Es 11 de marzo y la “transición” cumple 30 años. La transición, que fue el pacto entre diferentes sectores políticos, consistió en sostener, como gran acuerdo y contrato social, como gran mediatizador de todos los aspectos de la vida y de la muerte de los chilenos y chilenas, al mercado. Modelo neoliberal se llamó ese gran e incuestionable acuerdo. Y la transición nos devolvió, para hacerlo posible, la política convertida en democracia tutelada. Una democracia que debía ser vigilada de cerca por quienes habían sido, sin embargo, los propios responsables de su quiebre: Aquellos civiles y militares que orquestaron el golpe de Estado contra Salvador Allende.

Ese gran acuerdo y esa permanente tutela, hicieron de nuestra vida política y por varios años, un eterno empate. El agua estancada de una representación que terminó por podrirse. Y es desde esa podredumbre que resultó esto nuevo y todavía sin nombre, que estamos viviendo desde octubre a diario, pero que ya desde hace años lo sentíamos como "por nacer" en las calles.

Durante estos 30 años de transición y neoliberalismo, Chile creció, que duda cabe, y fue un crecimiento que, acompañado de una política de focalización social, supo reducir los indicadores más duros de pobreza. Sin embargo, al mismo tiempo, ese crecimiento se concentró en las manos de solamente unas cuantas familias, al mismo tiempo que dejó en indefensión y precariedad a la gran mayoría de las chilenas y chilenos.

Durante estos 30 años funcionó la democracia, pero esa democracia tenía una prohibición en su núcleo: la discusión del modelo y de la agudización de la desigualdad. Y para eso, o a causa de eso, esta democracia-tutelada desarticuló al movimiento social y popular, e instauró la lógica de los consensos, que no era otra cosa que normalizar la degradación de la soberanía popular que generaba la presencia de senadores designados y un sistema electoral binominal y de quórum que sobre representaba a quienes eran los cancerberos de esa tutela: la derecha. Aquella fue “la transición” de la Constitución de Pinochet.

Hoy, esa prohibición y esa tutela terminó. Hoy, una mayoría ciudadana en Chile supo levantarse en los hombros de la dignidad y la esperanza para superar la precarización material y política, al que ese modelo, en nombre de un futuro esplendor, nos llevó.

Esa mayoría, se ha expresado en forma masiva, contundente y diversa. Las y los estudiantes secundarios, las y los jóvenes universitarios, las y los adultos mayores, las feministas, las disidencias sexuales, las y los trabajadores, los pueblos originarios y afrodescendientes, se han tomado las calles de Chile, como también los gremios y los colegios profesionales. Todas y todos motores de un cambio real, acompañados de fuerzas políticas progresistas y de organizaciones sociales, que hoy corean a todo pulmón y a lo largo de todo el país: “Renuncia Piñera”.

Piñera tenía la misión de ser el mejor cancerbero de la tutela de esa democracia. En ese afán, le ha declarado la guerra al pueblo, y ha violado sistemáticamente los derechos humanos de los chilenos y chilenas. Hoy no cuenta con legitimidad para su cargo, siquiera, dentro de su propio sector. Piñera hoy gobierna, solamente, gracias a esa oposición que usufructuó durante estos 30 años de esa tutela. Piñera hoy gobierna desde las espaldas de una ciudadanía que, sin embargo, se vuelve a cada rato para mirarlo de frente y decirle, una y otra vez: Nunca más... esto es hasta que valga la pena vivir.

No esperamos que Piñera responda a las demandas ciudadanas, no esperamos que sea partícipe ni árbitro de un proceso constituyente en el que él no cree. No esperamos de Piñera sea alguien distinto a lo que es, o que represente a un sector distinto al que representa. Le exigimos lo mínimo. Que respete los derechos humanos de quienes se manifiestan, y que deje a la democracia en paz. Que deje a los chilenos y chilenas libres en su dignidad y voluntad. Y a esa falsa oposición, reaccionaria, le exigimos que deje de orquestarse bajo la batuta del gobierno, que acepte el nuevo Chile que nace, y que no se haga cómplice de respaldar las iniciativas que buscar reprimir y criminalizar al movimiento social en su legítima demanda de dignidad.

Sebastián Piñera hoy no cuenta con la legitimidad para dirigir un proceso de cambio constitucional, que es patrimonio de la ciudadanía y su lucha, y al cuál el se ha opuesto desde el principio.

Chile necesita con urgencia elecciones presidenciales y parlamentarias. Por eso, las y los progresistas, exigimos al Congreso la aprobación de un Proyecto de Ley que permita preguntar a la ciudadanía en el plebiscito de abril, si quiere adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias al 25 de octubre.

Esta es la única salida democrática e institucional a la actual crisis. La paz y estabilidad de nuestra patria así lo exige.

Llegó el momento de reimaginar la democracia que Chile necesita mediante una nueva Constitución. Llegó el momento de recuperar la paz que todas y todos anhelamos. Llegó el momento para que Piñera renuncie.