Luis Alvarado estaba en su trabajo cuando se enteró, a través de un portal de noticias, que a su hijo le habían cambiado la medida cautelar. La corte de Apelaciones de Santiago decretó, la tarde del viernes 13 de marzo, prisión preventiva en contra de 28 supuestos miembros de la primera línea acusados de desórdenes públicos. Eso fue, en rigor, lo que leyó en la prensa. Diego Alvarado Avilez, su hijo, era uno del grupo.

Luis se retiró más temprano del trabajo ese día; se juntó con su señora, primero, y luego con Diego. Un familiar abogado les recomendó que lo mejor era que se entregara. Que si no lo hacía podía ser peor.

–Entré en pánico, se me llenó la cabeza de cosas. Sentí mucho miedo y rabia. Nunca imaginé pasar por eso– recuerda Luis.

La familia se trasladó en vehículo a su domicilio. Afuera de la casa esperaba un grupo de funcionarios del OS 9 de carabineros. Eran ocho. “Parecía que estuvieran esperando a un delincuente avezado”, dice el padre. Diego se subió al vehículo policial, resignado, y desapareció escoltado por los funcionarios.

–Mi señora se puso a llorar y yo ni me alcancé a despedir. Fue tan rápido todo que no pude darle un beso, un abrazo, nada.

La vida para la familia ha tenido un giro radical desde entonces. A principios de esta semana Luis fue a enrolarse y aprovechó de llevarle una encomienda a Diego, su hijo de 19 años, que salió el año pasado del colegio con excelencia académica y estaba a días de entrar a estudiar un bachillerato en ciencias en la Universidad Católica. Su sueño: estudiar medicina. Su presente: preso en el módulo 14 de Santiago 1.

Simples mortales

Esta historia parte el 3 de marzo de este año. Ese día Luis Alvarado iba caminando por la calle cuando Diego lo llama para avisarle que estaba detenido y que lo trasladarían a la tercera comisaría de Santiago, ubicada en el centro de Santiago, cerca de la calle Agustinas.

–Llegué a las 8:30, le pregunté al carabinero de guardia y me dijo que no sabía nada. Me quedé esperando. Al rato llega una persona y me dice que le habían tomado al hijo detenido. Somos dos, le respondí, y empezó a llegar más gente. Al final éramos más de 20 personas–, recuerda Alvarado.
Alrededor de las 11 de la noche llega el vehículo con los imputados y al rato una abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos. La profesional les aseguró que lo mas probable era que los jóvenes quedaran en libertad en el transcurso de la noche. A eso de las cinco de la madrugada, la mujer vuelve y le comenta a Luis que su hijo pasaría a control de detención.

–Estuve casi doce horas en ascuas, sin que nadie me informara lo que iba a pasar con mi hijo. Es una injusticia tremenda. Todo el mundo tiene derecho a tener información. Ni que estuviéramos en dictadura– describe Alvarado.

Después de la ingrata noche afuera de la comisaría, con la misma ropa del día anterior, Luis se dirigió a su oficina a trabajar. Estuvo allí hasta las 11 y luego se arrancó a la audiencia de formalización en el Centro de Justicia. “Nadie informaba nada, no sabía qué hacer. Sentí una impotencia muy grande. Al rato sale una persona y entrega una lista con los detenidos”.

Allí Luis se enteró que la formalización sería en un rato más y que sólo los padres de los menores de edad detenidos podrían entrar a la sala. Continuó en la incertidumbre hasta las siete de la tarde, cuando se enteró que Diego había quedado en libertad con cautelar de firma mensual.

­–Ahí el cabro se me puso a llorar y caché que había tenido una experiencia traumática. Lo habían tenido todo el rato esposado como delincuente. Me dijo que había salido a protestar porque sentía que podía cambiar el mundo, que andaba a rostro descubierto y que nunca ha sido de la primera línea. Llegó a la casa cansado, extenuado, todo sucio– cuenta.

Diego relató a su padre que lo pillaron desprevenido cuando arrancaba, que entró en pánico y que lo atraparon en la famosa “encerrona” a la primera línea del tres de marzo, que el ministro Blumel calificó como “una buena noticia”, pese a que con el correr de las horas sólo uno de los 44 detenidos quedó en prisión preventiva. “Mi hijo me contó que les sacaron fotos y a algunos los obligaron a ponerse capucha. Cuando fueron a constatar lesiones, los pacos les decían que para qué protestaban si todo iba a seguir igual. Les empezaron a lavar el cerebro en el furgón”, agrega

¿Qué pensabas cuando se empezó a hablar que los detenidos eran de la primera línea y, además, delincuentes?

