La inminente nueva Constitución que, en principio, debería ser aprobada marcaría el fin de la Transición a la Democracia. Implicaría dejar atrás el proyecto de nación pinochetista trazado por la dictadura y sus férreos aliados y  las secuelas escritas en ese texto jurídico que se fundó de la expansión de la propiedad privada.

Terminar entonces con ese documento de 1980, porta un impresionante valor simbólico y cada una de las iniciativas que apunten a una asamblea constituyente para promover su fin son necesarias y, más aún, urgentes.

Sin embargo, me parece necesario señalar algunos aspectos en relación con este momento. Han pasado décadas en las que se buscó el cambio de la Constitución. Nunca fue posible. Para sostener la precaria democracia que hemos tenido,  fue necesario modificarla parcialmente debido a sus extremos cerrojos autoritarios.

Desde otro lugar, el estallido o revuelta, entre otros nombres posibles, para indicar el 18 de octubre, la más importante del siglo XXI, no surgió por una nueva Constitución, se manifestó de manera masiva, desde diversas formas, apelando al cambio del modelo neoliberal, gestor de una enorme desigualdad que legitimó prolongados abusos y segregación sobre la población.

Porque esta revuelta porta un  elemento central, ausente de referentes en la historia política chilena: carece de una dirigencia. No depende de partidos políticos (sumidos en un inmutable desprestigio) o de líderes poderosos, porque esta revuelta es, como diría Deleuze, rizomática, inesperada, ya larvaria, ya frontal.

El Gobierno de derecha no iba a cambiar su proyecto ultra neoliberal y en ese sentido, para ganar tiempo, para sostenerse, se sumó, de manera sorprendente, a un recurso de último minuto esperando detener la revuelta: Un plebiscito para una  nueva Constitución.

Lo llamaron “Acuerdo por la Paz”, pero ¿para quién especialmente? Pienso que para el gobierno que había cometido graves errores que desataron ataques a la población civil que dejaban muertos, heridos de gravedad, presos, hechos que en su conjunto, fueron denunciados por los diversos representantes de organizaciones de derechos Humanos.

La gran mayoría del Congreso firmó el acuerdo  y está la foto en donde sus protagonistas se sentaron a la mesa esperando “pasar a la historia”. Solo que la protesta -la que sigue y se proyecta-  no fue aplacada por el anuncio de una nueva Constitución. No lo fue porque la protesta civil pide lo que hasta ahora resulta imposible para la derecha y parte importante de la oposición: el cambio del modelo económico.

Ahora el país se “constitucionalizó”. Hay que entender que prácticamente todos los partidos de derecha que firmaron por una nueva Constitución están por rechazarla. Recordar también que el “progresista”  presidente de RN, Mario Desbordes, estampó su firma con tinta verde en “honor” a carabineros, que este mismo “progresista”  (partidario del “apruebo”) fue aplaudido de pie por su partido que votará mayoritariamente por “rechazo”. Y eso es, por decir lo menos, extraño.

La derecha, desde mi perspectiva, sigue haciendo tiempo. Y en este tiempo, hemos visto desplomarse el Congreso y el conjunto de los partidos políticos de centro, de izquierda y aún del Frente Amplio (una caída sin precedentes) partidos de oposición que, en teoría, debían estar al lado de la ciudadanía y sus demandas y frenando los atropellos de la policía. Hoy el Senador José Miguel Insulza y su actitud política asombrosa: un estadista de la nada, se ha convertido en el niño-símbolo de la autodestrucción del Partido Socialista.

Pero el movimiento modificó las ciudades. Ahora son otras. Inéditas. Sí, es interesante ver a lo largo del país bancos, farmacias y compañías camufladas. Sitios claves de ganancias extremas parapetados detrás de sus metales. Las paredes plenas de escrituras. Desde luego existe una incertidumbre. Pero la prolongada sumisión cambió y esto sí pasará a la historia.