¿Qué juegos de tronos? ¿Qué intrigas se desarrollarán en palacio? ¿Qué poderosas influencias serán ejercidas desde las sombras? Hay muchos miles de millones de dólares en juego, impuestos postergados, necesidades de apoyo a las grandes empresas (no a las pymes que se sabe son las mayores generadoras de empleo) disfrazadas de mecanismos para evitar la cesantía. ¿Qué otras prebendas se encontrarán en trámite, dado que generarán enormes negocios?

Tenemos claro, todos a estas alturas, que una crisis es también una oportunidad. Los chinos, protagonistas relevantes de este capítulo pandémico, emplean un mismo vocablo para crisis y oportunidad. El propio presidente Piñera ha explicado este concepto de manera recurrente. Tras la crisis -eso enseña la historia- los ricos serán más ricos y los pobres más pobres. El entramado de poderes en acción apunta en esta dirección. La brecha continuará creciendo y haciéndose monstruosamente más ancha. A menos que se aplique una reforma tributaria que acerque la tasa real de impuestos a niveles comparables a los países de la OCDE, de cuya membresía tanto nos gusta jactarnos.

¿Podría esperarse de aquellos que ocupan la cima del poder económico una dosis de altruismo verdadero, un auténtico esfuerzo cuya única recompensa fuese ayudar a quienes más lo necesitan en estas horas amargas y complejas? La respuesta a esta interrogante la iremos encontrando en los días próximos, y estoy seguro (no es lo que deseo) de que la respuesta será amarga para los más pobres (quizás deba pedir excusas por usar la palabra “pobre”, pues ha sido desterrada del vocabulario oficial de lo “políticamente correcto”).

Hasta aquí el costo de las grandes crisis lo han pagado las principales víctimas de la epidemia de desigualdad: los estratos medios y bajos de nuestra sociedad; así lo ha planteado recientemente el economista Ramón López. Hasta aquí el gobierno de Piñera no ha emitido ninguna señal que vaya en el sentido inverso a esta afirmación; tampoco la mayoría de los partidos de oposición, que comparten la misma falta de confianza del pueblo por su comportamiento de tres décadas de continuismo neoliberal.

Para muestra un botón: los empresarios podrán suspender los pagos de las remuneraciones de sus trabajadores en la medida que no puedan asistir a cumplir sus obligaciones laborales debido a la emergencia sanitaria. Esto lo autoriza expresamente el dictamen emitido el pasado jueves 26 de marzo por la Dirección del Trabajo, la que quizás debiera mutar su nombre a Dirección del Empresariado; así reflejaría de manera más fidedigna la naturaleza de sus funciones.

La argumentación se basa en un resquicio legal, un artículo vigente del añejo Código Civil donde se señala que las partes que no puedan cumplir con la obligación que les impone un contrato firmado, quedan liberados de sus obligaciones. Una fracción del sueldo -parte con un 70% y termina con un 30% desde el sexto mes- la pagará el seguro de cesantía de la AFC (Administradora de Fondos de Seguros de Cesantía), el cual será incrementado con fondos estatales, según anunció- el gobierno.

Tanta habilidad leguleya y habilidad interpretativa pudo haber recorrido otros senderos que favorecieran a los trabajadores, pero así se revela la auténtica naturaleza de la sensibilidad del Ejecutivo. El ADN del piñerismo contiene unilaterales simpatías hacia los empresarios, mientras mayor su tamaño, mayor su incondicional adhesión. De alguna manera esto fue demostrado con posterioridad al estallido social a través de la indiferencia ante las demandas sociales, la respuesta represiva y descalificatoria, la campaña del terror y el férreo control de la prensa, que por desgracia maneja -en su mayoría- el gran empresariado chileno.

Tal vez habría sido posible proponer otras alternativas de apoyo a los trabajadores dependientes, ahora obligados a dirimir entre protegerse de la pandemia o resignarse a la pérdida de parte relevante de su salario a costas de su seguro de cesantía. ¡Qué decir de los trabajadores independientes, por cuenta propia, o de aquellos con empleos informales! Ellos no existen para efectos del plan del gobierno. ¿Por qué no podría interpretarse que, siendo la crisis sanitaria la causa de la imposibilidad de presentarse a los puestos de trabajo, debiera aplicarse una licencia médica de modo que sea Fonasa o las isapres quienes se hagan cargo de pagar las remuneraciones?

Los economistas podrán deliberar sobre esta posibilidad, que no me parece ni más ni menos arbitraria que el criterio aplicado por la Dirección del Trabajo en su reciente polémico dictamen, destinado a perjudicar a los trabajadores que cuentan con contrato laboral y favorecer a los empresarios.

Esta clase de osada pregunta que pone pie en terreno peligroso, fangoso por decir lo menos, no se formula. Como si las isapres fueran entidades intocables, sacras y puras, cuando sabemos que han lucrado hasta el paroxismo desde su creación en dictadura, focalizadas en aumentar sus ganancias a costa de proveer servicios limitados o simplemente denegarlos, amparadas en las amplias protecciones que les brinda la legislación hecha a su medida.

Hasta aquí los únicos que se han atrevido a desafiar el poder fáctico de las isapres han sido los tribunales de justicia, bloqueando los aumentos unilaterales de precio de los planes a quienes presenten las demandas a través de abogados privados.

Las soluciones a los problemas no son únicas, por cierto. Podemos verlo expresado en la diversidad de medidas que han tomados los gobiernos de diversos países a la luz de sus resultados. La primera decisión es a quiénes vamos a proteger con mayor prioridad. Y aquí surgen múltiples opciones: la preservación de una economía activa a todo costo, la protección de los intereses de los grandes empresarios, el resguardo de la salud de quienes tienen el mayor riesgo ante la pandemia (adultos mayores, enfermos crónicos, los más pobres e indefensos socialmente), la mera insensibilidad.

Saco de la lista la confianza excesiva en las capacidades de nuestro sistema de salud, porque el colapso de países con mucho mejor infraestructura sanitaria que Chile es prueba suficiente de que es una afirmación tan irracional como esperar “mutaciones positivas” del virus.

Vuelvo al comienzo: en palacio, entre quienes ostentan el poder, hay maquinaciones, acuerdos, transacciones que se realizan a espaldas del pueblo. Sin embargo, esos movimientos discretos y tenebrosos determinarán nuestro futuro cercano como país. Debemos estar atentos a ellos, analizarlos, denunciarlos cuando sea preciso. Y prepararnos para que cuando pasemos este momento terrible y amargo, no olvidemos lo ocurrido y hagamos tabla rasa. Los participantes del juego de tronos, juegan quizás, sus últimas partidas. Así sea.