulto, por no incluir a los violadores de Derechos Humanos?

-El proyecto que presentó el gobierno especificaba claramente cuáles eran los delitos incluidos para el indulto general, por lo tanto, insistir en incorporar personas que están condenadas por delitos contra la vida, muchos de ellos con varias condenas, parece totalmente impresentable.

-¿Qué pasa en el caso de los presos por prisión preventiva, que en muchos casos han denunciado una excesiva penalización en la medida cautelar desde el estallido social hasta hoy?

-Creo que es necesaria una coordinación urgente para exigir las libertades provisionales. Desde la Comisión de DD.HH. del Colegio de Abogados estamos mandando una carta al Pleno de la Corte, al Fiscal Nacional, para que se coordinen. Hay un montón de gente que está presa que no debiera estar presa.

El Estado no solo tiene que actuar a través del Ministerio de Salud, sino como Estado. Todos tienen que tomar las medidas conducentes a resguardar la salud de las personas. Entre ellos, todo el sistema judicial. O sea, tribunales de garantía, defensores, fiscalía, y coordinarse para que no estén en prisión preventiva quienes pueden estar cumpliendo medidas cautelares fuera de la cárcel. Hay muchas personas detenidas durante el estallido social, por ejemplo, que sus penas, en caso de ser condenados, no van a tener cárcel. Por lo tanto, todas esas personas debieran estar a disposición de los tribunales, pero desde su casa, no es necesario tenerlas en la cárcel.