Hace apenas un año y medio, Rodrigo Mundaca recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos que entrega la ciudad de Núremberg, en Alemania, uno de los reconocimientos más importantes a nivel global. Pero, para la inteligencia policial chilena, es un sujeto de interés. O, eventualmente, un sospechoso.

El ingeniero agrónomo y dirigente social ha luchado durante años por el derecho al agua. Perteneciente al Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima), ha llevado colectivamente la lucha medioambiental de Petorca, una zona de la región de Valparaíso especialmente escasa de agua para el consumo humano.

Así, ha denunciado las prácticas de aquellos que usurpan el recurso y dejan sin acceso a familias completas, apuntando a los especuladores de acciones de agua y a los grandes agricultores. Incluso, ha llegado a recibir amenazas de muerte.

Pero estas no han sido sus únicas preocupaciones, a raíz de un hackeo masivo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar), a fines de 2019, se reveló que la institución policial mantenía un seguimiento a las actividades de Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores; José Pérez, presidente de la Asociación de Empleados Fiscales (ANEF); y el propio Mundaca.

Ante esto, los senadores Andrés Navarro (PRO) y Yasna Provoste (DC) presentaron un recurso de amparo en favor de los dirigentes. Sin embargo, la acción judicial fue rechazada por la Corte de Apelaciones y, el pasado lunes, la Corte Suprema confirmó la sentencia argumentando que toda la información reunida por Carabineros provenía de fuentes de acceso público, por lo que no se habrían visto vulnerados los derechos de los afectados.

A pocos días de esta la resolución, Mundaca conversó con El Desconcierto:

¿Qué le parece el fallo que confirma la decisión de primera instancia?

-Es una vergüenza. Es la confirmación de cómo la Corte Suprema le confiere mayores facultades y atribuciones a una policía militarizada y que es la responsable de la violación sistemática de los derechos humanos. Ahí están los más de 400 casos de daños oculares, como el caso de Gustavo Gatica o Fabiola Campillay. Es un fallo que deja a los dirigentes sociales al libre albedrío, desprotegidos por completo y sujetos a la acción matonesca no solo de la policía, sino que del sicariato, que hoy día existe en el país.

El fallo apunta a que Carabineros procesaba información relacionada con actividades que pudiesen afectar el orden y la seguridad pública. ¿Cuál es el peligro al orden público que puede generar un dirigente social?

-Es escandaloso que a los dirigentes sociales que luchamos a cara descubierta, nos tipifiquen y consideren enemigos del Estado. Hoy la pregunta que habría que hacerse es ¿desde cuándo nos están espiando? ¿Por qué somos blancos de interés de la inteligencia policial? Nuestra explicación es simple y sencilla, es porque nuestras batallas comunitarias y territoriales lo que hacen es fracturar las bases de la desigualdad y estas bases tienen que ver precisamente con la apropiación del agua y de la tierra.

La sentencia argumenta que la información fue recopilada desde fuentes abiertas. ¿Puede haber hostigamiento o espionaje si los datos son públicos?

-Hay abogados que han señalado que para que esto ocurra tiene que haber una autorización de algún juez. Creo que los argumentos son bastante banales y en la práctica lo que hacen es consagrar la impunidad, lo que atenta contra derechos fundamentales, como el derecho a la protesta social, a organizarnos o a la libertad de expresión. Además, se está dando una señal al país que se inscribe en otras políticas recientes, me refiero a la ley antisaqueo o la ley de protección de infraestructura crítica, permitiendo la posibilidad de sacar a los militares a la calle. Ellos dicen que la información que recopilan es de fuentes abiertas, pero evidentemente también reúnen datos de fuentes cerradas. Lo sabemos.

En la resolución se hace referencia a que la información era entregada a Altos Mandos Superiores de la conducción del Estado. ¿Qué intereses podrían tener estas autoridades con dirigentes como ustedes?

-Es curioso aquello. Nuestros argumentos, que están ampliamente extendidos y desarrollados por distintos actores sociales en el país, “atentan” contra los intereses de los ricos. El origen de la fortuna de Luksic, de Angelini, de Matte, del ministro de Agricultura Walker Prieto, tienen que ver con la apropiación del agua. Por tanto, cuando esta información se entrega a los altos mandos dice relación con que la batalla que hemos librado es peligrosa para los poderosos. Después de muchos años logramos instalar en el imaginario colectivo nacional la necesidad de recuperar el agua y ellos se intentan proteger de forma brutal, intentando invisibilizarnos, silenciarnos y dejarnos completamente desprotegidos, al arbitrio del fascismo.

En este mismo sentido, El Desconcierto reveló la denuncia sobre la presencia de funcionarios de la Municipalidad de Providencia que fueron infiltrados en las protestas de los últimos meses, ¿cree que es parte de una práctica generalizada?

-Los niveles de infiltración que existe hoy en día en las calles tiene que ver con las prácticas que desarrolla el Estado policial en Chile. El hecho de que haya funcionarios infiltrados en la Primera Línea da cuenta de que hay un interés particular de los sectores acomodados por saber qué está haciendo el movimiento social en las calles, con la finalidad de criminalizar, perseguir y censurar. Existe una necesidad de inhibir el avance de los movimientos sociales, porque desde el estallido del 18 de octubre de 2019 no han podido sacar al pueblo pobre y sencillo de las calles. El hecho de que la alcaldesa de Providencia desarrolle este tipo de prácticas da cuenta de conductas que parecían desterradas, pero que están plenamente vigentes en todos los territorios y comunidades.

Hubo antecedentes entregados por la Dipolcar a los cuales ustedes no tuvieron acceso. ¿Cree que se vio afectado su derecho a defensa?

-El proceso de primera instancia, en la Corte de Apelaciones, estuvo marcado por tres elementos: Prohibir a nuestros abogados el acceso a los informes de inteligencia; señalar que es un caso que involucra la seguridad interior del Estado; y prohibir informar a la opinión pública. Es decir, desde una perspectiva ética, en Chile la justicia es la voluntad de la clase dominante. En la práctica hay una justicia para los ricos y otra para los pobres, entonces, lo que hace hoy es una vez más ponerse al servicio de los poderosos y no acoge nuestras demandas, que son del todo legítimas.

¿Planean acudir a instancias internacionales?

-Así es, estamos en eso, ya hemos enviado todos los antecedentes a los organismos que son pertinentes y vamos a esperar el procedimiento que nos indiquen. Pero, también, cuando estuvo la misión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos juntamos con Soledad García, relatora especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), a la que le comentamos los efectos de la privatización del agua, como la migración ambiental forzada. Además, conversamos con Baltasar Garzón y su opinión fue categórica, no es posible que en Chile se violen sistemáticamente derechos tan esenciales como el del agua. Vamos a llegar hasta el final para terminar con este modelo.