El zoom se aproxima, lentamente, hasta identificar al sospechoso. Plaza Italia está repleta de manifestantes y el enfrentamiento con Carabineros parece inminente. Desde la Central de Coordinación Operativa (CCO), ubicada en la 19 comisaría de Providencia, observan a un encapuchado que arroja una bomba molotov. La instrucción es clara y precisa: hay que marcarlo.

Un exfuncionario de la Municipalidad de Providencia que trabajó en las dependencias, ubicadas en Miguel Claro 300, y que por razones de seguridad llamaremos Roberto, cuenta que de inmediato se comunicaron con algunos miembros civiles del municipio y otros policías infiltrados en Plaza Italia.

Desde el 11 de julio de 2019, cuando comenzó a funcionar la Central, ambos grupos trabajaban en conjunto compartiendo la misma infraestructura: una moderna sala de comando, construida con recursos municipales, ubicada en el segundo piso de la unidad policial, con acceso al monitoreo de 72 cámaras de televigilancia full HD y una capacidad para albergar hasta 30 personas.

Durante la inauguración, la alcaldesa Evelyn Matthei señaló que se trataba de una experiencia inédita que permitiría “gestionar de mejor manera el recurso humano”. El general Enrique Bassaletti, tristemente célebre por comparar durante el estallido social el tratamiento del cáncer con el uso de armas antidisturbios –“células buenas y células malas”–, señaló que se trataba de un modelo distinto de seguridad que buscaba generar un trabajo coordinado que permitiera compartir información. Luego acotó, sin entrar en detalles, que se haría “con todos los resguardos que la ley exige”.

Lo cierto es que hasta la semana pasada, cuando El Desconcierto destapó el caso de Evelyn Quezada, la inspectora municipal de Providencia que habría sido obligada a infiltrarse en la Primera Línea, nadie había reparado en los alcances del convenio. Menos en los límites de colaboración entre ambas instituciones.

El exfuncionario municipal que trabajaba en la CCO asegura que tras la identificación de la persona que arrojó la molotov a la policía, comenzaron a realizarle un seguimiento con funcionarios municipales de civil y miembros del OS-9 de carabineros. “Hasta tiraban piedras entremedio para no levantar sospechas”, recuerda.

–Cuando el tipo se comenzó a alejar un grupo lo siguió, habían varios cerca de él, se estaban demorando mucho, hasta que aparecen un par de camionetas civiles de carabineros, pescan al cabro, lo echan arriba del carro y desaparecen– añade.

Un modus operandi muy similar al usado en la detención de Nicolás Ríos, un joven aprehendido en las inmediaciones del cerro Santa Lucía, a comienzos de enero, cuyo video fue viralizado en redes sociales. También sus captores –se sabría más tarde– eran funcionarios del 0S-9. Nadie estaba al tanto, hasta entonces, sobre el trabajo de los espías municipales de Matthei.

[caption id="attachment_343823" align="alignnone" width="1024"] Agencia Uno[/caption]

Ciclistas furiosos

Cientos de pedaleros se reunieron en Plaza Italia, convocados por el Movimiento de Ciclistas Furiosos, quienes habían llamado a una funa masiva en la casa del presidente Sebastián Piñera, el 3 de noviembre del año pasado. La masa era abrumadora y comenzó a enfilar rumbo al domicilio del mandatario en el sector de San Damián, entre ellos, algunos patrulleros de Providencia. Días antes habían conseguido entrar a un WhattsApp del grupo y conocer las rutas por donde se movilizarían. Por la aplicación obtuvieron, además, números de teléfonos y mensajes de audios. Ese día, recuerda Roberto, sus colegas “se sacaban fotos, simulando selfies, pero en vez de subirlas a redes sociales, las mandaban directo a sus jefes y ellos luego a carabineros”.

El trabajo mancomunado entre el municipio y la policía, post 18 de octubre, se hizo cada vez más intenso. Y también más peligroso. Un protocolo elaborado después del estallido social, denominado “Despliegue en Terreno ante Contingencias”, al que accedió El Desconcierto, señala los planes de trabajo ante las “reiteradas manifestaciones y alteración del orden público”.

El documento proponía distribuir los vehículos corporativos y autos civiles del municipio sin correr riesgo en las protestas: Por ejemplo, señala que en el eje Providencia- Tobalaba y en los lugares más conflictivos, como la misma Plaza Italia, sólo podían desplazarse funcionarios en autos sin logo municipal. “La primera instrucción era que ningún carro traspasaba de Salvador al poniente. Y los vehículos civiles podían pasar dependiendo de cómo estuviera la cosa”, complementa Roberto.

