La sentencia de fines de enero del Segundo Tribunal Ambiental confirma lo que las comunidades por la defensa del río Pilmaiken venimos señalando hace años: que la resolución que interpretó el permiso ambiental de la Central Hidroeléctrica Osorno, validando que sea una empresa (Statkraft) la que deba implementar un proceso de consulta con solo tres comunidades con personería jurídica, es un acto ilegal y arbitrario.

El fallo viene a ratificar que el SEA (Servicio de Evaluación medioambiental) desde un principio actuó de manera racista, negando la existencia de las comunidades que estamos en resistencia y que llevamos la lucha hace más de diez años por la defensa del Gnen Mapu Kintuante.

El SEA violentó nuestro derecho como pueblo originario, como pueblo mapuche preexistente a los estados, siendo ratificado en Chile el convenio 169, el cual pasaron por alto, como también que existimos autoridades tradicionales en el territorio, comunidades de hecho e incluso comunidades jurídicas dentro del área de impacto de la evaluación ambiental.

Esto tanto desde el inicio del proyecto de la central hidroeléctrica Osorno como de la central hidroeléctrica Los Lagos. Ambos proyectos, separados por apenas tres kilómetros y que durante mucho tiempo pensamos que eran el mismo proyecto, fueron evaluados ambientalmente en un período en que la legislación ambiental era muy débil. Todo estuvo enfocado a su aprobación. No hubo consulta libre, previa e informada.

El SEA y la Conadi se ha prestado a favor de Statkraft. La empresa va a la Conadi, le dice quiero armar una comunidad, quiero que este sea el lonko, y todo se hace así. Cuando la Conadi debiera velar por la aplicación de la ley indígena, del convenio 169.

Los instrumentos que el Estado pone a disposición para fiscalizar este tipo de proyectos no son neutrales, juegan a favor de las empresas. Nosotros no podemos dejar en manos de ellos algo que por derecho propio nos corresponde defender.

Statkraft compró un proyecto que estaba viciado, y al igual que Pilmaiken S.A. ha seguido con las prácticas de extorsión permanente al interior de las comunidades, de vulneración de derechos humanos. Nunca han actuado de buena fe.

La empresa noruega levantó autoridades falsas, dividió todo el tejido social de las comunidades y utilizó nuestro sitio ceremonial como moneda de cambio; se la ofrecía a gente que tiene precio, a dirigentes funcionales a la empresa y el Estado.

Statkfraft trata de limpiarse las manos, de limpiar su imagen. Pretende desligarse de Pilmaiquén S.A. pero son la misma empresa. Eso se puede ver incluso en su página web. Han comprado espacios radiales, los medios de comunicación masivos están todos en pos del limpiado de su imagen, y reproducen comunicados de prensa diciendo que no se va afectar las comunidades, que hay conversaciones. Pero esas conversaciones son con tres comunidades.

Incluso han levantado actas falsas, donde tenemos testimonios diciendo que Statkraft tuvo que falsificar firmas de gente que ni siquiera estaba viva. Están cayendo en la desesperación para tratar de construir su proyecto a toda costa. Y ahí es donde entra todo el aparataje del Estado para criminalizarnos. Porque no hay que olvidarse que nosotros estuvimos detenidos, estuvimos con un proceso judicial de más de dos años.

A mí, por ejemplo, no me reconocían como machi en las noticias. El alcalde y el intendente hablaban de gente terrorista. Los que tienen el poder político en la zona, que son herederos de los colonizadores, de los grandes latifundistas, que defienden los intereses de las mismas empresas, nos denigraron de manera horrible. Y al igual que la empresa utilizaron esta misma gente como testigos encubiertos, o para que nos amenacen en los caminos. E incluso fueron a destruir una casa que estaba dentro del territorio del Gnen. 

Este fallo, que dicta que el SEA se equivocó y nos negó sistemáticamente -como todas las empresas extractivistas al instalarse en los territorios-, lo tomamos como una pequeña victoria que viene a levantar la justeza de nuestra palabra, la justeza de nuestra acción.

