Cada tres días muere un niño, niña o adolescente en Sename.

Pareciéramos estar frente a una ruleta de vida o muerte, que está supeditada a factores de “azar” (accidentes, según las instituciones cuidadoras) más que a situaciones que involucren enfermedades. La última muerte fue del pequeño Cristián. Él no estaba enfermo, no poseía mayores problemas; institucionalizado por la situación socioeconómica de su familia, junto a su hermano más pequeño, Cristián fue derivado al hogar privado Católico Koinomadelfia, luego de sufrir abusos en otro hogar.

Desde 2010 a 2019 mueren en promedio 110 niños, niñas y adolescentes por año. Pese a los grandilocuentes anuncios de mejoras, estas cifras no se modifican, quizás porque siempre se apunta a lo estructural y mejoras cosméticas, para seguir reforzando el drama de la vulneración.

La red Sename, y ahora el nuevo servicio de protección y reinserción, se sustentan en la vulneración y el daño que usuarios presentan: a mayor daño, más programas y más recursos, alimentando a una industria que cada día necesita más recursos. Como señalo la ONU: “El sistema de subvención perverso de los OCAS – organismos colaboradores de Sename– incentiva la internación prolongada".

Ya quedo atrás la cifra que muchos y muchas siguen haciendo referencia en redes sociales, los 1.313 niños, niñas y adolecentes fallecidos en Sename desde 2010 a junio de 2016, dando paso a la actual: 1.669 a diciembre de 2019. En cualquier parte del mundo ese número sería una catástrofe. Sumado a la poca transparencia y escaso avance en las investigaciones, se configura una evidente violación a derechos humanos que está fuera de control.

Los datos están, los diagnósticos también, por cientos. Entonces, ¿cuál es la verdadera intención en hacer poco o nada para detener este grave resultado?

1.669 niños, niñas y adolescentes sumando la trágica muerte por asfixia de Cristián de 7 años hace pocos días atrás,  llegamos a los 1.670 fallecidos. ¿Alguien podría explicar cómo una cifra que crece en pérdida de vidas no es motivo para un plan de acción de urgencia?

El Gobierno nos presenta justificaciones o planes a futuro, pero lejos de tener un estándar mínimo proactivo, se limita a crear “acuerdos” entre privados que son involucrados directos en el desastre; eso, y los políticos descolgados que representas causas personales más que colectivas.

La administración de Sebastián Piñera ha ofrecido un nuevo servicio que no cuenta con mayor supervisión técnica, mismo sistema de subvenciones y más recursos garantizados a privados y lo que es peor: entregando única y exclusivamente a acciones judiciales (que sabemos no han avanzado) si existiese algún tipo de vulneración. Las acciones administrativas parecieran que no existen y solo surgen cuando el cuestionamiento es público y masivo.

1.669 muertes, mientras las instituciones a cargo, responsables de brindar protección, reciben una vez más el blindaje político transversal, sin sanción y con la búsqueda de particularizar cada situación, desligando de responsabilidades institucionales, que por cierto sí las tienen.

Es previsible que fines de 2020 tengamos 100 niños, niñas y adolescentes más fallecidos en Sename, porque al parecer para el Estado de Chile no es una situación que revista gravedad, al menos sus acciones y omisiones llaman a pensar en eso.