Protocolo de Despliegue en Terreno Ante Contingencias by El Desconcierto on Scribd

Marcelo, es el nombre ficticio de un exfuncionario de la Central de Coordinación Operativa (CCO) desvinculado hace un par de meses, partió primero como patrullero, pasó por varios cargos de seguridad y terminó monitoreando las cámaras municipales junto a la policía en pleno estallido social. “Para el 18 de octubre, estuve todo el día pegado a las cámaras, viendo dónde estaba quedando la cagá. Vi la Plaza Italia quemada. No me moví de ahí en tres días seguidos”, recuerda.

Al principio, la labor del equipo de seguridad municipal era perseguir delitos ligados al narcotráfico, a redes de explotación sexual o a los típicos portonazos. “Uno hacía el bien con los vecinos, porque ayudabas a desbaratar bandas y devolvías la tranquilidad a los barrios”, cuenta Marcelo.

El panorama cambió tras el estallido. Ahora el foco estaba en las movilizaciones sociales. La jefa de Seguridad Ciudadana de Providencia, Rocío Brizuela, aseguró en varios medios que los funcionarios con uniformes se habían transformado en un “blanco adicional” –recibieron dos ataques a vehículos corporativos antes del 18 de octubre– y reconoció que trabajaban con personal de civil en las manifestaciones.  “Para evaluar e informar el riesgo de cada situación a modo de filtro”, comentó en El Mercurio.

En la sesión del 17 de diciembre en el Consejo Comunal de Seguridad Pública, la Directora de Fiscalización, María Ivonne Johannsen, reconoció que un grupo de inspectores vestidos de civil, con mucha experiencia en contingencia, estaba haciendo un levantamiento de información en la denominada Zona Cero.

–Como era imposible pasar con vehículos con el logo municipal, porque los atacaban a piedrazos, comenzaron a infiltrar a gente. A varios compañeros les cambiaron en noviembre su anexo contrato– recuerda Marcelo.

Ninguno de estos funcionarios, agrega Roberto, recibió preparación para infiltrarse en marchas. Ni se les dio mascarillas, ni lentes antibalines. “Si ellos van a infiltrarse y les llega un perdigón y pierden un ojo; te quedai si un ojo  no más. El peligro esta todos los días. Pero si tú te pones a discutir eso,  te bajan o te echan, así de simple”. Marcelo, agrega otro punto: “Aquí (en el municipio) le pagan siete gambas a personas que nunca han ganado esa plata.  Por siete gambas son capaces de vender hasta a sus mamás. Por eso se quedan callados".

La  B.I.C.I.P.

El hombre vestía harapos, escarbaba en la basura y era, a todas luces, lo que parecía ser: uno de los tantos vagabundos que merodean todos los días por Providencia. Eso al menos creyó una pareja de patrulleros que estaba conversando al lado del sujeto.

­–Salgan de aquí, no molesten– les dijo el indigente.

Al reconocer la voz, los funcionarios de seguridad se dieron cuenta que se trataba de un colega que también trabajaba en el municipio. La anécdota, relatada por Roberto, no era una práctica aislada. La caracterización, típica de los agentes policiales encubiertos, era un mecanismo utilizado regularmente por los miembros de la B.I.C.I.P. –la Brigada de Investigación Civil de Providencia–, una unidad de seguridad  encargada del levantamiento de información que se instaló después del arribo de Evelyn Matthei a fines del año 2016.

Desde el municipio aseguraron a El Desconcierto que no se trataba de un nombre formal, sino de una denominación interna, pese a que este medio comprobó que la sigla aparecía en varios informes de seguridad denominados “Servicios de Intervención”. En uno de ellos, tras el allanamiento a un “after” en marzo del año 2017, se concluye que se lograron grandes resultados “mediante un arduo trabajo de inteligencia, tanto policial como municipal”.

Roberto no sólo estuvo en el operativo, sino que reconoce que visitó varias veces el local, levantando información relevante sobre la ubicación de las cajas, los baños y características de la propiedad. “Fuimos varias veces a carretear, nos infiltramos como si fuéramos unos clientes más, pasamos varios fines de semana en eso”, recuerda.