Cuando todo inició nos decían que estaba aprobado, y de hecho estaba todo aprobado, pero esto nos da una enseñanza, que con la reconstrucción territorial, con el control territorial, con la movilización, se puede instalar una propuesta efectiva y que también está siendo respetada.

Es hora de que estas empresas se retiren del territorio. En diez años no han movido una sola piedra, no han podido meter una máquina y no han podido llegar a un acuerdo con las comunidades.

Pensaron que nosotros nos íbamos a cansar. Que nos íbamos a vender. Porque también hemos tenido ofertas por partes de Statkraft. Pero nunca hemos transado ni vamos a transar. No estamos en diálogo con ellos, porque siguen con la misma actitud de cuando llegaron a colonizar los españoles. Creen que somos indios idiotas, y que no pensamos y que no valemos nada.

Desde hace diez años nos hemos dedicado a sembrar la reconstrucción de nuestro territorio, un territorio que ha sido colonizado mentalmente y en la práctica ha sido robado, saqueado. Vivimos en reducciones, tenemos muchas cosas adversas, pero la gente está retomando lo que es el mapuche rakiduam, lo que es el mapuche moien. La gente está revitalizada con el mismo Gnen Mapu Kintuante porque al momento de defenderlo él nos entrega conocimiento, nos entrega sabiduría, bienestar, todo lo que tiene que estar en equilibrio para que estemos bien.

Y no olvidar que nuestro territorio está militarizado. Los pacos duermen abrazados a las máquinas. Hace unos días llegó un nuevo contingente con cuarenta pacos más, además de los dos containers con pacos que hace rato ya están en el territorio. Es demasiado.

Estas comunidades antiguamente estaban en la reconstrucción de su identidad, de su cultura, de las tradiciones. Y ellos llegan con toda esta violencia. Hemos tenido que pasar allanamientos, persecución y cualquier cosa esperamos con todo lo que está sucediendo. Han aplicado drones, esa tecnología antes no la habíamos visto. El Estado ha financiado todo este hostigamiento, toda esta persecución. 

En la actualidad a la policía ni siquiera se la puede identificar. No andan con uniforme. Anda gente de civil y de la Agencia Nacional de Inteligencia. Hay informes que hace poco se han desclasificado de seguimiento permanente a dirigentes del territorio. Tenemos cinco causas judiciales nuevas. Esa es la política de Estado.

Un Estado que además pasa por arriba nuestro patrimonio cultural, porque continúan los hallazgos de restos arqueológicos en las zonas donde la empresa ya comenzó a construir los caminos.

¿Y dónde están esos restos?

La empresa los sacó del territorio y no sabemos a dónde los llevó. Incluso negó su existencia y luego de nuestra denuncia tuvo que reconocer que había encontrado restos. La empresa dice que los restos no son relevantes, pero son los que demuestran la ocupación histórica de esas tierras. Son de los mismos lof que actualmente existen en la ribera del río Pilmaiquén y que fueron desplazados por el estado chileno.

Antes de que se empiecen a hacer los caminos, advertimos que ese territorio era sagrado. No es por una porfía ni por ser cargantes que el río Pilmaiken es un territorio sagrado.

Los abuelos siempre nos contaron que en ese lugar, para el tiempo del año nuevo mapuche, para el wenoy tripantu, cuando todo se renueva, esa tierra arde. Y arde porque según los abuelos hay gases que cuidan los entierros de los antiguos. Esos días es todo puro, y todo se limpia, y entonces esos gases salen de la tierra. Eso siempre lo hemos sabido. Cuando quisimos hacer la defensa, tuvimos que contar eso a los abogados, y no es algo que nos sorprende que se estén sacando cántaros y otros restos arqueológicos.

Es algo que siempre de nuestra historia lo hemos sabido. Sabemos también que se van a encontrar más restos, porque hay cementerios en nuestro territorio. Y no queremos esperar hasta que saquen los huesos para que recién validen nuestra palabra.