–Mi hijo fue el primero de su curso, miembro destacado de la pastoral de su colegio, buen promedio de notas de enseñanza media, pese a todos los problemas dio una buena PSU, obtuvo excelencia académica y pudo entrar a la católica para cumplir su sueño que es estudiar medicina. ¿Tú crees que alguien se acercó a preguntarme quién era mi hijo? ¿Qué es lo que hacía? ¿Si tenía antecedentes penales? Los medios de comunicación son una mentira, viejo, y el gobierno está presionando al poder judicial para modificar los fallos. Y en medio de todo estamos nosotros, los simples mortales. ¿Qué podemos hacer?

La resolución

Diego Alvarado regresó a su hogar, después de su detención el 3 de marzo, con la convicción de poder retomar su vida con normalidad. O al menos intentarlo. Si bien su mente estaba puesta en su ingreso a la universidad, le preocupaba cómo el caso comenzaban a ganar terreno en la agenda comunicacional del gobierno. El asunto no sólo lo alertó a él, sino también a sus padres.

El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, dos días después de la “encerrona” de carabineros –la nueva táctica que utilizó Fuerzas Especiales para detener a manifestantes a comienzos de marzo–, apeló a la decisión de los tribunales de dejar libres a los detenidos de “la primera línea” y aprovechó de presentar una querella por desórdenes públicos en el marco de la nueva Ley Antibarricadas. En la ocasión Galli sostuvo que respetaban los fallos del Poder Judicial, pero que no compartían “la resolución”. “Porque creemos –añadió– que es necesario tener señales claras en contra de la violencia”.

Blumel no se quedó atrás, declaró en los medios que además de los desordenes públicos, la primera línea interrumpía el libre tránsito, atacaba con bombas molotov a carabineros, delitos que a su juicio merecían una medida cautelar más gravosa. Luego remató la frase con la vieja teoría del castigo ejemplar: “Para evitar que esto se repita”, dijo. Al finalizar, sin dobleces, pidió la colaboración del Ministerio Público y el Poder Judicial. Fue una semana tensa que terminó un viernes 13, como una mala película de terror hollywoodense.

–Estuvimos toda esos días preocupados de la apelación, cómo iba a reaccionar el gobierno, hasta que el viernes supimos que cambiaron la cautelar. Se me vino el mundo encima y me empecé a preocupar por lo que le podía pasar a mi hijo adentro de la cárcel– dice Luis.

La familia Alvarado Avilez buscó de inmediato un abogado. Ramón Sepúlveda, que pronto asumirá el patrocinio en la causa, asegura que la medida de prisión preventiva  en el caso de Diego, y todos aquellos detenidos el mismo día fue mal aplicada.

–El código procesal penal señala que ningún imputado debiese estar en prisión preventiva, sin tener condenas previas, pudiendo cumplir la pena sin pisar un solo día la cárcel, siendo incluso posible una suspensión condicional del procedimiento– explica.

Mantener a los jóvenes en prisión preventiva, agrega Sepúlveda, no tiene ningún sentido. “Podría desafiarte a que buscaras en el sistema algún imputado por un delito como este que permanezca en prisión preventiva. Debe ser el único caso. Por lo tanto la medida cautelar no sólo es desproporcionada, sino absolutamente ilegal”.

Sepúlveda cree que la Corte Suprema intentó enviar una señal política al movimiento social. “Le están advirtiendo a todos los jóvenes que protestan que cualquiera puede quedar en prisión preventiva. Porque no quiero pensar que hubo llamados del ejecutivo al poder judicial para que dictaran una resolución, porque eso sería pensar que estamos casi en el lejano oeste”, detalla.

Mientras no se resuelva otra cosa, los familiares de los detenidos se organizan para ir a visitarlos por primera vez a la cárcel. Este jueves acudieron en masa –Luis fue con su esposa, su hermana y sus padres–, pero no pudieron entrar. Desordenes al interior del recinto y un principio de motín hicieron suspender las visitas durante la tarde. El ambiente afuera estaba caldeado.
–Los familiares de los presos comunes empezaron a gritarle a los carabineros. Sabían que estaba la cagá adentro. De pronto comenzó a salir humo del interior, se estaba incendiando una parte, comencé a sentir terror y miedo por la vida de mi hijo–recuerda Luis.

El rumor que circulaba era que había un gendarme infectado y que un grupo pequeño de presos se encontraría aislado. “Yo no sabía si era verdad esa información, pero de verdad te asusta. Tener un brote epidémico en una cárcel no es un chiste”.

Luis estaba tan desesperado que comenzó a gritar el nombre de su hijo: ¡Diego! ¡Diego! ¡Diego!, al igual que otros familiares que tampoco sabían cómo reaccionar en esas circunstancias.
–Cálmese caballero – le dijo un señor a su lado–. El motín es en el modulo 31.

Luis volvió en sí y respiró hondo. Tomó a su mujer del brazo y abandono el recinto junto a sus padres. Volverá el próximo jueves.