Servicio de Intervención en Puntos Específicos de La Comuna by El Desconcierto on Scribd

No fue el único trabajo de esas características que ejecutó. El exfuncionario, que también trabajó en la  B.I.C.I.P. durante un periodo, reconoce haber realizado seguimientos a un narcotraficante que operaba en calle Holanda.

–Lo teníamos identificado por cámaras y lo seguimos hasta su casa en La Florida, estuvimos afuera todo el día y observamos el movimiento de toda la familia. A veces íbamos en nuestros autos y otras veces usábamos los vehículos civiles del municipio. Un Yaris, un furgón blanco o un Citroen C4. Cuando salíamos de la comuna lo hacíamos sin chalecos antibalas por si nos fiscalizaba carabineros– explica.

La información terminaba en sendos informes que eran entregados al jefe operativo de seguridad, Javier Aravena, que había llegado al municipio proveniente de Lo Barnechea, el antiguo feudo del actual intendente Felipe Guevara; y a la Directora de Seguridad Ciudadana, Rocío Brizuela.

La llegada de una nueva administración, con una marcada agenda de seguridad, inspirada en el modelo de Tolerancia Cero en Nueva York, generó en un comienzo altas expectativas entre los funcionarios. Matthei buscaba reducir los índices de delincuencia y traía un plan para cumplir sus objetivos:  crear una corporación de derecho privado sin fines de lucro, administrada por tres comunas, para una gestión más expedita en el manejo de los recursos, bypaseando la institucionalidad pública.

En mayo de 2017 las comunas de Estación Central, Santiago y Providencia, todas en manos de alcaldes UDI, firmaron el convenio que creó la Asociación de Municipalidades para la Seguridad Ciudadana. La prensa los bautizó como la Liga Antidelincuencia.

Los servicios de seguridad municipal terminaron externalizados y los funcionarios pasaron a ser empleados de la asociación. Algunos concejales alegaron que se habían quedado sin atribuciones para fiscalizar y sin posibilidades de control sobre los recursos. Felipe Zavala, concejal de Estación Central, comentó en la prensa que la seguridad le correspondía al municipio y que era contrario a establecer policías comunales.

Providencia en el año 2018 gastó, sólo en seguridad, la friolera de  casi 5 mil millones de pesos, un 281% más que el año anterior. El año 2019, la cifra se elevó a casi 6 mil millones de pesos. A la Corporación llegaron a trabajar excarabineros, expdi, un expolicía venezolano y un número importante de “cabezas de pistola”. Roberto asegura que en estos trabajos siempre hay gente con las facultades mentales perturbadas.

–Hay weones pasados a películas. Una vez un gallo de la civil se bajó a fiscalizar a unos tipos con una pistola. Lo vimos por una cámara. Menos mal que no pasó nada más–agrega.

Roberto recuerda haber participado en varias investigaciones, como en la Operación Caballo de Troya, donde se disfrazaron de barrenderos, con cámaras ubicadas debajo de los depósitos de basura, y desbarataron junto a carabineros una banda de narcotraficantes que vendían drogas en el skate park del Parque Bustamante.

-Nosotros hacíamos la pega, pero los aplausos se los llevaban ellos- dice, aludiendo a las apariciones en televisión.

Otra vez, caracterizado de fotógrafo, Roberto registró una marcha de alumnas del Liceo Carmela Carvajal durante las movilizaciones estudiantiles. Recuerda que las mismas escolares le pedían fotos y que el material después lo descargaba y se lo entregaba a sus jefes.

No sólo trabajaban recolectando información hacia el exterior, algunos miembros de la unidad eran mandados a espiar a sus propios compañeros de trabajo.
–Como había rotación de personal, a veces mandaban a un colega a tratar de arreglar secciones para evitar que los cabros se revolucionaran y formaran un sindicato. Es del terror el tema– dice.

Después de la denuncia de Evelyn Quezada, luego de ser obligada a infiltrase en la Primera Línea, Roberto y Marcelo decidieron entregar su testimonio. Ninguno de los tres trabaja ahora en el municipio. Están técnicamente cesantes y  todos coinciden que Evelyn Matthei estaba al tanto de lo que sucedía en materia de seguridad. Igual que la otra Evelyn que mañana acudirá a los tribunales del trabajo por la demanda que entabló en los tribunales laborales. Dice que falta poco para que se sepa toda la verdad.

–Falta muy poco–, vuelve a repetir.